La participación de las personas y organizaciones sexo-género diversas busca que la población LGBTIQ+ sea reconocida en los procesos de cambio que transitan en el país.
El día de la posesión del presidente Petro y la vicepresidenta Francia, la presencia de banderas arcoíris y trans en la plaza de Bolívar, así como las escenas de la marcha del orgullo en Bogotá mientras se entonaban las notas del himno nacional, era la constatación de que no solo Colombia asumió un nuevo proyecto político sino que, además, siendo partidarios o no de quienes llegaban a la casa de Nariño, las personas LGBTIQ+ exigían que el pensar este país, necesariamente, fuera con ellas. De esa manera, pasar de la invisibilidad a la acción colectiva que no solo les nombra, sino que también crean rutas para superar el déficit de derechos y garantizar su ciudadanía plena.
Es importante dejar claro que dicha acción de incidencia política no llegó con este gobierno; desde la década de los 90, con el proceso “Planeta Paz”, el movimiento social ha venido tomando forma, con mayor énfasis en la construcción de paz en diversos territorios y con agendas desde las más técnicas para hacer litigio, hasta las más espontáneas para transformar entornos sociales y culturales que, en este momento, con la madurez propia del proceso, transitan a la incidencia política. Acción que toca tanto el gobierno nacional como en este momento, como las autoridades locales y territoriales, donde, desde experiencias distintas y aprendizajes diversos, se van poniendo sobre la mesa las exigencias que deben implementarse para desmontar la estructura prejuiciosa de Colombia que hace posible la violencia sistemática contra las personas LGBTIQ+.
En el particular que nos ocupa, podríamos decir que en la ejecución del gobierno anterior, en cabeza de Iván Duque, los liderazgos LGBTIQ+ comenzaron a constatar cómo los pocos avances que teníamos en Colombia, logrados en los gobiernos de Juan Manuel Santos, empezaban a caer en la inestabilidad y, si bien el gobierno anterior nunca atacó directamente a las personas sexo-genero diversas, ni enarboló discursos homofóbicos y transfóbicos, sí paralizó todas las acciones que el ejecutivo tenía para garantizar la vida digna de las personas LGBTIQ+. Las mencionadas, estaban contenidas en dos grandes pilares: la implementación de la política pública nacional, que fue aprobada al final del gobierno Santos, pasando al gobierno Duque la tarea de hacerle plan de acción, ejercicio que jamás hizo y, por tanto, no se implementó en sus cuatro años. De otro lado está la Mesa de Casos Urgentes, instancia interinstitucional conformada por varias dependencias del Estado para prevenir y analizar violencias motivadas por orientación sexual, identidad o expresión de género diversas, que se encontró en ese cuatreño no más de tres veces, sin activar ningún plan de trabajo conforme a su misionalidad. El resultado fue: incremento de casos de violencia (los mal altos en toda la historia del país) y la pérdida de acciones afirmativas, como la directiva 010 de la Policía Nacional, el registro pormenorizado de información de parte de Medicina Legal, la aplicación del poder preferente de parte de la Procuraduría o la figura de fiscales destacados de la Fiscalía General de la Nación.
Esta ausencia de compromiso volcó al movimiento LGBTIQ+ en acciones colectivas, documentos y campañas de incidencia durante el año 2022 a pedir a todas las candidaturas asumir compromisos concretos con la garantía de sus derechos y ello nos condujo a tener la primera campaña presidencial en toda la historia, donde no solamente no se atacó la agenda sexo-genero diversa (con excepción de que al inicio de la campaña el candidato Gutiérrez quiso cuestionar el matrimonio igualitario, pero luego corrigió), sino que las cuatro campañas más significativas asumieron compromisos concretos con estas agendas. Incluso, como ya tenían experiencia de gobierno, pues todos eran exalcaldes, en su gestión local ya habían realizado acciones en reconocimiento de la diversidad sexual y de género, claro está, en diversos niveles y con diferentes resultados. Al final, el triunfo de Petro y Francia, cuyo Programa de Gobierno era el que más compromisos tenía con la agenda LGBTIQ+, la misma noche de su triunfo, recibió la exigibilidad de la ciudadanía de acoger el mandato ciudadano y transformarlo en el Plan de Desarrollo.
