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Se radica en el Congreso el PL ‘Nada que curar’, que busca prohibir las prácticas de conversión en Colombia

Acompañaremos el proceso legislativo de este proyecto en el Congreso de la República hasta que sea materializado como una ley en el país. Las prácticas de conversión siguen impactando a diario las vidas de las personas LGBTIQ+ en Colombia.

01 de octubre de 2024. Hoy se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley Nada que Curar. Este PL busca proteger a las personas LGBTIQ+ y promover el respeto por la libertad individual y la autonomía de quienes tienen orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En la radicación se resaltó la importancia de comprender que las prácticas de conversión, aunque encubiertas y clandestinas, siguen siendo una realidad que afecta a muchas personas hoy en día. Se estima que en Bogotá ocurren aproximadamente 40 sesiones diarias y hasta 80 semanales de estas prácticas. Aunque a menudo se realizan en secreto, su impacto en la salud mental y emocional de las víctimas es devastador.

Desde Caribe Afirmativo hemos acompañado de cerca este proceso y exhortamos al Congreso a acoger el proyecto de ley, reconociendo la importancia de eliminar cualquier forma de violencia contra la autodeterminación individual. Es fundamental para la sociedad colombiana respetar el derecho de cada persona a decidir libremente a quién amar y cómo expresar su identidad de género.

¿Qué son las prácticas de conversión?

Las mal denominadas “terapias” de conversión no tienen base científica y es por esto que el proyecto de ley elimina la conceptualización de terapias y las llama prácticas. Adicionalmente, el PL rescata que dichas prácticas no se relacionan en lo absoluto con procesos de reflexión espiritual o acompañamiento religioso, ya que estas no buscan alterar la identidad o la orientación sexual de las personas, sino más bien acompañar el proceso de autorreconocimiento de cada persona. En contraste, las prácticas de conversión abarcan desde humillaciones verbales hasta métodos de choque, poniendo en riesgo la salud física y mental de quienes las padecen. Entre sus efectos se encuentran la ansiedad, la depresión, el aislamiento social y, en muchos casos, el suicidio.

El proyecto de ley presentado establece un tipo penal autónomo para las prácticas de conversión, permitiendo mejorar los canales de denuncia y el acceso a la justicia. A diferencia de la legislación anterior, que consideraba estos actos como agravantes de otros delitos, ahora se propone que constituyan un delito específico, con penas claras para quienes las promuevan o ejecuten.

¿Por qué no son visibles?

Uno de los mayores desafíos para enfrentar este problema es su naturaleza clandestina. Estas prácticas no suelen ser denunciadas debido al estigma, el miedo y la presión social. Sin embargo, informes recientes sugieren que muchas de estas sesiones se llevan a cabo en entornos que deberían ser seguros, como iglesias o grupos familiares, donde adolescentes y jóvenes LGBTIQ+ son sometidos a estas prácticas bajo el pretexto de “corregir” su orientación o identidad de género.

#NadaQueCurar y #QuiéreleSiempre

Bajo los lemas #NadaQueCurar y #QuiéreleSiempre, la campaña asociada al proyecto de ley busca generar conciencia social sobre la necesidad de proteger la determinación individual de cualquier forma de violencia o coerción. Este proyecto no está relacionado con los procesos de hormonización o reafirmación de género, los cuales son decisiones personales y médicamente asistidas, sino que pone énfasis en prohibir y sancionar las prácticas abusivas que intentan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas.

Prevención y no repetición

El proyecto también contempla acciones para prevenir estas prácticas y garantizar que no se repitan. Además, se refuerza la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del CIE-11, que establece claramente que las orientaciones sexuales e identidades de género no son patologías y, por lo tanto, no deben ser objeto de diagnóstico ni de intentos de “curación”.

Este esfuerzo legislativo es un paso importante hacia la erradicación de la violencia contra la diversidad sexual y de género, promoviendo un país más inclusivo y respetuoso con los derechos de todos sus ciudadanos.

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