“Me vine sin nada porque allá no había opción,
Pero allá tenía todo, ya me conocían, trabajaba tranquila,
Aquí no, aquí me amenazan, me excluyen y últimamente nos matan”
(Testimonio de una mujer trans trabajadora sexual que vive en Valledupar)
Introducción.
La siguiente introducción hace parte de un aparte de un texto presentado por Caribe Afirmativo para ser publicado con la Universidad Complutense de Madrid, sobre “La cooperación transfronteriza para el desarrollo”:
A partir de la migración masiva de personas venezolanas, algunos países de la región han procurado la adopción de medidas que permitan mitigar la crisis humanitaria. Si bien, el Estado colombiano ha unido esfuerzos con países como Ecuador, Perú –como miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)- y Brasil, encontramos que sus decisiones están fundadas en el carácter humanitario de las medidas dirigidas a las personas migrantes venezolanas1.
En el caso colombiano, se implementó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), que tiene por objeto recaudar información sobre la migración de venezolanos al país para la formulación y el diseño de una política integral de atención humanitaria, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) (s.f.). Asimismo, Colombia brinda acciones humanitarias a las personas migrantes venezolanas y colombianas retornando a través de la Cruz Roja y la Defensa Civil, como refrigerios, hidratación, consultas médicas, primeros auxilios, kits de abrigo, kits de aseo, alimentos, apoyo psicosocial, entre otras; por lo cual, cabe mencionar que todas las instituciones involucradas son de carácter humanitario y no guardan una relación directa con la migración.
En lo que respecta a medidas humanitarias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expuesto que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para responder de manera efectiva a las crisis humanitarias con enfoque en derechos humanos y en cumplimiento de los estándares internacionales para la protección de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, víctimas de trata de personas y desplazados internos (CIDH, 2015).
En este sentido, cuando hablamos de estos estándares internacionales en materia de derechos humanos, encontramos que las medidas adoptadas por los Estados deben ser consecuente con las obligaciones derivadas del principio de no devolución. Esto, aplicado al caso colombiano, ha sido entendido como la prohibición de devolver a las personas venezolanas que están llegando por la zona fronteriza. Sin embargo, considerando el contexto que viven las personas en Venezuela y especialmente las personas LGBTI, el Estado colombiano debe tener en cuenta la protección complementaria dirigida a las personas en necesidad de protección internacional, ya que “[l]as medidas de protección complementaria permiten regularizar la permanencia de personas que no son reconocidas como refugiadas pero cuyo retorno sería contrario a obligaciones generales sobre la no devolución, contenidas en diferentes instrumentos de derechos humanos” (CIDH, 2015).
Ahora bien, analizar las migraciones entre personas LGBT de países vecinos desde y hacia Colombia no es una situación novedosa, debido a las relaciones pacíficas que se han sostenido con Brasil, Perú, Venezuela y Panamá; dentro de estas migraciones cotidianas se puede referenciar el caso de las mujeres trans que se desplazan entre Colombia y Brasil para realizarse tratamientos hormonales en búsqueda de mayores facilidades en el acceso a los medicamentos, registrado, entre otros, por el medio de comunicación Vice (2017), sin embargo, estas no han sido objeto de la CTF.
Con respecto a la migración de personas de Venezuela a Colombia por causa de la situación de inestabilidad sociopolítica que se vive en dicho país, las personas LGBT no han sido la excepción e incluso han llegado a afirmar que dicha migración también obedece a la búsqueda de un Estado donde haya un reconocimiento de sus derechos mucho más amplio (El Espectador, 2018). En este sentido, sobre estas migraciones Caribe Afirmativo ha documentado desde 2017 que los hombres gais, mujeres lesbianas y personas bisexuales y trans han percibido una doble exclusión, no solo por causa de ser migrantes provenientes de Venezuela, sino también por causa de su orientación sexual o identidad de género.
En unas de las primeras notas al respecto, Caribe Afirmativo (2017) registró que muchas de las personas LGBT venezolanas que habían migrado a Colombia tenían dificultades para el acceso a sus derechos, principalmente en: a) el derecho a la salud, por la falta de atención médica y seguimiento de muchos tratamientos, inclusive sin acceso a medicamentos para enfermedades como VIH; b) violencia policial durante el uso del espacio público; y c) agresiones por parte de funcionarios oficiales. En todos estos casos, las personas percibían que su orientación sexual e identidad de género eran determinantes a la hora de la violación a sus derechos, especialmente en aquellos relacionados con la violencia policial durante el uso del espacio público.
Posteriormente al seguimiento, por iniciativa de Caribe Afirmativo (2018), se realizó el Primer Encuentro de Personas LGBT de Colombia y Venezuela en el mes de marzo de 2018, encontrando que no solo hacía falta la planeación y ejecución de acciones diferenciadas por parte de los gobiernos locales y el Estado para las personas LGBT migrantes de Venezuela, sino también que el tema no había sido focalizado por la cooperación internacional. Esta iniciativa no contó con el apoyo de ninguna otra agencia gubernamental o no gubernamental.
Ese Primer Encuentro fue socializado por la organización para luego, con el apoyo de Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL), una fundación de cooperación internacional alemana, realizar un Encuentro posterior en el mes de agosto de 2018, espacio en el cual se dialogó nuevamente sobre la migración hacia Colombia, su situación de derechos como migrantes LGBT, los retos que han encontrado, las oportunidades que les ha brindado la CTF y las acciones de incidencia por hacer (El Espectador, 2018; Caribe Afirmativo 2018b).
En este Segundo Encuentro se destacó que la falta de acceso a derechos se ha agravado hasta el punto de que hombres gais, mujeres lesbianas y trans han tenido que dedicarse al trabajo sexual para poder subsistir, en condiciones de vulnerabilidad aún mayor por la falta de garantías para el derecho a la salud, la discriminación e incluso la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas y la extorsión, exponiéndose incluso a entornos de violencia que pueden terminar incluso con sus vidas, como ya ha ocurrido en algunos lugares del Caribe colombiano, como ya se ha registrado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización y hecho público en su sitio web.
En dicho Encuentro se aplicaron entrevistas estructuradas escritas a las participantes a través de una metodología cualitativa, buscando conocer el acceso al derecho a la salud, educación, trabajo, justicia y vivienda, al tiempo que indagar sobre la participación o invitaciones a partir en acciones de intervención e incidencia por parte de la CTF específicamente dirigidas a migrantes LGBTI de Venezuela. Esta ausencia de estrategias de intervención para los dos Estados (Colombia y Venezuela) en materia de migración de personas LGBT ha significado que solo desde los colectivos y organizaciones de la sociedad civil se articulen las acciones de incidencia, lo cual no solo implica que haya menos recursos para la gestión de los procesos, sino también que exista una falta de articulación entre todos ellos, debido a que no responden a objetivos y finalidades a gran escala sino al interés y capacidad de incidencia de cada organización, imposibilitando así que haya un proceso de mayor impacto a corto, mediano y largo plazo.
Dinámicas de desplazamiento.
Las personas LGBT se han desplazado desde Venezuela hacia Colombia por distintas razones y motivos, sin embargo, hay dos que son comunes de encontrar:
- Primero, existe la percepción por parte de venezolanas y venezolanos LGBT de que en Colombia existe un sistema jurídico más garante, el cual reconoce un mayor número de derechos para las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, como es la protección patrimonial para parejas del mismo sexo, el matrimonio, la adopción, el cambio de nombre y la corrección del componente sexo.
- La segunda razón, que es la más común últimamente para venezolanas y venezolanos en general, responde a la coyuntura sociopolítica que se vive en Venezuela por causa de los problemas de gobernabilidad, que han conllevado a que haya una crisis para la sociedad civil en el acceso a productos y servicios.
En este sentido, los desplazamientos originados por la primera causa y que llevan varios años ocurriendo, no presentaban dinámicas muy diferentes a las de cualquier persona que se moviera entre los dos países, salvo para los casos de las mujeres trans o las personas con expresiones de género no normativas, para quienes siempre ha existido un factor de discriminación a la hora de hacer el ejercicio migratorio; sin embargo, estas prácticas discriminatorias se han exacerbado en los últimos meses, de la mano del incremento de personas que vienen de Venezuela a Colombia por la segunda razón antes enunciada.