Precisamente, el inicio de la discusión participativa y territorial del Plan de Desarrollo que propusieron bajo el lema ‘Colombia, potencia mundial de la vida’ contó, por primera vez desde que existe esta herramienta participativa, con mesas de discusión exclusivas para las personas LGBTIQ+ en diferentes regiones, se recogieron propuestas y se habilitaron otros canales para que se manifestaran las necesidades. Como resultado de esto se logró, como viene pasando desde el 2014 pero ahora como más autonomía y vida propia, incluir en las líneas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) un capítulo sobre las necesidades de las personas LGBTIQ+. Además, por primera vez en toda la historia del país, en articulado del PND se crean acciones concretas con presupuesto destinado para avanzar en este cuatrenio: de un lado, se crea un sistema de información y seguimiento por todas las entidades del Estado para construir un órgano rector, con indicadores y presupuesto que prevenga las prácticas violentas y mejore las condiciones de vida de las personas sexo-genero diversas. De otro lado, se hace un llamado especial como acción afirmativa a generar espacios de trabajo para las personas trans, las más vulnerables de todo el grupo poblacional. El mencionado Plan, cuando escribo esta reflexión, se encuentra en proceso de aprobación.
Al mismo tiempo, cumpliendo su promesa de campaña, este gobierno dio inicio a una serie de reformas estructurales para el país, que tiene razón de ser en su política de cambio; todas hoy en discusión con altos niveles de polémica y polarización social, pero que también han tenido el concurso de las personas LGBTIQ+ de un lado porque el movimiento se ha organizado y ha enviado propuestas juiciosas a cada uno de estos articulados. De otro lado, porque en el programa de gobierno ya se avizoraba que eran reformas necesarias para romper el clasismo y el neoliberalismo que ha enriquecido a unos pocos y se ha olvidados de extensos sectores sociales, entre ellos, de las personas que en este país históricamente se han marginado por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Estas propuestas, hasta donde van hoy los proyectos de ley, podemos verlas así: 1. En materia de la reforma a la salud, poner la atención en la prevención, más que en la curación y mejorar los niveles de aseguramiento con enfoque de derechos, indicando protocolos diferenciales, permitirán que se echen abajo barreras que han sufrido sobre todo las personas trans y quienes viven con VIH. Además, asumir los derechos sexuales y reproductivos con enfoque interseccional, eliminará limitaciones morales que soportaban muchas mujeres lesbianas y bisexuales a la hora de exigir una atención; 2. En materia de la reforma a la justicia, la humanización de los prestadores de los servicios, que han reproducido históricamente prejuicios hacia las personas LGBTIQ+, trasladándolas de víctimas a victimarios, y la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad en perspectiva de derechos humanos, saldará una deuda histórica de las condiciones infrahumanas que viven muchas personas de esta población privadas de la libertad; 3. En lo que se refiere a la reforma política, la proxima a presentarse debe contener exigibilidad que los partidos políticos y los procesos electorales garanticen la participan de las personas sexo-género diversas y que cuenten con garantías, bajo la lógica de la equidad de acceder a recursos y a posiciones dentro de los listados, a que sus demandas hagan parte de las acciones programáticas de partidos y que no se legisle, ni promuevan acuerdos u ordenanzas que estén en contravía de los derechos, puede permitir que todo el capital social acumulado por décadas en la acción colectiva por parte del movimiento social se traduzca en participan en los escenarios democráticos; 4. Siguiendo la reforma laboral, buscar escenarios como acción afirmativa, para garantizar formación para el trabajo y trabajo a las personas trans, prohibir cualquier expresión de exclusión o discriminación en los ambientes laborales motivada por la diversidad sexual o de género y formar espacios laborales garantes de derechos, podría permitir que por fin en Colombia que el trabajo sea un derecho pensado para las personas LGBTIQ+.
Serán meses claves para discutir, conciliar y aprobar la reforma. Esperamos que, entre lo que se sacrifique, no ocurra, como ha pasado en otros momentos, que se sacrifica lo LGBTIQ+, haciendo de los derechos de este grupo poblacional la moneda de cambio. En ello debe estar muy atento el movimiento social. Luego de lograr las reformas, estar vigilantes a su implementación y sostenimiento que, en últimas, su nivel de éxito solo se conocerá cuando, en la vida cotidiana, a lo largo y ancho del país, accediendo a los servicios creados para garantizar los derechos, las personas sexo-género diversas experimenten que sus vidas pueden ser vividas porque el sistema de salud les atiene con enfoques diferenciales, los espacios políticos les permiten participar, la justicia repara los daños estructurales a los que se les ha sometido y pueden acceder al trabajo decente y en condiciones de dignidad.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo