Perspectivas desde Caribe Afirmativo sobre territorios de trabajo[1].
- En Colombia se está presentando un significativo aumento de homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, entre otras violaciones de derechos humanos contra defensores y defensoras de derechos humanos LGBTI. Al respecto, las situaciones de riesgos y los casos documentados refieren a un entorno muy particular en donde las violencias se exacerban en razón de la orientación sexual, expresión de género y/o la identidad de género, de modo que las violencias van dirigidas a exterminar a la diferencia y a sus “promotores”.
- Se tiene que en el 2017 se registraron 60 amenazas contra personas LGBT, 11 más que las registradas en 2016. Asimismo se registró un aumento sin precedentes de las amenazas contra personas LGBT defensoras de derechos humanos y sus organizaciones: pasaron de 5 hechos en 2016 a 26 hechos en 2017[2]. Dicho esto, vale agregar que se estima un alto índice de subregistro tomando en cuenta las ausencias de denuncias motivadas por el medio a sufrir retaliaciones, la poca credibilidad en las instituciones del Estado y la minimización que autoridades públicas hacen sobre estas acciones.
“Yo me fui a denunciar porque me tenían amenazada por la muerte de mi hijo, porque la fiscalía estaba buscando, pero cuando fui me dijeron que eso no era nada, yo peleé y me quedé hasta que me tomaron la denuncia”. (Madre de mujer trans asesinada, Ciénaga, 2018).
“Uno aquí no denuncia, si aquí todos los días pasa algo…matan, amenazan, de todo, la gente ya se acostumbró”. (Líder LGBTI de Tumaco, 2017).
- Además, es preciso resaltar que la mayoría de investigaciones por parte de las autoridades no son conclusivas, habida cuenta de los altos índices de impunidad en el país[3]. Sin embargo, el relato de víctimas LGBTI defensoras de los derechos humanos señala como perpetradores a personas asociadas al conflicto armado colombiano y a grupos de reconformación paramilitar y bandas criminales. Los casos más significativos se encuentran en el departamento de Córdoba, el municipio de Tumaco (Nariño) y Caucasia donde recientemente ha habido una fuerte ola de asesinatos de personas LGBTI.
- Caucasia ha venido a ser uno de los escenarios de mayor violencia registrada contra personas LGBTI, sumando 6 homicidios y una tentativa de homicidio en menos de 6 meses (entre noviembre del 2018 y mayo de 2019) cometidos en contra de: 1 hombre gay, 3 mujeres trans, 2 mujeres lesbianas (una pareja asesinadas en un periodo de 2 meses,). A esto se suman antecedentes reportados por la población de tres homicidios selectivos contra personas LGBTI cometidos en tres días seguidos en el 2014.
- Estos hechos han provocado el desplazamiento de varias personas LGBTI, y un reporte de alta presencia de actores armados siguiendo los informes de alertas temprana emitido por la Defensoría Regional del Pueblo, Antioquia. Las percepciones frente al contexto de Caucasia por parte de líderes y lideresas locales LGBT advierten sentir una gran inseguridad, y una disputa territorial principalmente entre Clan del Golfo con el cartel de Sinaloa, el ELN y los Taparafos. Bajo este escenario, líderes y lideresas beneficiarias de las acciones de Caribe Afirmativo en el territorio han sido desplazadas del municipio y otras han decidido irse dada la situación de orden público en el territorio. Entre los y las beneficiarias de las actividades que venía haciendo Caribe Afirmativo, el intento de homicidio de una mujer trans llamada Leidy (también conocida como La Pipo) ocurrido en enero del 2018, meses después que asesinasen a su amiga Angelina otra mujer trans que participaba de las jornadas de formación de Caribe Afirmativo. Dicho esto, en el caso de Leidy, ella hacía parte de un liderazgo de base apenas incipiente en el que se encontraban en proceso de constituirse como organización de la sociedad civil referente de los derechos humanos en el municipio, pero que tras sobrevivir al atentado se desplazó hacia otra ciudad del país.
- En Córdoba, destacan casos puntuales como el de Luna Y. Borja, una mujer trans, defensora de derechos humanos y representante legal de la Fundación Montería Diversa (también beneficiaria de las jornadas de formación y servicios de acompañamiento jurídico de Caribe Afirmativo), quien durante finales del 2016 y en el curso del 2017 sufrió un ciclo de llamadas y amenazas panfletarias, que le condujo a recibir ciertos insumos de protección por parte de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) -entre ellas, chaleco antibalas y un “botón de emergencia” para contactar de forma inmediata a las autoridades-. Sin embargo, finalizando el mes de agosto, recibió un panfleto por primera vez debajo de la puerta de su casa en el que decía:
“HAS TENIDO VARIAS ADVERTENCIAS Y NO HAS HECHO CASO A LO QUE TE VENIMOS DICIENDO MARICONA SABEMOS NUEVAMENTE COMO LLEGAR A TI OJO OJO PUES VETE DE AQUÍ YA TE HEMOS DICHO O SINO MANDAREMOS A TU CASA Y LLENAREMOS DE PLOMO MARICA HIJUEPUTA SE NOS FUE LA OTRA QUE DECÍA SER DEFENSORAS DE LOS MARICAS PERO A TI SI TE MATAREMOS SI NO TE VAS TE DAMOS 24 HORAS LARGATE NO TE QUEREMOS VER MÁS POR ESTOS LADOS”. Firma, Urabeños Unidos Por Colombia –UUPC-. (Mayúsculas en el texto).
- Pocos días después, miembros del grupo armado UUPC llegaron a la casa de Luna equipados con armas de fuego amenazando con disparar a través de la puerta y de asesinarle en caso de no irse de la ciudad. Inmediatamente, Luna hizo uso varias veces del “botón de emergencia” sin recibir nunca apoyo, hasta que se vio obligada a poner de conocimiento lo sufrido a la Policía, UNP y algunos funcionarios de la Alcaldía. La magnitud del caso provocó la intervención de la Alcaldía, que programó una reunión de seguridad especialmente para tomar acciones sobre la situación de Luna, al mismo tiempo, se acudió a vías judiciales y administrativas para procurar la seguridad personal de Luna. Sin embargo, la vía judicial denegó las pretensiones basándose en la “falta de pruebas” tras no demostrarse que los sujetos armados habían ido a casa de Luna, y la vía administrativa agotada ante la UNP, además de haber sido también negativa, tardó hasta final del año 2017 fecha en la cual Luna ya se había desplazado por su propia cuenta hacia otra ciudad.
- El caso de Luna muestra muchas de las fallas y deficiencias de los servicios actuales de protección, de un lado, la vía administrativa –UNP- señalan la desconfianza y las reservas con la que las autoridades perciben la vulnerabilidad y los riesgos de las personas LGBTI frente al sistema de protección; por otra parte, la vía política –autoridades locales y alcaldía- aunque pueda aunar esfuerzos para apoyar el caso esta se ve limitada a los asuntos que forman parte de su competencia por lo que queda a sujeta a la intervención de la UNP; y finalmente, lo judicial que trunca cualquier oportunidad cuando las decisiones son fundamentadas en consideraciones pobres y regresivas contrariando la oportunidad de servir de garantes de los derechos fundamentales de las personas[4].
