Esta ley prohíbe el aborto en todas sus formas y el matrimonio entre personas del mismo sexo
10 de marzo de 2022. Esta semana se aprobó en Guatemala la Ley de Protección a la Vida y la Familia, esto tiene que ver con que el pasado 6 de marzo el actual presidente de este país, Alejandro Giammattei en una emisión en la Cadena Nacional de televisión dio a conocer que el 9 de marzo de este año Guatemala sería proclamada como Capital Iberoamericana Provida.
Giammattei durante su gobierno aprobó la política pública de Protección a la Vida y a la Institucionalidad de la Familia, que es un instrumento antiderechos derivado de la ley 5272, que el pasado 8 de marzo Día Internacional por la lucha de los derechos de las mujeres se aprobó por el Congreso de la República.
Esta ley propone la definición de la familia desde una noción heteronormativa, es decir, entendiendo los núcleos familiares como hombre y mujer, invisibilizando la existencia de familias diversas y homoparentales. También incluye criminalizar a las mujeres que vivan un aborto voluntario e involuntario, esto abarca la penalización y persecución contra profesionales de la salud que realicen estas intervenciones y contra activistas o personas que defiendan el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.
Además, prohíbe y rechaza cualquier forma de expresión y vivencia distinta a la heterosexualidad, señalándolas de “no normales” e incongruentes con la “moral cristiana”, lo cual limitaría las uniones entre parejas del mismo sexo y el matrimonio igualitario. A su vez prohíbe a cualquier institución educativa privada o pública promover contenidos vinculados a la educación integral de la sexualidad.
Esta ley atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, especialmente de las mujeres y las personas LGBTI; también rechaza otro tipo de familias diversas, no sólo las homoparentales si no también aquellas familias que se salen del espectro de la heterosexualidad hegemónica, como esas familias compuestas por madres y padres solteros, o abuelos, tíos o primos.
Este proyecto legislativo criminaliza y rechaza la interrupción voluntaria del embarazo, pues coarta la decisión y libertad de las mujeres y de toda persona gestante. Persigue directamente a activistas y defensores de derechos sexuales y reproductivos y limita aún más el acceso la Educación Integral en la sexualidad en Guatemala, especialmente bloqueando el acceso a la información. Por si fuera poco, promueve la violencia, discriminación, burlas y rechazo contra toda persona con una orientación sexual, identidad o expresión de género diversa arriesgando su integridad.
Desde Caribe Afirmativo como organización que lucha por el reconocimiento de las diversidades sexuales y de género, rechazamos este proyecto legislativo, ya que promueve una normativa antiderechos que discrimina y niega la existencia de personas LGBTI de Guatemala, exponiéndolas a todo tipo de violencias y criminalizando su forma de ser y sentir. Por otro lado, también vulnera la autonomía y el derecho a decidir sobre sus cuerpos de las mujeres y personas gestantes al penalizar el aborto en todas sus formas y perseguir a quienes facilitan estas intervenciones.
Manifestamos que esta ley es un retroceso para la lucha de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI en Latinoamérica, que además persigue y fomenta la violencia contra activistas y personas que defienden estas causas e impide el acceso a la educación integral en temas de género y salud sexual y reproductiva. Expresamos nuestra solidaridad con las personas LGBTI de Guatemala y las colectivas y organizaciones sociales, diversas y de mujeres e insistimos en la abolición de estos marcos normativos violentos que vulneran los derechos humanos de las personas y solo afianzan las violencias estructurales presentes en los contextos de países de Centroamérica.