A un año de conocer las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, acciones como el Plan de Desarrollo que ha entrado en vigor y el funcionamiento asertivo del Ministerio de Igualdad son respuestas concretas del gobierno a los hallazgos del informe que llaman la atención para garantizar con urgencia la vida digna de las personas LGBTIQ+.
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), conocido justo el 28 de junio del 2022 (Día del orgullo LGBTIQ+), respondiendo al interrogante ‘¿Qué provocó la guerra?’ no solamente estuvo a la altura de su mandato de dar cuenta de las motivaciones que activaron y mantuvieron el conflicto armado más extendido del hemisferio —que cobró la vida de millones de civiles y deterioró el valor de la dignidad humana de las personas en Colombia, identificando, entre otras, las acciones que se activaron en la guerra de forma desproporcionada a los grupos poblacionales históricamente excluidos, como las personas LGBTIQ+, que diera cuenta de las acciones exacerbación del conflicto armado motivados por el desprecio a la sexualidad y el género— sino que, además, haciéndose la pregunta ‘¿Cómo hacer que esto no se repita?’, entregó al país un grupo de recomendaciones para superar el conflicto armado y consolidar la convivencia pacífica. Esto se hizo pensando en el restablecimiento de la ciudadanía plena a estos sectores de la población colombiana que el conflicto armado vino a sumar a la discriminación, exclusión y marginalidad una causa más para imposibilitar su proyecto de vida.
El sistema integral para la paz, compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como mecanismo judicial, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda como mecanismos no judiciales, enfocados los tres a garantizar, luego de la firma del Acuerdo de Paz, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición, vieron en la creación del Comité de Seguimiento y Monitoreo —que son fruto de la finalización de labores de la CEV— una estrategia de acompañamiento y verificación a cómo se implementan las acciones acordadas. En este caso, las recomendaciones, resultado de los hallazgos de la Comisión de la Verdad que, por tres años y medio, recorrió el país y habló con diferentes actores sociales, entre ellos, las personas LGBTIQ+ para entender las afectaciones generadas por el conflicto, por la carga prejuiciosa que los actores de la guerra promovieron contra la diversidad sexual y de género.
El Comité de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones de la CEV estaba ya concebido en el decreto Ley 588 de 2017 que creó el Sistema Integral de Paz, donde en el artículo 32 indicó que tiene la misión de realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad a partir de la presentación de su informe y bajo la conducción de un equipo de trabajo. Esta instancia está conformada por liderazgos de sectores sociales estratégicos, entre ellos el movimiento LGBTIQ+, conocedores de los hallazgos y recomendaciones del Informe y con un trabajo probado a favor de la paz. Este Comité, durante siete años, periodo de tiempo que la CEV estipuló el avance de dichas recomendaciones, según lo indica la resolución 019 del 26 de abril de 2022 emitida por la CEV, debe avanzar en esta tarea, activando tres acciones estratégicas que son: a. La incidencia con los actores políticos y sociales para que asuman sus responsabilidades; b. La emisión periódica de informes para dar cuenta de su monitoreo; y c. La sensibilización permanente con la ciudadanía y el Estado para que en la vida cotidiana se asuma la vigencia de cada una de ellas.
En este año próximo a cumplir —pues entró en funcionamiento el 9 de agosto de 2022—, el Comité ha logrado promover espacios de diálogo tanto con la sociedad civil desde la Red Aliada, que es el espacio de articulación que dejó en los territorios la Comisión de la Verdad, como con la institucionalidad, encargada en el gobierno actual, que tiene un compromiso explícito con la implementación de las recomendaciones y otros poderes del Estado. Entre estos últimos está la rama legislativa y judicial y el propio sistema de justicia transicional, al igual que la comunidad internacional, acompañando esa relectura y apropiación que cada ente hace con las recomendaciones en su cumplimiento misional.
En este mismo periodo de tiempo podríamos decir, mientras esperamos el primer informe de seguimiento que está pronto a ver la luz, que, en siete grandes acciones del país, se lograron ver el avance de las recomendaciones, siendo estas: 1. La aprobación del proyecto de paz total, que permite materializar el compromiso del gobierno actual con lo que llaman las recomendaciones la paz completa; 2. En la construcción, debate y aprobación del Plan de Desarrollo —que si bien no aprobó el artículo 8, que estaba relacionado concretamente con las recomendaciones— logró avances estratégicos en otros puntos; 3. En las propuestas legislativas en el Congreso de la República, en la que se materializaron algunas leyes como el estatuto del campesinado; 4. En la consolidación de la bancada por la paz en el Congreso y, en ella, el avance de propuestas legislativas concretas en materia de memoria y paz; 5. En la creación del Ministerio de Igualdad y, desde él, la atención a los grupos más vulnerables y excluidos; 6. En la discusión de la reforma política y el régimen electoral que, si bien no prosperó, logró hacer un llamado para profundizar la paridad y garantizar la participación a grupos subrepresentados; y, por último, 7. El ejercicio diplomático de proponer a la comunidad internacional pensar un cambio sustancial en la política de drogas.
En lo que se refiere a personas LGBTIQ+ y a la garantía de sus derechos, podríamos decir que, emanado de los hallazgos de la Comisión, hay dos asuntos donde se dieron avances significativos en materia de sus recomendaciones; primero, la inclusión por primera vez en el articulado del Plan de Desarrollo de acciones estratégicas, pues gobiernos pasados lograban enunciarlo en su exposición de motivos o línea base, pero no había dado el salto a acciones concretas con planes específicos. En segundo lugar, su enunciación específica en la institucionalidad, al crear dentro del nuevo Ministerio de Igualdad un viceministerio como entidad competente de los asuntos LGBTIQ+.
En el Plan de Desarrollo, se asume un compromiso concreto con diseñar e implementar mecanismos para la coordinación interinstitucional, formulación, definición y monitoreo de rutas, procesos y procedimientos de prevención, atención e investigación oportuna a casos de violencias contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y a su vez garantizar acceso a la justicia. Cumpliendo así la recomendación que en el informe llama a garantizar el acceso a la justicia y preservar la memoria de las personas LGBTIQ+
Además, el Plan de Desarrollo crea dos sistemas de registros de violencias tendientes para que el Estado cuente con información oportuna y suficiente para prevenir la violencia y crear políticas públicas. De una parte, el sistema integral de información sobre violencia contra personas LGBTIQ+, que busca entregar herramientas para investigar y prevenir violencias. Por otra parte, el sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de las violencias basadas en género (VBG), que tiene atención a las mujeres con énfasis en mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
De otro lado, la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, en cabeza de la vicepresidenta —que ya desde la creación de la Gerencia de la Diversidad, al inicio del gobierno, empezó a identificar acciones concretas para responder a las necesidades de las personas sexo-género diversas y con un anuncio claro del viceministerio de asuntos LGBTIQ+— trae consigo la articulación del Sistema Nacional de Igualdad y Equidad de género. Este sería un sistema de carácter permanente encargado del diseño, ejecución y seguimiento a políticas públicas dirigidas a poner fin a la exclusión y a los prejuicios motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género. Será este Ministerio, en articulación con el Ministerio de Interior, que es el órgano rector de la política pública, el que tiene la tarea, no sólo de actualizar y construir de forma participativa la política pública, sino acelerar su implementación, dejando claridades en responsabilidades y tareas de estos dos ministerios y de la Mesa de Casos Urgentes.
Son estos dos buenos ejemplos de que, en materia de recomendaciones relacionadas con las personas LGBTIQ+ y recogidas en el informe de la Comisión de la verdad, se ha comenzando a transitar. Sin embargo, hay tres preocupaciones que, si no se resuelven, pueden estancar el concierto de recomendaciones para garantizar la vida de las personas sexo-género diversas en la construcción de paz. Estas serían: a. El anuncio esperanzador del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Política Feminista y la actualización de la resolución 1327 sobre mujeres, paz y seguridad, con la perdida de centralidad dentro de la cancillería y su paso atrás de quitarle el título de política feminista, cambiado por política de género, puede traer retrocesos o estancamientos en el liderazgo regional en materia de paz, que se empezó a dislumbrar el año pasado en Colombia; b. En procesos tan saludables, como la ‘Escuela abraza la verdad’, la ausencia de la verdad en arcoíris y la no socialización del volumen de género, no permitirá que este abrazo a la verdad sea integral; y, por último, c. La desconexión que los gobiernos locales —que están terminando mandato— tienen con el informe y la ausencia que las recientes campañas electorales tienen con el compromiso con la verdad que, por el contrario, están traduciendo expresión de odio y de resistencia hacia los derechos LGBTIQ+. Estas pueden hacer que, en lo local, se pongan talanqueras para la reparación y las garantías de no repetición a las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex, queer y no binarias, afectadas por el conflicto armado.
Esperemos que los años que siguen las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sean parte de los planes, acciones y agendas cotidianas del Estado y la Sociedad en Colombia, y que las personas que lideran acciones en estos sectores las cumplan, como indicó el presidente en su posesión, “a rajatabla”, y la vida de aquellas más invisibilizadas, como las personas LGBTIQ+, encuentren en la paz ocasión para dignificar sus vidas.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo