Además, la JEP enfrenta la responsabilidad de emitir nuevas decisiones judiciales en macrocasos que imputen hechos y conductas.
09 de febrero del 2024. En el complejo contexto de la búsqueda de justicia y reconciliación en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como componente de justicia del Acuerdo de Paz, constituye una institución clave para enfrentar los desafíos derivados del conflicto armado. En el transcurso del año 2024, la JEP se encuentra ante una serie de retos significativos que demandan atención particular y estratégica. Entre estos desafíos se incluye la puesta en marcha del caso 011, que aborda la violencia sexual, así como la vital tarea de garantizar la seguridad tanto de las víctimas como de los comparecientes. Además, la JEP enfrenta la responsabilidad de emitir nuevas decisiones judiciales en macrocasos que imputen hechos y conductas. Sin embargo, uno de los desafíos más cruciales reside en conservar su legitimidad ante posibles intentos de desacreditar su labor y cuestionar su papel en la transición hacia una paz sostenible y justa en Colombia. Ante estos desafíos, la JEP se enfrenta a la tarea de mantener su integridad y su compromiso con la justicia, la verdad y la reparación integral para todas las víctimas del conflicto armado en el país.
De manera general, merece la pena acotar que, para el momento de la presentación de este documento, la JEP ha acreditado a más de 9.170 víctimas individuales y a 325 sujetos colectivos en los diferentes macrocasos, de los cuales se estima que están integrados por más de 338.430 víctimas.
Del mismo modo, hasta la fecha, 13.971 personas han suscrito actas de compromiso y sometimiento ante la JEP, es decir, que este es el número de personas que actualmente se encuentran sometidas, investigadas y judicializadas por el Alto Tribunal. De esta cifra, 9.881 comparecientes corresponden a ex miembros de la extinta guerrilla de las FARC-EP, 3.906 a miembros de la Fuerza Pública y 184 a terceros no pertenecientes a las FARC-EP o a la Fuerza Pública, tales como funcionariado público o empresarios y empresarias que cometieron o coadyuvaron a la comisión de hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.
Ahora, respecto del avance en las investigaciones, si bien hay algunos macrocasos que han agilizado mucho más, como el Caso 01 y el Caso 03, hay otros en los que aún no se cuenta con autos de determinación de hechos y conductas, como es el Caso 04, razón por la cual estas dilaciones representan el primer reto para la jurisdicción. Hasta el momento, se han proferido 9 autos de determinación de hechos y conductas (ADHC), es decir, imputaciones por crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de comparecientes, y se han celebrado 5 audiencias públicas de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
Para la muestra, en el Caso 04 aún se está a la espera del primer ADHC, y en el Caso 05, se espera que se profiera el primer ADHC que analice y atribuya responsabilidad por hechos de violencia sexual y de género, ya que en el único proferido hasta el momento (Auto 01 del 1 de febrero de 2023), que determinó los hechos y conductas atribuibles a la responsabilidad de algunos miembros de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, que hacían parte del antiguo Bloque Occidental de las FARC-EP, expresamente manifestó que el análisis de hechos de violencia sexual, violencia basada en género y otras violencias motivadas en la orientación sexual, identidad y expresión de género de las víctimas, se realizaría en otra oportunidad posterior.
Frente a tal situación, preocupa que sea la misma JEP quien continúe con las mismas prácticas de la justicia ordinaria, caracterizada por las injustificadas dilaciones y la ausencia e infravaloración del análisis de las violencias basadas en género. Por el contrario, se espera que las futuras decisiones judiciales en estos macrocasos vayan en sintonía con el más reciente ADHC proferido en el Caso 02 (Auto No. 03 del 5 de julio de 2023), en donde se reconoció la perpetración del crimen de persecución contra personas LGBTI con el objetivo de castigarlas por lo que la sociedad considera que es “no ser verdaderos hombres o mujeres”.
Sobre este punto, vale la pena resaltar que, a partir del rechazo que generó la ausencia de análisis de las violencias basadas en género en el Caso 05, el despacho resolvió (Auto 141 del 27 de abril de 2023) decretar la prueba denominada peritaje técnico antropológico con enfoques étnico territorial y de género para establecer las afectaciones causadas por la violencia sexual y otras violencias basadas en género a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, a las mujeres y a las personas con orientación sexual y de género diversa.
Esta prueba judicial, la cual fue decretada en virtud de una solicitud realizada por la Corporación Caribe Afirmativo, permitió la visita de la experta internacional Rita Segato para la discusión de metodologías y apreciaciones de las organizaciones representantes respecto al peritaje técnico antropológico con enfoque étnico territorial y de género en este macro caso. En este sentido, la práctica de esta prueba hará que los ojos de las organizaciones que representan a víctimas de violencia de género estén puestos sobre este caso, dado que las resultas del mismo permitirán la imputación de este tipo de crímenes, atendiendo al contexto de las violencias, y servirá de referencia para otros macrocasos.
Por otro lado, otro de los retos que tiene la JEP en este año resulta ser el poner efectivamente en marcha el Macrocaso 11 sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado. Cabe recordar que mediante Auto SRVR No. 05/2023 se resolvió sobre su creación, tras más de un año de espera, por cuanto en julio de 2022, la Sala de Reconocimiento de la JEP ya había decretado la apertura de la etapa de agrupación y concentración de dicho caso, sin que se resolviera de manera efectiva sobre el mismo.
