11 de marzo del 2021. Recientemente varios medios de comunicación y líderes de opinión han denunciado que el pasado 2 de marzo ocurrió un bombardeo en Guaviare por parte de la fuerza pública en un campamento de disidencias de las FARC, allí estaban 12 adolescentes que fallecieron en este evento, sin embargo, sus cuerpos aún se encuentran en proceso de identificación.
Las familias de estos jóvenes denunciaron su desaparición en días atrás y se cree que los adolescentes habían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de las disidencias. En los últimos meses, Coalico, Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, señaló que en lo que va de este año los reclutamientos forzados en infantes y adolescentes han aumentado por la reconfiguración de nuevos actores armados ilegales. Esta organización solicita a la fuerza pública el respeto por las vidas de los niños, niñas y adolescentes, en adelante NNA, que se ven expuestos en el marco de a guerra y cuya integridad física y moral es responsabilidad de toda la sociedad, pero en mayor medida del Estado.
Desde CARIBE AFIRMATIVO no sólo rechazamos profundamente estos hechos si no exigimos a la fuerza pública garantizar espacios de protección y especialmente cuando en medio de enfrentamientos se conoce la presencia de menores de edad que nada tienen que ver con el conflicto y por el contrario se ven revictimizados por grupos armados tanto legales como ilegales.
En ese orden, hacemos un llamado de atención a las declaraciones que dio el Ministro de Defensa Diego Molano a la opinión pública sobre este hecho pues se refirió a los jóvenes como “máquinas de guerra”, porque en primera instancia estas muertes fueron notificadas como integrantes de disidencias de las FARC, cuando realmente se trata de NNA, que han sido reclutados forzosamente.
Estas afirmaciones causan repudio en la sociedad civil y van en contra de los principios de los derechos, como el Derecho internacional Humanitario, DIH y los Derechos Humanos que consideran a los NNA, vinculados a actores armados como víctimas. Así las cosas, instamos a la fuerza pública a basar sus acciones en el respeto por estos derechos y a proteger y responsabilizarse por las vidas de las personas civiles y menores de edad que resultan afectados en medio del conflicto.
Coincidimos con las demás organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos humanos que estos casos no son hechos aislados, como muchas veces son abordados, si no que corresponden a la ola de violencia sistemática que está viviendo el país y que es obligación del Estado colombiano proteger la vida de los menores de edad, especialmente de aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, y que todas sus declaraciones, pronunciamientos y afirmaciones públicas operen en el orden hacia la protección y respeto de los NNA.
Es cierto que la misión de la fuerza pública es proteger, cuidar y velar por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas colombianas, pero esto incluye a los NNA indiferentemente de la situación en la que se encuentren, como el caso del reclutamiento forzado que afecta a las poblaciones vulnerables de la zona rural del país.
Hace algunas semanas medios de comunicación del Caribe reportaron que un menor de edad y civiles resultaron heridos en medio de combates entre el Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo en la zona rural del El Carmen de Bolívar. Con base en lo anterior solicitamos garantías de protección para las personas que se encuentran en estos territorios y respeto por su vida.
De nuevo reiteramos nuestra negativa ante estos hechos que atentan contra la vida de los NNA e instamos al Estado Colombiano a hacerse responsable de sus acciones y dar prioridad a las poblaciones menos favorecidas. Exigimos tener veracidad sobre estos hechos y que se dé pronta respuesta los familiares de estos jóvenes para que muertes no queden en la impunidad.