Asimismo, el proyecto excluye la orientación sexual y/o identidad de género de la lista de características protegidas contra la discriminación.
15 de julio de 2024. En la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de la República Dominicana se está tramitando un proyecto para un nuevo código penal para el país. Sin embargo, han surgido preocupaciones debido a la posible violación de los artículos 38, 39 y 74 de la Constitución Dominicana, especialmente en relación con los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación.
El proyecto de ley, aprobado en primera lectura por el Senado el 26 de junio, mantiene la prohibición total del aborto en el país, lo que implica sanciones de prisión para mujeres, doctores, enfermeras y parteras que participen en la realización de un aborto. Además, reduce las penas por violencia sexual dentro del matrimonio, clasificándola como “actividad sexual no consentida”.
Asimismo, el proyecto excluye la orientación sexual y/o identidad de género de la lista de características protegidas contra la discriminación, lo que impide una protección igualitaria para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTIQ+). Esta medida reduce la prohibición de la criminalización de la discriminación y abre la puerta a la (i) criminalización de prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, (ii) persecución de personas sexo-disidentes y (iii) se legaliza la homofobia. En este contexto se quita el reproche social a la apología de odio, uno golpe grave en los avances del movimiento LGBTIQ+ dominicano, quienes han luchado vehemente por la transformación de prejuicio, imaginarios y discursos excluyentes.
Entre otros puntos destacables del proyecto de código penal se encuentran:
- Imprescriptibilidad de la corrupción: El proyecto busca eliminar la imprescriptibilidad de la corrupción, reduciendo el tiempo de prescripción a 20 años. Esto se considera un retroceso en la lucha contra la corrupción, especialmente en un país con un historial de irregularidades en el manejo de recursos públicos.
- Jurisdicciones penales militares: El proyecto revive las jurisdicciones penales militares, otorgando un trato especial a las fuerzas militares. Esto es problemático dado el historial de violaciones a los derechos humanos en el país.
- Exención de responsabilidad penal de personas jurídicas: El proyecto plantea una exención de responsabilidad penal para personas jurídicas, incluyendo al Estado dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, ayuntamientos, distritos municipales, juntas de distritos municipales e iglesias. Esto podría provocar impunidad en casos de agresión sexual o corrupción dentro de las iglesias y legitimar prácticas como las terapias de conversión.
- Disciplinamiento violento en el hogar: El proyecto permite el disciplinamiento violento en el hogar, lo cual representa un grave retroceso en la protección de los derechos de la niñez, desconociendo tratados y convenciones internacionales que comprometen a los Estados a proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).