En dicho auto, se comunicó que el Macrocaso 11 estará comprendido por 3 sudcasos así: 1.) Violencia basada en género contra personas civiles cometida por miembros de las FARC-EP; 2.) Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la Fuerza Pública y; 3.) Violencia intrafilas: violencia sexual, reproductiva y otras violencias basadas en el género y por prejuicio al interior de la fuerza Pública y de las FARC.
Así las cosas, frente al Macrocaso 11, la JEP tiene el mayor número de retos en este 2024. Con este, se debe garantizar el acceso a la verdad, la justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual, cuyas dilaciones en su apertura ha afianzado los obstáculos de acceso a la justicia para las mujeres y las personas LGBTI. Igualmente, porque debe garantizar la aplicación efectiva del enfoque diferencial de género mediante estrategias que eviten la negación de la violencia sexual por parte de los comparecientes y la revictimización. Del mismo modo, otro gran reto es que no se atribuya en cabeza de las víctimas la responsabilidad de establecer los hechos victimizantes y la identificación de los responsables. En consonancia con lo anterior, emerge el desafío de otorgar valor probatorio relevante a los testimonios de las víctimas y a los elementos contextuales en el que se produjeron las violencias y dan cuenta de la discriminación de género y la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI. Finalmente, dada la forma en que está subdividido el caso, el cual está integrado por 3 magistradas, resultará interesante lograr que no haya mucha diferencia en la conducción de cada uno de los sudcasos, en cuanto a la participación de audiencias, el análisis de patrones de macrocriminalidad y la práctica probatoria se refiere, dado que si algo ha imperado en la JEP estos años, ha sido la falta de armonía entre los distintos despachos relatores, cuestión que de manera general, también es otro reto para este año.
En otro sentido, otro de los mayores retos de la JEP y más específicamente en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) se centra en garantizar la protección de las víctimas y comparecientes, ya que cada vez son más las solicitudes de análisis de riesgo y protección, la denegación de las mismas, la falta de efectividad de las medidas ya decretadas, así como la ausencia de aplicación de enfoques diferenciales de género.
Como es notorio, existe una grave situación de seguridad que enfrentan las víctimas y comparecientes en diferentes lugares del país, debido al acrecentamiento de la inseguridad y acciones armadas por parte de nuevos grupos armados al margen de la ley. Este panorama ha puesto en evidencia las falencias por parte del Estado y, en específico, de la UIA para poder otorgar medidas de protección efectivas en favor de las víctimas amenazadas. La vulnerabilidad de estas ante nuevas amenazas y riesgos persistentes es evidente, y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades contribuye a agravar su situación.
Para la muestra, en hechos del pasado 7 de febrero de 2024, fue asesinado en Ortega (Tolima) Aldinebin Ramos, un miembro de Chaparral Diversa, cuarto sujeto de reparación colectiva LGBTIQ+ en Colombia. Así las cosas, es imperativo que se aborde de manera urgente esta problemática, asegurando la implementación de medidas concretas, eficientes y diferenciadas para garantizar la seguridad y el bienestar de comparecientes que se han sometido al proceso de paz y a víctimas que han sido afectadas por el conflicto armado.
Finalmente, un gran reto que se agudizó recientemente tiene que ver con la legitimidad de la JEP y de sus decisiones judiciales. Con base en la carta remitida por el antiguo secretariado de las FARC al presidente de la República Gustavo Petro, del pasado 7 de febrero de 2024, en donde se expone que podrían apartarse de las decisiones del Alto Tribunal porque se está, entre otras, afectando su seguridad jurídica por la apertura de nuevos macrocaso y por la expulsión unilateral de comparecientes, su legitimidad quedó nuevamente en amenaza.
Ante estas declaraciones, la JEP presentó el Comunicado No. 8, en donde recalcó que sus actuaciones se ejecutan en el marco de la Ley, con el mayor rigor y transparencia, e instó a todas las partes y a la comunidad a velar por el respeto y autonomía de la Jurisdicción. Ante este panorama, la JEP tendrá su reto más importante, y es el de resguardar la legitimidad de su establecimiento y de sus decisiones que, de acuerdo con diferentes sectores políticos, ha estado en entredicho desde que resultó victorioso el “No” en el plebiscito realizado por la paz.
En definitiva, el año 2024 presenta una serie de desafíos significativos para la Jurisdicción Especial para la Paz, destacando la importancia de la puesta en marcha del caso 011 de violencia sexual, la garantía de seguridad para las víctimas y comparecientes, así como la emisión de decisiones judiciales en macrocasos que aborden hechos y conductas en contra de los responsables. No obstante, uno de los retos más importantes radica en preservar la legitimidad de la JEP frente a intentos de desacreditación. En medio de estos desafíos, la JEP continúa siendo una pieza fundamental para la construcción de la paz y la justicia en Colombia, reafirmando su compromiso con la verdad, la reconciliación y la reparación integral para todas las víctimas del conflicto armado.