Ahora bien, esta discriminación en la atención, sumado a posibles prácticas que evitan la migración a través de las oficinas oficiales del gobierno, han generado que muchas personas LGBT desistan de ingresar a Colombia a través de las vías legales y lo hagan con otras personas y bajo otras modalidades que incrementan los riesgos de vulneración de sus derechos. Así, por ejemplo, existen casos de mujeres trans que intentando ingresar al país por estas otras rutas, han sido secuestradas por redes de tratas de persona, que terminan forzándolas a ejercer el trabajo sexual y coartando su libertad individual.
Sumado a lo anterior, debido a que algunas de las personas LGBT han sido excluidas de sus hogares y familias por su orientación sexual o identidad de género diversa, muchas veces viajan solas o sin las redes de apoyo que tenían consolidadas en Venezuela, por lo que en muchas ocasiones nadie denuncia ni se apersona de esto casos. Esto contribuye a la invisibilización de estos hechos y al subregistro de la información. A su vez, estas dinámicas familiares también tienen otras implicaciones, como lo es que muchas de personas LGBT, excluidas de sus entornos familiares, tienen menos posibilidades de poder establecerse en casa de familiares en Colombia, por lo que cuentan con menos apoyo en su desplazamiento.
Por otro lado, estas dinámicas de desplazamiento también implican la afectación de otros derechos, como es por ejemplo el derecho a la salud, sobre lo cual puede que muchos afirmen que esta es una afectación común a todas las personas migrantes desde Venezuela, sin embargo, si vemos el caso de las personas que viven con VIH, donde los hombres que practican sexo con otros hombres, la mayoría de ellos hombres gais, y las mujeres trans tienen mayores índices de prevalencia, la lectura de los hechos cambia. Hablamos entonces de un grupo poblacional que actualmente tiene una mayor exposición al VIH y cuando llegan a Colombia no pueden continuar de manera segura y constante con el tratamiento que requieren, por lo que se ven mayormente afectadas por estos desplazamientos.
Finalmente, otro contexto de particular interés consiste en el acceso a la justicia cuando las personas LGBTI ya se encuentran en contextos de marginalidad y exclusión, como es la situación que viven las y los migrantes, que en las personas LGBT repercuten en una afectación particular a sus derechos, porque a estos contextos que viven las y los demás migrantes, a las personas LGBT se les suma que la exclusión aumenta por la discriminación por sus orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En este sentido, cuando intentan acudir a los operadores judiciales para la salvaguarda de sus derechos, se encuentran más expuestos que las demás personas migrantes, por cuanto el prejuicio, los estereotipos y la estigmatización también determinan si podrán hacer efectivos sus derechos o no. Un testimonio resume la situación:
“Si a la colombiana trans no la dejan denunciar, imagínate para una que además es venezolana, ni siquiera existimos” (Testimonio de una mujer trans que participó del Encuentro de Barranquilla)
Enfoques diferenciales
Ahora bien, las afectaciones particulares que perciben las personas LGBT migrantes venezolanas requieren también de una respuesta institucional diferenciada que permita atender sus necesidades, es decir, no se puede operar de manera igual como si tener una orientación sexual o una identidad de género diversa no fuera un tema relevante a la hora de garantizar derechos y protección. A continuación, brindamos algunos ejemplos donde se puede aplicar el enfoque diferencial:
- Funcionarios públicos sensibilizados en diversidad sexual y de género, que no continúen con los procesos de estigmatización y exclusión prexistentes.
- Estrategias de trabajo diseñadas con acciones particulares, por ejemplo, a las mujeres trans trabajadoras sexuales venezolanas que no cuentan con acceso a medicamentos y exámenes de salud, se les debe garantizar su derecho en espacios seguros que no las visibilicen ni las pongan en mayores riesgos de violencia, asegurando siempre la confidencialidad de la información.
- La atención en albergues y símiles deben reconocer la identidad de género de las personas trans, tratándolas siempre conforme a la misma, y ser espacios libres de discriminación, homofobia, lesbofobia y transfobia. Estos escenarios no deben repetir, por ningún motivo, que se continúen reproduciendo los patrones de violencia a los que se encuentran expuestas las personas LGBTI.
