30 de abril de 2020. Desde que se prendieron las alarmas por la fácil y rápida propagación del nuevo coronavirus se empezó a evaluar el aislamiento social como principal medida de mitigación de este, tomando como modelo a otros países del mundo que ya empezaban a sentir los fuertes golpes de la pandemia, a nivel social y económico; principalmente, llevando a colapsar sus sistemas de salud.
En Colombia se decretó el inicio de la cuarentena nacional el pasado 21 de marzo, con ausencia de medidas de prevención social que permitieran dar una respuesta inmediata, por parte del gobierno, a los riesgos a los que estaban expuestas las poblaciones vulnerables y quienes históricamente no son tenidas en cuenta cuando se adoptan este tipo de acciones.
Dentro de estas poblaciones se encuentran las personas migrantes LGBTI, quienes son doblemente vulnerables; primero, por su situación, la cual, los expone a situaciones de xenofobia y discriminación. Segundo, que en su gran mayoría no se encuentran con situación migratoria regularizada, se dedican al trabajo informal, al trabajo sexual, viven con VIH/Sida y no cuentan con condiciones suficientes para su subsistencia.
Estas condiciones han llevado a que el bienestar social de las personas migrantes venezolanas LGBTI, durante el aislamiento social (de la cual es responsable es el estado), hayan empeorado. El desmejoramiento de las condiciones de vida de estas personas ha llevado a la lumpenización de su ciudadanía dentro del sistema social, ante la mirada evasiva del gobierno nacional.
Si bien los gobiernos locales, las organizaciones de bases y las agencias de cooperación internacional han hecho esfuerzos humanitarios para atender a la población en riesgo; estos esfuerzos no logran suplir las ineficiencias del gobierno nacional que no ha sido capaz de atender de forma transversal las situaciones precarias que enfrentan las poblaciones históricamente marginalizadas e ignoradas por las políticas públicas.
La ineficiencia del estado para atender a la población migrante y la necesidad de estas personas por cubrir sus necesidades básicas los ha expuesto a nuevas formas de xenofobia. Este es el caso de cadenas falsas de WhatsApp donde se les invita a realizar retiros de subsidios destinados a personas migrantes en entidades financieras o centros administrativos de los municipios. Esto constituye un ejemplo de violencia dirigida hacia un grupo específico poblacional y que buscar causar una desestabilización de las personas migrantes que caen en estas mentiras.
En vista de esta nueva realidad que los ha afectado fuertemente, muchos han optado por unirse al programa del gobierno venezolana “Vuelta a la patria”. Este programa es un plan asistencial que ofrece apoyo logístico, diplomático y económico a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que desean regresar a Venezuela.
Para inicios de abril el gobierno nacional dispuso de un corredor humanitario para las personas migrantes que han decidido acogerse a este programa y desean regresar voluntariamente a Venezuela. Si bien esta medida surge como una ayuda para la población migrante venezolana en situación vulnerable, no se han tenido en consideración todas las aristas del escenario de retorno.
El realizar este tipo de medidas de manera improvisada, lleva a exponer a riesgos a las personas migrantes venezolanas, y aún más, a las que pertenecen a grupos que requieren especial protección, como las personas LGBTI. A raíz de esto se han podido identificar situaciones que recrudecen las violencias y que vulneran los derechos humanos de la población migrante venezolana.
Una de estas situaciones que causa preocupación es el incremente de declaraciones con tintes xenofóbicos por parte de los y las funcionarios públicos. Así, el corredor humanitario ha sido una forma fácil y deshumanizante en la que pueden liberarse del problema sin tener que ejecutar una política social integral de atención a las personas migrantes. Muchos ahora mismo sólo buscan disponer de medios transporte para llevarlos a la frontera y dejarlos abandonados sin ningún tipo de garantías.
Además, que esto también ha llevado a que organizaciones al margen de la ley, saquen provecho de la falta de información de los migrantes venezolanos para generar un beneficio económico. Esto no es una novedad, ya que en los puntos fronterizos se sabe que estos grupos tienen control territorial y económico de las “trochas”.
Las personas que se disponen a hacer uso de esta ayuda “humanitaria” para llegar a la frontera pueden llegar a encontrarse con la novedad de tener que esperar días o dormir en un autobús hasta que tengan el aval para poder dirigirse hasta la frontera. En el caso puntual de la ciudad de Bogotá, la espera por la lenta respuesta de Migración Colombia para el aval del paso de los migrantes venezolanos hacia el puente fronterizo, llevo a que estos bloquearan la autopista en señal de protesta por el letargo en las decisiones de la institución.
A esto hay que sumarle la cantidad de personas que en medio del desespero por a la situación de salud pública y su situación de extrema pobreza, deciden caminar hasta el punto fronterizo. Estas situaciones violan por completa las medidas de salubridad que se deben tomar en medio de la pandemia sanitaria, aumentando de manera abrupta las posibilidades de contagiarse con el nuevo coronavirus.
Al llegar a la frontera a situación no mejora, algunos tienen que esperar hasta dos días para poder cruzar la frontera. Cuando logran acceder al paso fronterizo deben esperar en una terminal en condiciones de habitabilidad paupérrimas: hacinamiento, durmiendo en el piso y sin servicios básicos. En la frontera se han registrado represamiento de personas ya que los espacios dispuestos para la estadía no cumplen con las condiciones para albergar a todas las personas venezolanas que han decidido retornar.
Esto ha llevado a que desde algunos estados fronterizos de Venezuela se lleven a cabo acciones que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes que han decidido volver a Venezuela. Por ejemplo, en el caso del alcalde de Paez, municipio venezolano del paso fronterizo de Arauca, que decidió bloquear el corredor humanitario no dejando pasar más ciudadanos y ciudadanas venezolanas.
De igual forma en estos lugares improvisados donde se alojan las personas se vuelven centros militares donde no se les permite quejarse y son maltratados físicamente al hacerlo. Aquí tienen que permanecer en cuarentena durante más de 14 días, sin mejora en las condiciones de vida principal motivo por el que algunos decidieron acogerse al plan.
Todas estas violencias y discriminaciones son el resultado de una “ayuda humanitaria” improvisada que da como resultado mas espacios de vulneración a los derechos humanos de las personas migrantes.
Sobre todo, de las personas migrantes LGBTI, quienes se encuentra en una mayor situación de vulnerabilidad. Las personas migrantes venezolanas LGBTI se desenvuelven en su día a día en trabajos informales, trabajo sexual, comercio informal, entre otros. En estos espacios son donde mas se les discrimina y se les agrede por su doble condición: migrante y LGBTI.
Estos espacios sin control de las entidades que deben proteger los derechos de los ciudadanos llevan a que distintos actores de la sociedad cometan agresiones y vulneren los derechos de las personas LGBTI migrantes. De esta forma, al crear espacios como el corredor humanitario de manera improvisada sin tener en cuenta los distintos aspectos de estos procesos lo que ocasiona es la extensión del contínuum de violencia en el proceso migratorio, exponiendo más a las poblaciones más vulnerables, como las personas LGBTI que deciden volver.
Aunque no hay datos exactos debido a la falta de aplicación de un enfoque diferencial por parte de Migración Colombia, se puede estimar que hay un alto porcentaje de personas LGBTI que deciden migrar, debido a que son las que se encuentran en mayor situación de pobreza en Colombia.
Algunos no han podido salir a las calles que es su espacio de trabajo, ya sea porque son vendedores ambulantes o ejercen el trabajo sexual. Esto los puede decidirse por acogerse a las medidas de los gobiernos de Colombia y Venezuela para regresar a su país de origen. Sin embargo, esta medida no presenta ningún tipo de control y durante el proceso se van a llegar a ejercer acciones de violencia simbólica, psicológica y físicas a raíz de la orientación sexual, identidad y expresión de género.
Estas violencias son ejercidas naturalmente por: entidades estatales y grupos al margen de la ley. Ambos actores participes y que controlan momento distintos del proceso de regreso a casa. Esto se sabe por parte de sociedad civil y reporte de organizaciones de base donde se denuncia que los grupos al margen de la ley para manejar el transporte hacia la frontera al igual que los pasos fronterizos ilegales del lado, en el caso de Colombia. Y en la caso de Venezuela, grupos criminales controlan el paso fronterizo y la guardia nacional los espacios donde venezolanas y venezolanos tienen que pasar la cuarentena.
Este proceso no cuenta con ningún tipo de garantía de protección de los derechos humanos a las personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa. Por lo que preocupa bajo que condiciones se está dando este retorno para personas migrantes venezolanas LGBTI principalmente las que resultan más vulnerables dentro de los vulnerables, como las mujeres trans trabajadoras sexuales, personas trans en proceso de hormonización y personas que viven con VIH/Sida.
Por eso, desde el gobierno nacional se debe garantizar que las personas migrantes venezolanas LGBTI no se les violente con base en su orientación sexual, identidad y expresión de género; ejerciendo un mayor control en los distintos momentos de acceso al corredor humanitario.
De igual forma se debe garantizar a las personas que viven con alguna enfermedad crónica o infecciosa el acceso a su tratamiento por un periodo prolongado de tiempo para que aun estando en su país de origen tenga la posibilidad de tomar los medicamentos.
Así mismo el gobierno nacional en articulación con los gobiernos locales, deben brindar la protección necesaria para que los proteja de un posible contagio así como garantías de que al tener que esperar por días el paso en las fronteras lo harán en condiciones digna que no vulneren sus derechos fundamentales.
Exhortamos a los gobiernos nacionales y locales que las medidas que se tomen para atender los asuntos del fenómeno migratorio, se hago como un esfuerzo consciente y planeado de mejorar bienestar de todas las personas que habitan el país y no como una forma de salir del paso.