El informe recuerda la importancia de la inclusión de personas LGBT en espacios de representación política y el SIVJRNR, además de señalar la necesidad de trabajar en la protección de las personas que son víctimas de violencia a raíz de su OSIGEG.
27 de febrero de 2020. Los derechos humanos desde su concepción han sido publicitados como garantías inherentes a las personas sin distinción alguna, sin embargo, su implementación y el paso de los años ha dejado muy en claro que esto no responde a un proceso pacífico y lineal, por el contrario, los altibajos son frecuentes, las vulneraciones a estos derechos no han cesado a pesar de la existencia de tratados, protocolos, convenios o cualquiera que sea el instrumento jurídico que los consigne.
Acorde a esto, los Estados dentro del ejercicio de incorporación de los DDHH en su legislación interna y considerando los contextos específicos que atraviesan se van configuran barreras para la materialización de los mismos, por esto, se apoyan a través instancias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, que aporta al diagnóstico del panorama general del país y remitir recomendaciones a las diversas instancias del Estado para que cesen vulneraciones o se prevengan las mismas.
Así mismo, el pasado 25 de febrero, el Alto Comisionado hizo público su informe sobre la situación de Colombia para el año que antecede, enfocándose en situaciones de gran impacto y particular riesgo identificadas por el equipo investigador como: la situación de seguridad para quienes se dedican a la defensa de los DDHH, el uso excesivo de la fuerza pública, la lucha contra la impunidad, la desigualdad para el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, por último, el Acuerdo Final de Paz.
Todos estos puntos parecen presentados desde una perspectiva diferencial acorde al grupo poblacional de especial protección, frente a las personas LGBT, se empieza por resaltar la necesidad de promover y garantizar la participación política y representación ante espacios decisorios puesto que hay solo un 0.06%, no obstante, se presentó un aumento en el número de personas en cargos de elección popular de 6 a 22 entre 2015 a 2019.
En el marco de la implementación del acuerdo de paz, el informe enuncia la participación de personas LGBT ante dos instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), primero, dentro de la formulación del plan nacional de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y en las convocatorias y encuentros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) para la recolección de relatos de víctimas y familiares.
Dentro del apartado específico de género, pueblos étnicos y sujetos de especial protección, al abordar las garantías frente a los derechos sexuales y reproductivos hace alusión a que se haya radicado un proyecto de ley para regular la objeción de conciencia de funcionarios en casos de aborto, eutanasia y unión de parejas del mismo sexo, que, permitiría negar el acceso a estos derechos por simple moralismo del funcionario, en este momento no se encuentra referencia completa del mismo, su estado, sin embargo, aunque el proyecto no sea aprobado, se constituye como un mensaje antiderechos muy fuerte por parte de la bancada política que lo presentó.
Finalmente, sobre las personas LGBTI específicamente, se reconoce la existencia de jurisprudencia y normatividad a favor de los derechos de las personas con Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género Diversa (OSIGEGD), sin embargo, se encuentra que persisten situaciones de violencia y discriminación que preocupan al Alto Comisionado, puesto que los móviles de la conducta al parecer radican en el prejuicio sobre esta forma de diversidad.