4 de marzo de 2021. En los últimos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con su Unidad de Investigación y Acusación ha determinado que el año 2021 se perfila como uno de los años más violentos luego de la firma del Acuerdo de Paz, esto sumado a que en días recientes la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en Colombia analizó la situación y se estima que aproximadamente más de 500 personas que se reconocían como líderes y lideresas sociales en su territorio han sido asesinadas.
Ante estás terribles estadísticas se suma el hecho del pasado lunes primero de marzo en le corregimiento La libertad, en el municipio de San Onofre, Sucre, perteneciente a la subregión de Montes de María fue asesinado un líder social indígena.
Históricamente el corregimiento La libertad ha sido territorio de conflicto, puesto que en el pasado los cuerpos de las mujeres fueron tomados como armas de guerra por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde la noche del lunes su comunidad vive una situación de tensión ya que los hechos ocurrieron cuando la población se encontraba sin servicio de energía eléctrica, que probablemente días atrás cortaron los autores de este crimen.
Los medios de comunicación registran que Jaime Enrique Basilio Basilio de 61 años, murió a causa de disparos propinados por un integrante del Clan de Golfo. Jaime Basilio era el primer alguacil del Cabildo Indígena Libertad de la etnia Zenú. Su elección al igual que la de los 9 integrantes del Cabildo sucedió el pasado 8 de enero del 2021, justo en la casa de este ciudadano, dónde todos ellos se reconocieron como autoridad en la mesa directiva indígena del municipio de San Onofre.
El suceso ocurrió en su residencia en la la noche, que queda en la entrada del corregimiento. Él se encontraba sentado en su terraza y hasta allí llegó un hombre que sin mediar palabra le disparó dos veces. La Policía Nacional llegó hasta el día siguiente ya que la fuerte presencia y control territorial que tiene el Clan del Golfo impide a la fuerza pública atender inmediatamente estos hechos.
Un habitante comunicó lo ocurrido a través de redes sociales y algunos manifiestan que Jaime Basilio había recibido amenazas anteriormente por expresar públicamente su desacuerdo con la presencia de actores armados en su comunidad.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que en lo que va del 2021 han asesinado a 28 líderes y lideresas sociales y al mismo tiempo algunos congresistas afirman que en estas zonas del país hay proceso de reparamilitarización.
A su vez otro municipio de la subregión de Montes de María, El Carmen de Bolívar en las últimas horas fue escenario de combates entre la policía e integrantes de El Clan del Golfo, en un operativo que buscaba dar con dos cabecillas, responsables de las amenazas que han recibido sus habitantes. Por el momento existen tres personas que murieron en los enfrentamientos y que presuntamente hacían parte de este grupo armado, en la subestructura “Héroes del Caribe”, sin embargo durante el combate resultó herido un menor de edad.
Actualmente siguen ocurriendo combates en la zona rural entre estos grupos. La fuerza pública y los miembros de la Policía Nacional se han trasladado al municipio a tomar controles del tráfico de armas, ya que El Carmen de Bolívar es un territorio preferido por los grupos criminales para el tráfico ilegal y comercio de armas de alto calibre.
Frente a estas dos situaciones que amenazan con la tranquilidad de la ciudadanía en dos territorios del caribe que anteriormente han sido golpeados por el conflicto armado Caribe Afirmativo hace un llamado de atención al Estado para redoblar esfuerzos que protejan a los líderes y lideresas sociales, en especial a los grupos poblacionales como indígenas y personas LGBT que muy pocas veces cuentan con protección del gobierno.
Así mismo es importante verificar que en las zonas donde ocurran estos enfrentamientos no comprometan la vida de personas, principalmente menores de edad y civiles que habitan las zonas rurales y que muchas veces resultan heridos en estos altercados. Insistimos que es vital que el gobierno brinde una mirada a lo que ocurre en los municipios del caribe colombiano y se dé cumplimiento a los puntos del Acuerdo de Paz que se encuentran estancados con motivo de la presencia de actores criminales y el poco acceso de estas zonas a funcionarios públicos, que por causa de la pandemia siguen trabajando de manera remota y hay muy poca presencia del Estado en estas zonas.
Tanto la Alta Comisionada de la oficina de derechos humanos de la ONU, como demás organizaciones de la sociedad civil que estamos comprometidas con la construcción de paz en el país vemos necesario tomar medidas inmediatas que frenen la ola de violencia desmedida que a diario viven estas comunidades que en décadas atrás presenciaron la crueldad del conflicto armado.