Seguimiento a las políticas públicas LGBTI de la región Caribe colombiana

19 de octubre de 2020. Atendiendo a su compromiso con el aumento de los espacios de participación de las personas LGBTI en la sociedad, Caribe Afirmativo, en el marco del Observatorio de participación política de las personas LGBTI en Colombia (Observatorio en adelante), activó una estrategia de seguimiento a las políticas públicas de la región Caribe colombiana en interés de corroborar el estado de avance e implementación de las políticas públicas LGBTI.

Antes de comenzar, es importante resisar el concepto de política pública, el cual lo define Gavilanes (2009) como:

Un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener (p.156).

Teniendo en cuenta lo anterior, muchos gobiernos optan por la elaboración e implementación de las políticas públicas para mejorar la situación de derechos los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, puesto que reconocer su eficiencia para el mejoramiento de la situación de derechos de las personas LGBTI. En el Caribe colombiano, se contabilizan nueve (9) políticas públicas aprobadas distribuidas de la siguiente manera en 4 departamentos y 4 municipios, los cuales se detallan a continuación

La región Caribe está conformado por 8 departamentos[1], de los cuales 4 cuentan con una política pública LGBTI aprobada, lo que, en términos numéricos, no es un indicador para nada despreciable, ya que al menos el 50% de los departamentos del Caribe cuenta con esta herramienta de planeación política con vistas hacia el mejoramiento de las condiciones de bienestar de las personas LGBTI.

Sin embargo, un hecho que preocupa es la ausencia de una asignación presupuestal de las mismas, puesto que en el seguimiento que se realizó, ninguna de estas contaba con rubros monetarios específicos para la ejecución de las actividades[2], lo cual es aún más preocupante si se tiene en cuenta que la política pública más reciente -la del Atlántico- ya cuenta con un año de antigüedad. Sin lugar a dudas, este fue uno de los aspectos que encendió las alarmas del equipo de trabajo de Caribe Afirmativo, ya que no se puede hablar de la implementación de una política pública sin la existencia de un plan de acción qué especifique cuáles son las actividades a realizar, así como el monto de recursos económicos con los que cuenta cada una.

Por otro lado, como aspecto positivo, es importante resaltar que, en el marco de la aprobación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDT), algunos de estos gobiernos locales integraron varios temas LGBTI en los PDT en interés de robustecer la normatividad a favor de los derechos de las personas LGBTI de estos territorios. Entra las propuestas más destacada, se tienen la creación de una casa LGBTI en San Andrés, la implementación de un programa de atención integral, protección, prevención e identificación de las violencias de género en Atlántico, la consolidación de acciones institucionales de inclusión social, generación de oportunidades y prevención de violencias basada en la LGTBfobia en Magdalena y el fortalecimiento de organizaciones LGBTI en el departamento de Bolívar. En la siguiente tabla, se muestra de manera más detallada todos los factores analizados durante el seguimiento.

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[1] La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar, Atlántico, Córdoba y San Andrés, Providencia y Santa Catalina

[2] Se debe hacer diáfano que esta afirmación se hace con base en el documento público.