Lo anteriormente descrito es un listado enunciativo, que no solo no contiene todas las necesidades de aplicación de un enfoque diferencial, sino que también debe sumarse a las estrategias de enfoque diferencial que se aplican a las ciudadanos y ciudadanos LGBT colombianos, por lo que, por ejemplo, si existe un caso de violencia contra una persona LGBT esta debe ser investigada por la Fiscalía aplicando las metodologías que aplica para cualquier otra persona LGBT donde se tenga en cuenta la hipótesis del prejuicio a la hora de buscar y llevar a juicios a los responsables.
¿Qué pasa con las fronteras y cómo convertirlas en espacios solidarios?
Las fronteras también deben ser espacios de aplicación del enfoque diferencial donde se garanticen los derechos de las personas LGBT. Convertirlos en espacios solidarios no es un proceso de victimización de las personas LGBT ni de la oferta de caridad, sino únicamente de reconocimiento y seguridad, donde puedan tener el mismo trato y oferta de derechos que cualquier persona, a la vez que se abordan las particularidades que requieran de una atención diferencial.
¿Cómo preparar a las comunidades de acogida para que protejan sus derechos?
A pesar de todo lo mencionado anteriormente, ese no es el único trabajo necesario, sino que también es trascendental la intervención en procesos comunitarios, focalizándose especialmente en la población de los territorios a donde principalmente llegan y fijan como sitio para vivir, debido a que la acción de las autoridades no puede ser permanente ni estar presente en todos lados, y es necesario que las comunidades también sean protectoras de los derechos de los y las migrantes LGBT.
Aunque es un paso importante que el Estado sea garante, no es el único que tiene deberes porque muchas de las vulneraciones de derechos provienen de la sociedad civil en contextos machistas y heteronormativos donde se ha naturalizado la violencia hacia las personas LGBT. En este sentido, las personas LGBT migrantes venezolanas tienen por lo menos un doble riesgo de vulnerabilidad, por ser migrantes y por su orientación sexual e identidad de género, que son muchas veces motivos de discriminación y exclusión social.
Es por ello que el Estado debe promover campañas de no discriminación y procesos de resignificación social que permitan que se deje de naturalizar y percibir como normal la violencia contra personas LGBT, donde el conglomerado social entienda que tiene un deber por la defensa y protección de los derechos humanos y por garantizar espacios de inclusión y seguridad para todas las personas. Estas campañas institucionales son un deber del Estado que también va de la mano de la implementación del proceso de paz, dado que en el camino para llegar a la misma se debe garantizar una sociedad más incluyente que, ya por fuera de las lógicas machistas, heteronormativas y patriarcales, sea un escenario de convivencia ciudadana.
Este ejercicio también hace parte de una solución duradera para todo proceso de desplazamientos de personas LGBT a Colombia, por lo que es una medida intemporal con efectos a largo plazo, al tiempo que se aporta a toda la sociedad en general y a todas las personas LGBT que viven en Colombia.
Del mismo modo, este no es un proceso que parta de cero. sino que se deben reconocer los aportes sociales de lideresas, líderes, colectivos, movimientos y demás formas de organización social, quienes han apoyado estos procesos de transformación social y que en los últimos meses han sido los actores que han destinado acciones particulares para el trabajo por las personas LGBT migrantes venezolanas.
Soluciones duraderas.
En consecuencia, es necesario establecer soluciones duraderas para la situación de personas LGBT migrantes de Venezuela, como la que se acaba de proponer respecto a los procesos de intervención comunitaria, por lo cual, se puede empezar por:
- Que todos los Estados acojan la Opinión Consultiva sobre matrimonio para parejas del mismo sexo y ejecuten todas las reformas legales para garantizar la igualdad real para todas las personas, por lo que los ordenamientos jurídicos de las Américas promoverán la garantía de los derechos de las personas LGBT. Así, la falta de garantías legales dejará de ser un motivo para migrar entre países.
- Procesos de sensibilización a nivel nacional y territorial para garantizar el trato respetuoso a las personas LGBT. No solo los funcionarios de migración sino todos los funcionarios en general deben tener un compromiso permanente por la garantía de derechos.
