El pasado 10 noviembre se llevó a cabo la 43a sesión del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso la situación actual de Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
En este informe se ratificó que la situación en Derechos Humanos no ha mejorado, por el contrario, se han seguido presentando violaciones constantes de derechos a distintos actores de la sociedad venezolana, que de alguna forma representan un contrapeso a las decisiones políticas y económicas por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Uno de los sectores que se ha visto afectado y que ha tenido mayor repercusión a nivel mediático son las fuerzas políticas de oposición de la Asamblea Nacional. El acceso a la sede de la Asamblea Nacional ha sido bloqueado por parte de las Fuerzas de Seguridad y otros, como Ismael León y Gilber Caro, quienes han sido privados de la libertad arbitrariamente, sin conocerse el motivo de su detención y en el caso de Gilber Caro, ni si quiera se conocer el lugar de su detención.
A estas acciones, se le suman agresiones contra periodistas y manifestantes que acompañaron la llegada de Juan Guaidó por parte de colectivos armados, allanamientos a sedes políticas, ONG y oficinas de medio de comunicación. Esto configura una falta a la libre expresión, estipulada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Adicional a esto, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, afirma que: “las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia”. Estas formas de violencias sistemática y estructural a los actores sociales y políticos que intentan denunciar las agresiones por parte del estado se puede llegar a institucionalizar si se llega a aprobar la legislación que castigaría a las organizaciones que reciben financiamiento internacional.
No está de más resaltar que son estas organizaciones la que aportan información sobre la situación de la violación de derechos humanos que se está dando en Venezuela, por lo que una posible sanción legal sumada ya a la constante persecución derivaría en una imposibilidad de conocer la realidad en materia de Derechos Humanos que viven las personas venezolanas que se oponen al gobierno de turno.
Sin embargo, no es sólo la situación de agresiones por parte del estado lo que preocupa a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, también las sanciones impuestas a empresas estatales como CONVIASA desde el 5 de agosto de 2019 perjudican principalmente a los ciudadanos y ciudadanas debido a que hay una importante reducción de gastos públicos y sociales. Estas imposiciones se suman a las ya impuestas a la industria petrolera; la mayor fuente de ingreso para Venezuela.
Asimismo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos mencionó el esfuerzo regional que se ha hecho para atender el flujo migratorio que se ha ocasionado debido a los factores de coyuntura social, política y económica que se esta presentado en la República Bolivariana de Venezuela. Pero resalta, que desde las distintas entidades gubernamentales no se promuevan acciones que justifiquen o inciten a actos de xenofobia y discriminación contra las personas venezolanas migrantes.
De acuerdo con cifras aportadas por las Naciones Unidas, el flujo migratorio de Venezuela hacia Colombia puede llegar a superar al éxodo sirio; que se ha dado a raíz de la guerra que ha vivido en los últimos años el país asiático. Sin embargo, a diferencia de Siria, Venezuela no se encuentra en una guerra y posee las reservas de petróleo más grande del mundo; afirmó Eduardo Stein al diario El País de España, quien es representante especial para Venezuela de la OIM y ACNUR.
Para estas organizaciones los cálculos sugieren que para finales de este año más de 6 millones de personas venezolanas habrán abandonado su país. Es decir, la migración venezolana podría llegar a ser un poco más de la mitad del total de la población de la región Caribe. Esto refleja un pedido mayor de solicitudes de refugio y pedidos de residencia y estancia regular a los estados receptores.
No obstante, sólo la mitad de las personas venezolanas que deciden migrar no tienen regularizada su situación migratoria. Esto implica una amplia y sistemática vulneración en el acceso y goce efectivo de los derechos de las personas migrantes venezolanas. Vulneración que se agrava cuando se trata de personas de sectores de la población que históricamente han sido vulnerados. Es decir, las personas en situación migratoria no regular LGBTI están más expuestos a actos de discriminación, xenofobia y violencia por prejuicio por parte de funcionarios gubernamentales y otros actores de la sociedad civil.
Esta situación migratoria irregular se da por las condiciones en las que se da el tránsito migratorio de las personas migrantes venezolanas. Aquellas de las poblaciones más vulnerables suelen tener menos recursos económicos por lo que optan hacer su tránsito migratorio por medio de trochas y vías ilegales, exponiéndolos a múltiples riesgos como: violaciones, sobornos, robos, entre otros. Como es el caso de las personas LGBTI; quienes han tenido que optar por esta modalidad de tránsito migratorio y quienes han sufrido múltiples violencias y agresiones por parte de entidades gubernamentales en ambos territorios; Venezuela y los territorios de acogida.
Por esto, es importante garantizar las condiciones en que las personas venezolanas migrantes deciden cruzar las fronteras, ya que se sabe que el flujo migratorio va a continuar y no se puede seguir legitimando las violencias ejercidas sobre estas personas a través de la omisión. La garantía por parte de las entidades gubernamentales y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil para dar respuesta pronta a los desafíos que plantea el flujo migratorio mixto que se vienen dando desde Venezuela hacia Colombia en los últimos años.
De esta forma, se puede garantizar que no se replique las formas de violencia por prejuicio, discriminación y xenofobia que afectan principalmente y con ciertas particularidades a sectores de la población más vulnerables. Con esto, se busca protegerlos y garantizar que todas las personas puedan acceder a los derechos con el fin de proteger su integridad como ciudadanos del mundo y como seres humanos.