- Otro caso importante es el homicidio de Carlos Augusto Guerrero Cortés, integrante de la Fundación Afrocolombiana Arco Iris de Tumaco, quien fue asesinado por sicarios con arma de fuego cuando iba saliendo de su casa en horas de la madrugada. Se tiene por declaración de varios testigos que, segundos más tardes de que sus perpetradores asesinasen a Guerrero, estos vociferaron y cantaron “matamos al marica”. Los hechos mencionados ocurrieron en mayo del 2017. En ese mismo mes habían asesinado a Alex Aguiño, en la vereda Piñal Salado, cuyo cuerpo fue encontrado empalado y con varias heridas con arma cortopunzante que indicaban claras señales de tortura. Se tiene que en Tumaco son constantes las amenazas contra las personas LGBTI, entre ellas miembros de la Fundación Afrocolombiana Arco Iris, a quienes se les tiene “prohibido” el tránsito por zonas rurales y distintos barrios del municipio, algunos, por ejemplo, Panamá, Buenos Aires, Viento Libre, Floresta y el Pinto.
El panorama descrito y los casos expuestos, señalan los grandes retos y riesgos que rodean el ejercicio de los liderazgos locales de las personas LGBTI. Es importante anotar, que son muchos los puntos débiles que impiden ofrecer servicios de protección adaptados a las necesidades de las personas LGBTI defensoras de los derechos humanos, entre varios, se indican los siguientes como aquellos de mayor atención: (1) Las personas LGBTI no son tenidas en cuenta como objeto de protección acorde con las leyes que regulan los servicios de protección en tanto no cumplan con otras condiciones; (2) existe poca comprensión sobre los riesgos y las violencias que rodean a personas por razón de su orientaciones sexuales, expresiones de género e identidades de género diversa; (3) el Estado colombiano cuenta con una capacidad de limitada y precaria –principalmente en zonas rurales- para hacer presencia y atender ciertas situaciones de riesgo; (4) la desconfianza sobre las autoridades del Estado alimentada por intervenciones ineficientes, ya que esta última contribuye al subregistro y a la invisibilización de casos futuros.
Corporación Caribe Afirmativo
[1] La Corporación Caribe Afirmativo es una organización colombiana que adelanta agendas conjuntas de investigación, formación, asesoramiento, defensa, movilización y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI, abordando de manera transversal ejes de posconflicto y la construcción de paz para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La Organización tiene el propósito de incidir en la construcción y posicionamiento de agendas de diversidad sexual y de género en el Caribe, y que permitan el reconocimiento de los derechos y el acceso a la justicia de las personas LGBTI en un escenario de posconflicto en Colombia. En este sentido, Caribe Afirmativo entiende la importancia del trabajo con enfoque territorial por lo que ofrece su perspectiva y experiencia en algunos de los territorios de incidencia que ha venido trabajando mancomunadamente con otras organizaciones, líderes, lideresas y agentes del Estado.
[2] Cfr. Caribe Afirmativo y Colombia Diversa. “La discriminación, una guerra que no termina. Informe de derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en Colombia 2017”. Disponible en: https://goo.gl/sVZ8Gw
[3] Al respecto de cifras sobre investigaciones de delitos contras personas LGBTI, consúltese: SINViolencia: Sistema de Información de violencia contra personas LGBT en Colombia (Colombia Diversa /Caribe Afirmativo. Disponible en línea en la página web institucional de Caribe Afirmativo: https://goo.gl/qeoZww.
[4] Al respecto se estima que las consideraciones del juez de primera y segunda instancia sobre la carga de la prueba fueron exageradas, ya que no tuvieron en cuenta la situación de vulnerabilidad y de riesgo en la que se encontraba Luna al no haber forma distinta de probar la visita de sujetos armados sin comprometer su seguridad que por medio de los documentos de denuncia anexados. Precisamente, la H. Corte Constitucional de Colombia en Auto 200 de 2007, advierte sobre la atención particular que requieren personas LGBTI, entre otras, frente a los mecanismos de protección ante situaciones de riesgo. Además, las Sentencias: T-956/13, T-924/14, T-571/15, T-030/15, y muchas otras más de la misma Alta Corte, explican la necesidad de prevenir la ocurrencia de perjuicios irremediables y el cuidado que se debe tener para no exigir lo que se conoce como “una prueba diabólica”.