- Que la atención en salud para personas que viven con VIH-Sida sea integral y permanente, sin discriminar por motivos de origen, orientación sexual o identidad de género, teniendo en cuenta el compromiso mundial por luchar contra el VIH-Sida y garantizar el derecho a la vida digna de todas las personas.
- Que se garantice el acceso a atención médica en salud sexual y reproductiva para la prevención de infecciones de transmisión sexual desde las prácticas sexuales seguras e incluso la prevención de embarazos no deseados. Esta atención no solo debe tener un enfoque diferencial, sino que también debe garantizar que se entreguen preservativos e insumos para estas necesidades.
- Construir protocolos de atención en perspectiva de derechos para personas LGBT migrantes, que incluyan rutas y mecanismos que reconozcan las particularidades de su tránsito, los riesgos a los que están expuestos y las respuestas desde el Estado, desde todos sus niveles de atención, para así asegurar la protección de sus derechos.
- Tal como se ha mencionado anteriormente, es importante trabajar con la comunidad para que la recepción de personas LGBT migrantes sea libre de discriminación, homofobia, lesbofobia y transfobia; es por ello que la realización y promoción de actividades de integración desde lo artístico, cultural, deportivo y demás pueden ser acciones que permitan asegurar espacios más incluyentes.
- En el caso actual, activar el cumplimiento del Decreto 1288 de 2018: por medio del cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan medidas sobre el retorno de colombianos el ejercicio de regularización con el PEP y en todo lo relacionado con el acceso a los servicios del Estado, para los trámites migratorios a extranjeros.
- Incluir en la atención de albergues el enfoque diferencial a las personas LGBT, con garantía en todo el proceso migratorio de respeto a sus derechos.
- Construir mesas de trabajo entre los gobiernos locales, el gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil y lideresas y líderes LGBT migrantes venezolanos para la respuesta conjunta ante hechos concretos de discriminación o exclusión que deban superarse en asuntos migratorios, promoviendo el trabajo articulado entre todas las partes interesadas.
- Elaborar sistemas de información unificados que permitan registrar la información de manera diferenciada de las personas migrantes venezolanas, con el fin de elaborar líneas base sobre el asunto que sirvan para tomar medidas que atiendan a las necesidades específicas encontradas.
Finalmente, estas medidas señaladas, que han sido construidas en espacios de trabajo articulados de Caribe Afirmativo con sociedad civil, junto con las reflexiones del equipo de la organización durante el trabajo de campo realizado, buscan mejorar la situación de las personas LGBT migrantes venezolanas y reconocer que es un compromiso de todos y todas garantizar sus derechos durante su estancia en el territorio colombiano
1-Las medidas de cooperación adoptadas por los Estados fronterizos que enfrentan los desafíos relacionados con la migración masiva de personas venezolanas han sido ampliamente documentadas en diferentes medios de comunicación. Al respecto, se encuentra disponible para su consulta: Santos anuncia medidas para afrontar crisis humanitaria de migrantes venezolanos. (2018). Revista Semana, 8 de febrero. Disponible en línea en: https://www.semana.com/nacion/articulo/santos-anuncia-las-medidas-para-afrontar-crisis-humanitaria-por-migrantes-venezolanos/556456; Colombia, Ecuador y Perú se comprometen a dar trato humanitario a migrantes venezolanos. (2018). Revista Semana, 30 de agosto. Disponible en línea en: https://www.semana.com/mundo/articulo/compromiso-de-colombia-ecuador-y-peru–por-los-ddhh-de-los-migrantes-venezolanos/581330; Cohen, J., Base común de datos, el nuevo paso frente a migración de venezolanos (28 de agosto de 2018). El Tiempo, 22 de agosto. Disponible en línea en: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-brasil-y-ecuador-buscan-estrategia-para-migracion-de-venezolanos-261438; Colombia pide a Perú y Ecuador unificar política migratoria ante venezolanos (2018). El Heraldo, 21 de agosto. Disponible en línea en: https://www.elheraldo.co/colombia/colombia-pide-peru-y-ecuador-unificar-politica-migratoria-ante-venezolanos-533289.