Celebramos los acuerdos pactados en el VI Ciclo, no obstante, expresamos nuestra preocupación al equipo negociador del Gobierno y del ELN frente a la poca claridad en la participación de los sectores sociales LGBTIQ+.
Foto: El Espectador
08 de febrero del 2024. Desde 2012, se gestaron los primeros encuentros con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, marcando el inicio de un proceso de aproximación y diálogo. En 2015, este proceso alcanzó una etapa más pública al hacerse oficial la fase exploratoria entre el Gobierno Nacional y el ELN. Finalmente, en 2016, el 30 de marzo, se formalizó el inicio de las negociaciones, un hito importante en la búsqueda de soluciones pacíficas. Sin embargo, el progreso se vio interrumpido el 19 de septiembre de 2018, cuando el gobierno de turno decidió retirar al equipo negociador, generando un obstáculo significativo en el camino hacia la reconciliación.
En el año 2022, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, retomó los diálogos con el ELN, desde entonces, este proceso se ha dividido en ciclos realizados en diferentes ciudades Latinoamericanas: Caracas – Venezuela, Ciudad de México – México, y La Habana – Cuba. Hasta la fecha, se han llevado a cabo seis ciclos de negociación. El pasado veintidós (22) de enero de 2024 fue instalada en La Habana el Sexto Ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz, en este periodo fueron discutidos siete temas en la agenda y se concretaron en cinco (5) nuevos acuerdos, los cuales fueron enunciados oficialmente el día seis (6) de febrero de 2024.
Sobre el cese al fuego
Durante este nuevo ciclo, las delegaciones acordaron prorrogar nuevamente por 180 días el Cese al Fuego Bilateral, Nacional Temporal (CFBNT) a partir del 6 de febrero de 2024 y hasta el 3 de agosto de 2024, condicionada al cumplimiento de los acuerdos y protocolos aprobados para tal efecto por la Mesa de Diálogos para la Paz, comprometiéndose ambas partes a emitir las órdenes necesarias para su realización; por su parte, el ELN suspendió temporalmente las retenciones económicas unilaterales para favorecer el CFBNT, bajo supervisión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV).
A partir de ello, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, firmaron el Decreto 104 de cinco (5) de febrero de 2024. Este documento enfatiza que el cese al fuego tiene como objetivo mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios, así como generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades. Además, subraya que el cumplimiento del mismo es responsabilidad del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), integrado por el Gobierno Nacional, el ELN, la Conferencia Episcopal de Colombia y la Comisión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Algunas de las acciones específicas que han sido establecidas con relación al cese al fuego son: (i) No realizar acciones ofensivas de ningún tipo entre las Fuerzas Militares, de Policía y de seguridad y todas las estructuras del ELN. Esto incluye no realizar acciones de inteligencia entre las partes, (ii) No usar brazaletes, emblemas, insignias, banderas u otro tipo de identificación que no corresponda a cada una de las partes, y (iii) No utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado, conforme con el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas, entre otras.
Ahora bien, ¿qué dicen los acuerdos pactados en el Ciclo VI sobre la participación de la sociedad civil en la construcción de paz?
Para el proceso de participación, fueron diseñadas tres (3) fases correspondientes a:
- Fase 1: Diseño de la forma de participación de la sociedad que se llevaría a cabo entre octubre de 2023 a febrero de 2024.
- Fase 2: Diálogo con diferentes actores convocados para identificar los principales problemas que son la causa del conflicto político, social, ambiental y armado para formular soluciones integrales. Acciones que se realizarán entre febrero de 2024 a julio del mismo año.
- Fase 3: Construcción de agenda política y de un plan integral de transformaciones, mediante la implementación de proyectos específicos de orden nacional y territorial. Proceso a realizarse entre julio de 2024 a enero de 2025
Así las cosas, durante el Ciclo VI se aprobó la continuidad de la fase de diseño de la participación y para ello, el Comité Nacional de Participación – CNP (figura creada en el Acuerdo 9° llamado ‘‘Primer Acuerdo de Cuba’’ como instancia transitoria y especial articulada a la Mesa de Diálogos de Paz), continuará con el objetivo principal de presentar un plan completo que facilite la intervención activa de la sociedad en el diseño de la participación, esto incluye promover y organizar espacios de diálogo con enfoque diferencial, donde diversos grupos sociales puedan presentar sus propuestas a través de pre-encuentros y encuentros territoriales, sectoriales y nacionales. Culminada la fase de diseño, la Mesa de Diálogos para la Paz y las instancias de participación dialogarán sobre la construcción de la Red Nacional de Participación y otras iniciativas.
En atención a ello, Caribe Afirmativo reitera su preocupación sobre la conformación de la Red Nacional de la Participación y la construcción del plan de participación, en tanto no se ve con claridad la participación activa y directa de las poblaciones LGBTIQ+, por lo que, insta al equipo negociador del Gobierno y del ELN a mantener el compromiso de incluir y generar las condiciones para la participación activa de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a las organizaciones y liderazgos LGBTIQ+ en este nuevo camino hacia la construcción de la paz.
Las voces y propuestas de las personas sexo-género diversas que han sido víctimas son imprescindibles para una paz estable y duradera, en tanto sus vivencias, propuestas de transformación, la búsqueda de la verdad frente a las violencias y la persecución que han sufrido en la conflictividad armada brinda luces sobre las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que mantienen la guerra en Colombia. En este sentido, es fundamental escuchar atentamente las múltiples experiencias de los sectores sociales LGBTIQ+ y el trabajo tan importante que han realizado en todos los territorios del país las organizaciones sociales, colectivas, activistas y liderxs comunitarixs para visibilizar las consecuencias y los impactos que ha dejado el conflicto armado en sus cuerpas, construcciones identitarias, colectividades, redes de afecto y las afectaciones socio-económicas que no permiten condiciones materiales de existencia dignas.
De la mano con lo anterior, se subraya la urgencia de una escucha atenta a las propuestas de los liderazgos y las poblaciones víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en otros acuerdos planteados y ratificados en el VI Ciclo, tales como: la creación de una comisión de comunicaciones; la elaboración de una estrategia conjunta de comunicaciones entre Gobierno Nacional y ELN y de una pedagogía para la construcción de una cultura de paz; la planeación de inversión del recurso del Fondo Multidonante para implementar los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogos -que abarca áreas como la participación, el cese al fuego, las dinámicas humanitarias y la construcción de paz-; así como, en la creación y puesta en marcha del observatorio para identificar y analizar las diversas formas de paramilitarismo como parte del conflicto armado en el país, que tiene como objetivo adoptar medidas para su erradicación, superación y no repetición.
Finalmente, se espera que la Red Nacional de Participación garantice la representación de los sectores sociales LGBTIQ+ y que, el ELN al igual que las Fuerza Pública reconozca las violencias ejercidas contra estas poblaciones durante la larga historia de conflicto armado en Colombia. Asimismo, existe una confianza en que, se respeten cada uno de los acuerdos pactados, entre ellos, que quiénes representen de la sociedad civil a las personas sexo-género diversas hayan sido víctimas directas, indirectas y/o sean cercanas y sensibles frente la vulneración de derechos contra las poblaciones lesbianas, gais, bisexuales, personas trans, no binaries e intersexuales en el marco del conflicto armado, lo que cual es vital para garantizar espacios seguros donde se reconozca las luchas y resistencias de estos sectores sociales, y se implementen acciones territoriales para la no repetición.