21 de septiembre de 2020. Desde Caribe Afirmativo nos sentimos profundamente preocupados por el aumento en los casos de violencia que está atravesando nuestra región. No solo en vista de los indignantes hechos que ocurrieron ayer y en días pasados en Montelíbano, Córdoba (Caribe Afirmativo, 16 de septiembre de 2020) y en el departamento de Bolívar (El Universal, 16 de septiembre de 2020), sino también por el incremento de las cifras reveladas al respecto y la frecuencia con las que se están presentando durante estos días del mes de septiembre.
Indudablemente el 2020 ha sido un año complejo para Colombia, la violencia no ha cesado y pareciera acrecentarse cada vez más. El mes de agosto fue uno de los más violentos, considerando la alta cifra de masacres registradas; en total fueron más de 55 casos. Igualmente preocupante fueron los cortos periodos de tiempo para la comisión de estas, al menos 3 masacres en menos de 48 horas en territorios históricamente afectados por el conflicto armado (El Espectador, 09 de septiembre de 2020). Frente a estos, en la región se cuentan por lo menos 5, de las cuales 2 han sido en Córdoba y 3 en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena (El Tiempo, 31 de agosto de 2020).
Asimismo, se ha revelado una cifra escalofriante: más de 8000 homicidios entre el primero de enero hasta el 13 de septiembre, lo que deja un aproximado de 33 asesinatos por día. Entre las ciudades con mayor acumulado de estas conductas se encuentran: Barranquilla, ocupando el cuarto lugar, superada solo por Medellín, Bogotá y Cali (Noticias Uno, 15 de septiembre de 2020). En comparación con el año anterior, se puede observar un crecimiento considerable puesto que en agosto de 2019 la cifra de homicidios en el país redondeaba los 7.602 casos (El Tiempo, 01 de octubre de 2019).
Por otro lado, muy recientemente la Defensoría del Pueblo lanzó también un llamado de atención frente a la cantidad de homicidios/feminicidios motivados por prejuicios contra personas LGBTI. Desde enero y durante el periodo de aislamiento obligatorio, se registraron 63 casos, de los cuales 22 de estos fueron en departamentos que integran la región Caribe (Defensoría del Pueblo, 15 de septiembre de 2020).
Con esto se evidencia que la región afronta una profunda crisis de seguridad y garantía del derecho fundamental a la vida de sus habitantes que es imposible ignorar. La pandemia no solamente ha afectado indicadores socioeconómicos, sino que también ha permitido a los distintos actores armados y perpetradores de estas conductas obrar con mayor impunidad, a lo que se adiciona una presencia institucional intermitente. Reconocemos los esfuerzos de distintas entidades de orden territorial y central, pero es innegable que la transición abrupta a la atención virtual no responde a las dinámicas sociales del país.
Instamos a las autoridades de todos los órdenes para que intensifiquen los esfuerzos para investigar y judicializar a los responsables de estas vulneraciones de derechos humanos; para prevenir y promover una cultura de paz efectiva que garantice la vida de sus integrantes, en particular de aquellas poblaciones y comunidades que enfrentan un mayor grado de riesgo y exposición a la violencia en razón de características territoriales, étnicas, etarias, de género, entre otras.