Con dos artículos que nominan directamente acciones para garantizar la superación de prejuicios por orientación sexual e identidad de género, el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’ está pensando también en la vida digna de las personas LGBTIQ+.
Esta semana el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez presentaron al país el Plan Nacional de Desarrollo titulado ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, documento que, como lo establece la ley, es la concreción del programa de gobierno que les permitió ganar las pasadas elecciones y que será la carta de navegación durante los próximos cuatro años en el país. Este, como deja establecido en su introducción, “busca sentar las bases para que el país sea líder en protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio en la forma de relacionarnos con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”.
Esta es la segunda de tres etapas estratégicas que tiene este documento público; la primera fue un ejercicio de amplia participación ciudadana donde se recogieron propuestas, iniciativas y solicitudes de las comunidades y que dieron insumos al gobierno para construir el proyecto de ley de PND —siendo esta la segunda etapa— y está pendiente una tercera etapa que inicia estos días, que es el debate en el Congreso de la República para su aprobación. En esta última, se espera que, en un par de semanas, sea la ley que regule la vida de las personas en Colombia.
Este ejercicio —que es habitual cada cuatro años y que busca darle legitimidad al gobierno en los inicios de su mandato y viabilidad a sus propuestas— en esta ocasión tuvo un componente muy significativo: la participación activa de las personas LGBTIQ+ en los diálogos territoriales; no solo porque el movimiento, que sigue creciendo en su nivel de incidencia y politización y, desde cada uno de los territorios, hizo presencia en los debates, sino porque, incluso en la metodología, el mismo gobierno propuso en cada lugar una mesa de diversidad sexual, identidades y expresiones de género. Lo mencionado, permitió promover y motivar espacios de diálogo, complejizar los proyectos de vida de las personas sexo-genero diversas en cada uno de los territorios y pensar, de la mano de la sociedad civil, cómo planear el desarrollo en un territorio que incluya la vida de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex, queer y no binarias.
Entre las propuestas, que por más de tres meses se recogieron en los diálogos vinculantes de país, se constató presencia activa de Mesas LGBTIQ+ en el 65% de los territorios y, entre las decenas de propuestas que se postularon, el llamado para reactivar la política pública fue constante; entre estas, las más recurrentes fueron: a. Erradicar la sistematicidad de la violencia contra las personas LGBTIQ+; b. Promover espacios seguros para las expresiones de afecto de parejas del mismo sexo; c. Campañas educativas y de cultura ciudadana para prevenir la discriminación; d. Poner fin a la violencia policial motivada por prejuicios; e. Garantizar programas especiales de atención a personas trans; f. Establecer sistemas educativos que permitan acceder a la educación a personas sexo-genero diversas sin ser estigmatizadas; g. Activar protocolos de atención en salud con enfoque de género y derechos; h. Incentivar la vinculación laboral y el trabajo decente; i. Integrar a la ciudadanía migrante y refugiada que son víctimas de exclusión por su orientación sexual, identidad o expresión de género; y, por último, j. Acompañar el proceso de fortalecimiento de las organizaciones y colectivas, particularmente las más jóvenes y de mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
Estos insumos, sumados a los compromisos que ya se habían consignado en el programa de gobierno que llevó a que muchas personas LGBTIQ+ votaran por este proyecto político y recomendaciones técnicas del mismo Estado y Naciones Unidas, dieron como resultado las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que fueron agrupadas y discutidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Allí se puede leer todo un capitulo de sustentación sobre la emergencia que tiene el país para garantizar derechos de personas sexo-género diversas, destacando la necesidad de un sistema nacional LGBTIQ+ como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos con el fin de desarrollar acciones articuladas entre las diferentes ramas del poder público en la garantía de derechos y eliminación de escenarios de discriminación. También se lee en esas bases la importancia de que el país cuente con un “trazador presupuestal que se requiere para avanzar en acceso a derechos con el fin de identificar asignaciones presupuestales”. Ademas, en las bases, cuando se hace referencia a mujeres, jóvenes e indígenas, como resultado de las mesas de concertaciones, se fijaron acciones para las personas sexo-genero diversas desde la interseccionalidad propuesta por estos grupos poblacionales.
Ahora, este proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en esencia, está expresado en 300 artículos y en un plan de inversión donde, por primera vez en la historia del país, hay una nominación explícita sobre las personas LGBTIQ+. Esto se da en dos apartados: el primero, en el artículo 65, sobre la formalización del empleo público en equidad. En este, en el parágrafo primero, se lee que el aceso a dichos espacios laborales se debe “garantizar en condiciones de igualdad la inclusión, principalmente de los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas con identidad de género diversa y otras poblaciones vulnerables”.
También, en el articulo 94, que es, en esencia, el colofón de este proceso de reconocimiento, llamado “Mecanismo para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación a la población LGBTIQ+”, se presenta todo un plan de acción en cabeza del nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad, en articulación con los ministerios de Defensa, Justicia, Interior, Trabajo, Educación, Salud, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, junto con la Comisión Accidental de Diversidad Sexual del Congreso de la República, la academia y organizaciones sociales. Esta articulación se plantea para la formulación, definición y monitoreo de rutas, procesos y procedimientos de prevención, atención e investigación oportuna de casos de violencia contra las personas LGBTIQ+. Además, en sus parágrafos, aclara que se deben articular las entidades territoriales a través de mesas interinstitucionales.
Este articulado, además, viene acompañado del documento del plan plurianual de inversiones que, si bien aún no detalla el presupuesto para cada programa, garantiza que este estará identificado, tanto para las acciones gruesas de políticas rectoras, como las especificadas, que serán medidas por indicadores de transformación. Sin embargo, se echa de menos la no postulación expresa en el articulado de la implementación de la política pública LGBTIQ+, que es la primera necesidad sentida por la sociedad civil y, si bien estas dos acciones hacen parte de ella, no lo son en su integralidad. De la misma manera, por el papel de la educación en los procesos de transformación social, extraña la ausencia de acciones específicas a este respecto.
Sigue la concreción. El Congreso de la República tiene la palabra y, si bien la bancada del gobierno ha mostrado sinergias con estas propuestas, existen al interior de estos cuerpos colegiados grupos políticos que han empezado a desplegar sus estrategías de odio para reducir el compromiso del Estado con los derechos de las personas LGBTIQ+. Será esta la gran oportunidad para la Comisión Accidental de Diversidad Sexual; nuestros siete congresistas se extrenaran en sus curules visiblemente diversas para defender este articulado, completarlos, complementarlos, llenarlos de sentidos y buscar que aliados y sus partidos voten unanimemente y de forma positiva. Estos artículos, si bien no son suficientes, es un buen inicio para desatrazar la garantía de derechos a las personas sexo-género diversas que el gobierno anterior no solo negó, sino que destruyó lo que se había avanzado en gobiernos anteriores.
A la vuelta de unas semanas, este plan será ley y ello no cambiará por arte de magia la situación de déficit de derechos que tienen las personas LGBTIQ+ en el país, pero sí entregará herramientas concretas al gobierno para hacer realidad su compromiso con el que dignificará la vida de las personas más excluidas. En cuanto a la sociedad, le dejará un mensaje claro de que la diversidad es una riqueza que integra y a las personas sexo-género diversas y les entregará una herramienta que, de un lado, permitirá empezar a confiar que el Estado no es el enemigo, que puede ser protector y, de otro, hacer seguimiento y veeduría para ver si el compromiso político se vuelve realidad en la materialización de condiciones de dignidad y derechos.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo