2 de abril de 2020. En las últimas semanas, se ha visto un recrudecimiento de los casos de violencia hacia los líderes y lideresas LGBTI, así como contra las personas LGBTI en general. Los casos más recientes se presentan en Antioquia, Bolívar, Magdalena y Atlántico.
El pasado 25 de marzo, John Restrepo, fundador de la Casa Diversa de la Comuna 8 y activista LGBTI por más de 10 años, fue atacado por tres hombres con armas cortopunzantes, presuntamente integrantes de un grupo armado al margen de la ley, quienes le propinaron múltiples puñaladas, intentando asesinarlo y dejándolo con graves heridas en su cuerpo. (Lea la nota completa aquí).
Mientras tanto en Bolívar, Kaleth Mejía, un líder social gay del municipio de San Pablo, ha sido víctima constante de amenazas y amedrentamientos en interés de que cese su labor comunitaria en su territorio, pues Mejía es un hombre que ha luchado incansablemente por el mejoramiento de las condiciones sociopolíticas de su municipio, por lo cual, fue candidato también al concejo de San Pablo por el partido Centro Democrático en las pasadas elecciones regionales. Actualmente, se desempeña como vicepresidente de la Mesa LGBTI de su municipalidad.
Ya en 2019, siendo candidato al concejo, fue víctima de un atentado armado: delincuentes encapuchados realizaron disparos al aire mientras él caminaba por las calles con el propósito de amedrentarlo en su aspiración de conseguir una curul en el concejo municipal. Tras este suceso, Mejía presentó las denuncias pertinentes, siéndole otorgado un chaleco antibalas y un botón de pánico como protección en caso de presentarse cualquier eventualidad.
No obstante, una vez concluyó la campaña electoral, le retiraron estos dispositivos. Luego de su breve paso por la política local, ha sido blanco constante de llamadas amenazantes e incluso víctima de apedreamientos a su casa, donde reside con su madre, una mujer de 84 años. Hasta el momento, Kaleth ha interpuesto tres denuncias ante la Fiscalía.
El mismo Kaleth, en una entrevista concedida a la Corporación Caribe Afirmativo, comentó sobre el abandono estatal que sufre su población. Para él, en San Pablo, el Estado no hace presencia. Prueba de ello es que, a pesar de haber interpuesto muchas denuncias, a la fecha no se le ha aplicado ningún esquema de seguridad para salvaguardar su vida e integridad física.
En Magdalena, por su parte, permanece sin esclarecer el asesinato de una mujer lesbiana en zona rural de Sevilla, Magdalena. La víctima se llamaba Fidelina Esther Camargo Guerrero, de 44 años de edad, oriunda de Puebloviejo, Magdalena. Los hechos, según lo relatado, ocurrieron el pasado 9 de marzo, cuando la mujer se encontraba en el patio de su domicilio y dos motorizados ingresaron con armas de fuego, disparándole hasta dejarla gravemente herida para, luego, darse a la huida. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendida, pero murió dentro de la ambulancia camino al hospital. (Lea la nota completa aquí)
Asimismo, en la capital del Atlántico, se produjo el ataque armado a una pareja de mujeres abiertamente lesbianas en el barrio “La Chinita” que dejó como saldo una víctima mortal y otra herida. Según una entrevista de un pariente, concedida a Caribe Afirmativo, los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la noche del día 22 de marzo, cuando alias “Manuelito”, presunto familiar de una de las víctimas, entró al domicilio donde residía la joven pareja que ya tenía tiempo de vivir juntas. El hombre armado disparó hiriendo a su prima, Miladis Martínez, e hiriendo de muerte a su pareja, la occisa se identificó como Lidia Gamero de 34 años, oriunda del municipio de Sabanagrande, Atlántico. (Lea la nota completa aquí).
En este sentido, la cuarentena ha agudizado la situación de violencia hacia líderes, lideresas y personas LGBTI en muchos municipios de la región. Cabe resaltar que todos los casos que se presentaron anteriormente sucedieron en un lapso no mayor de tres semanas, lo que debería encender las alarmas de los gobiernos locales para que diseñen e implementen estrategias de protección y seguridad que mejoren la situación de derechos tanto de los y las lideresas sociales LGBTI, así como de las personas LGBTI en general.