Diez años después de la primera publicación del informe estatal sobre la violencia contra las personas LGBTIQ+ en el contexto del conflicto armado, la persistencia de esa misma violencia exige que el Estado refuerce las acciones de protección y las garantías de no repetición frente a los repertorios de violencia motivados por prejuicios hacia la diversidad sexual y de género.
Hace 10 años el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (CNMH), emanado de la ley 1448: de víctimas y conflicto armado, entregó el informe “Aniquilar la diferencia; lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano’, convirtiéndose en el primer documento del Estado que reconoce la afectación del conflicto armado hacia las personas LGBTIQ+ en razón de prejuicios y actos de discriminación motivados por su diversidad sexual, identidad y expresión de género. Dicha investigación fue el resultado de un trabajo de campo y cercanía con las personas sexo-género diversas por más de dos años en diferentes regiones del país, compartiendo con ellas acciones reflexivas, movilizaciones, actos de memoria y conversaciones que les permitió a las investigadoras del Estado —que venían de una gran cercanía y experticia investigativa y militante en el movimiento social— dar cuenta del desarrollo de unas hipótesis que le pueden permitir al país comprender las violencias, afectaciones y resistencias que experimentadas en sus cuerpos y en sus entornos sociales, políticos y culturales por una heterosexualidad obligatoria y un patriarcado exsacervado que hace más difícil en los contextos de violencia los proyectos de vida desde la diversidad sexual y de género.
Para ese momento, el CNMH tuvo como fuente primaria de información a su organización colega, nacida de la misma ley, la Unidad de Atención a las Víctimas (UARIV), que juntas desde 2011, son la primera expresión institucional de Estado colombiano en dar cuenta de una atención directa y específica a las personas LGBTIQ+ afectadas por el conflicto armado. Para la fecha, en su tarea de identificar los hechos víctimizantes y activar políticas de reparación y garantías de no repetición, la UARIV contaba que en Colombia 1.462 víctimas del conflicto armado eran sexo-género diversas y que era clara que su afectación estaba relacionada con su orientación sexual, identidad y expresión de género. Hoy, 10 años después, los datos de la UARIV indican que son 5.890 personas LGBTIQ+ reconocidas como víctimas e incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) con los hechos victimizantes más significativos en relación al desplazamiento forzado, amenazas y homicidios, y con el reconocimiento de cuatro sujetos de reparación colectiva, siendo los siguientes: La Mesa Diversa de la comuna 8 de Medellín, Colectivo Crisálida de San Rafael (Antioquia), la Organización LGBTIQ+ de El Carmen de Bolívar y Chaparral Diverso en Tolima.
El proceso de investigación se focalizó en cuatro departamentos del país y en ellos las subregiones que más se han visto afectadas por las prácticas del conflicto armado: en la comuna 8, el oriente y el Urabá antioqueño en Antioquia, en los Montes de María en Bolívar, Bogotá y sus localidades más periféricas, municipios aledaños de Cundinamarca, en el Pacífico y en Pasto, capital de Nariño. En el estudio participaron 63 víctimas del conflicto armado que se reconocen sexo-género diversas, colectivas y organizaciones aliadas. También, para involucrar las comunidades y leer los contextos, se realizaron talleres colectivos de memoria en los cuales participaron alrededor de 100 personas.
El texto está conformado por cuatro apartados. En primer lugar se propone una aproximación sociológica y vivencial del género y la sexualidad en los territorios de mayor confrontación del conflicto armado, los contextos sociales que, bajo parámetros de moralidad pública, han permitido la naturalización de las acciones de desprecio contra las personas LGBTIQ+ y el continuum de violencias, pese a los avances en materia de derechos por la ausencia de trabajo a la cultura ciudadana. También se profundiza sobre la relación con el espacio y cómo el espacio también demanda formas propias de vivir los proyectos de vida y cómo los discursos y las ordenes que se implementan en los territorios invisibilizan y ridiculizan la posibilidad de la ciudadanía plena de una persona sexo-género diversa.
En segundo lugar, el texto profundiza sobre una tarea pendiente de la sociedad colombiana; el reconocer, nombrar, blindarnos e identificar las causas que hacen que existan violencia sobre las personas en razón de su diversidad sexual y de género. Esto promovió lo siguiente: a. Imaginarios sociales de que las vidas de las personas sexo-género diversas no son posibles de ser vividas en esos territorios promoviendo la complicidad social; b. La existencia de normas y ordenes, incluso ilegales que imposibilitan materialmente la vida de las personas sexo-género diversas y les hace depositarias directas de violencia; c. La materialización de actos concretos motivados por alto niveles de violencia física, verbal y simbólica que ha precarizado la vida de las personas LGBTIQ+; y d. La impunidad y la invisibilización de las violencias propiciadas, como la ausencia de acciones estructurales para la garantía de no repetición. Dicha violencia, como da constancia la investigación, agudizaron los sentimientos de miedo y zozobra de la ciudadanía, rompieron lazos de afectos y proyectos colectivos y promovieron ideas colegiadas de que es mejor invisibilizarse.
En tercer lugar, la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, profundizó sobre las causas estructurales de esta violencia y las consecuencias para las vidas de las personas sexo-género diversas y de sus entornos familiares y sociales. Daños personales y colectivos y sostenimiento de prácticas que perpetúan la exclusión, hicieron que, si bien el conflicto armado y sus actores no los crearon, sí aprovecharon ese estado de fragilidad para instrumentalizar la vida de las personas LGBTIQ+. Hechos victimizantes como las amenazas, el desplazamiento forzado, el confinamiento, tentativas de homicidios, homicidios y femicidios consumados —sumado a la estigmatización de los cuerpos, maternidades forzadas, prohibición del tránsito de género, la pobreza y precariedad como lugar común y el desconocimiento del accionar político, al igual que la presencia de acciones mayoritariamente hacia las personas en alto nivel de liderazgo, con visibilidad o apuestas en su expresión de género diversas— da cuenta de que, además de la instrumentalización, también hay un interés claro de que los liderazgos diversos no sea visibles y no ocupen lugar en los territorios urbanos y rurales que ellos controlan.
Finalmente, el texto hace un abordaje muy significativo sobre las resistencias y persistencias de las personas LGBTIQ+ de apostar al proyecto político desde la diversidad sexual y de género, pero a la adversidad del conflicto armado, allí un proyecto de vida libre de violencia y de controles propios de los actores del conflicto que ponen en riesgo la vida. El tránsito de ser víctima construye una ciudadanía plena, es el requisito necesario para poder superar el conflicto armado para las personas sexo-género diversas. Esto implica tres grandes acciones, que son reclamadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica: a. Un Estado local que reconozca la vida de las personas LGBTIQ+ y promueva las acciones necesarias para su goce efectivo; b. Una comunidad sensibilizada y comprometida con compartir las acciones colectivas y comunitarias con las personas sexo-género diversas; c. Las facilidades para que las personas LGBTIQ+ puedan desarrollar sus proyectos individuales y colectivas en libertad desde la diversidad sexual y de género; 4. Que los actores del conflicto reconozcan, respeten y no pongan en riesgo la vida de las personas sexo-género diversas, ni qué condiciones su dignidad y libre desarrollo de la personalidad; y 5. En concurso de toda la sociedad en su conjunto, requerimos, no solo que Colombia ponga fin a las causas que hacen que perviva le conflicto armado, sino también a poner fin a las causas estructurales de la discriminación y exclusión que hacen muy difícil la vida de las personas LGBTIQ+.
El texto cierra con un cuerpo de recomendaciones clave para construir un país libre de violencias. Estas responden parcialmente a una pregunta estructural presente en el informe: ¿cuál es el límite entre la violencia estructural y la violencia que sufren las personas de los sectores sociales LGBT en el marco del conflicto armado? ¿Dónde termina la primera y dónde comienzan las otras? Al reconocer que este límite es difuso y poroso, el informe deja un plan de trabajo para el Estado que, diez años después, sigue vigente:
- Desmontar las ideas de heterosexualidad obligatoria y las dinámicas de género establecidas que perpetúan la violencia y su naturalización.
- Abordar las condiciones de pobreza, marginalidad y precariedad derivadas de la ausencia histórica del Estado, lo que convierte a estas personas en objeto de violencia por parte de todos los actores.
- Proponer transformaciones estructurales en la cultura ciudadana, más allá de los avances normativos que, aunque significativos, no siempre se traducen en bienestar para las personas en los territorios.
- Garantizar sujetos libres que construyan procesos y promuevan acciones de visibilización.
- Transformar la cultura ciudadana y asegurar la existencia de instituciones éticas que garanticen los derechos de estas personas, en las que el Estado proteja y el conflicto no les afecte.
- Implementar instrumentos especiales, enfoques diferenciados y rutas claras de acción.
- Asegurar la reparación con garantías de no repetición y medidas de satisfacción para la memoria histórica.
“Aniquilar la diferencia”, a diez años de su publicación, fue el primero de una nutrida producción investigativa del Estado sobre la afectación del conflicto armado a las personas LGBTIQ+. A este le siguieron dos informes más del CNMH: Ser marica en el marco del conflicto armado. Memorias de los sectores LGBT en el Magdalena Medio (2019) y Un carnaval de resistencia. Memorias del reinado trans del río Tuluní (2018), así como el reciente volumen Mi cuerpo es la verdad, de la Comisión de la Verdad (2022).
Estos textos siguen vigentes no solo como herramientas clave para reflexionar sobre cómo superar el conflicto armado y sus causas estructurales, sino también porque evidencian que las personas sexo-género diversas siguen siendo víctimas de una violencia desproporcionada. Su diversidad sexual y de género continúa siendo un factor de agravamiento en la afectación a sus proyectos de vida. Además, representan herramientas fundamentales para que el Estado, tanto a nivel nacional como local, no solo consolide los esfuerzos de paz, sino que asuma el compromiso de garantizar una vida digna para las personas LGBTIQ+.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo