Imagen: Revista Semana
El director general de la Policía se ha caracterizado por priorizar sus creencias religiosas sobre la garantía y protección de los derechos humanos en su quehacer como garante de los mismos.
27 de marzo de 2023. El 24 de agosto de 2022 organizaciones sociales, populares, juveniles y feministas de Cartagena nos pronunciamos en contra del nombramiento de Henry Sanabria Cely como director de la Policía Nacional, pues su paso por la Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR) estuvo marcado por la priorización de sus creencias religiosas ante su compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos.
Sanabria es una persona que ha legitimado los abusos sistemáticos de la Policía contra la juventud negra y empobrecida de Cartagena, mantuvo un fuerte abuso de poder en la ciudad durante el paro Nacional, y emitió mandatos de persecución y violencia homofóbica, transfóbica, sexista, racista y clasista. Se ha distinguido además por apariciones mediáticas con declaraciones machistas y homofóbicas, estigmatizando a las personas LGBTIQ+ al asociarlas con acoso sexual al interior de la institución.
En sus recientes declaraciones a la Revista Semana, Sanabria enunció que “lastimosamente, como somos tantos, somos muchísimos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución”. Esto genera por un lado cargas negativas hacia las personas LGBTIQ+, al decir que “lastimosamente” están presentes en la institución, y por el otro lado les estigmatiza y patologiza inmediatamente, violando su derecho a la no discriminación.
Lo anterior es parte de la doctrina policial que legitima prácticas prejuiciosas que generan violencias a las personas LGBTIQ+ dentro y fuera de la institución. Al interior, las personas LGBTIQ+ tienden a ser perseguidas, humilladas o aceptadas únicamente bajo la condición de no hablar de su orientación sexual e identidad de género, haciendo que no existan garantías para su derecho a la libre expresión. La institución carece de programas que acompañen a las personas LGBTIQ+ y les garanticen un espacio seguro, de formación en temas de diversidad sexual y de género, y de protocolos para actuar ante las violencias a las que son sometidas. Las expresiones de autoridad en la institución aumentan la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ que son policías y dan un mensaje moralizante. Por ejemplo, en el 2022 una uniformada trans fue retirada de su cargo por una sanción menor que fue expeditada, distinto al caso de otros agentes que no han tenido castigos ejemplarizantes.
Hacia el exterior, los agentes de policía se han caracterizado por un trato prejuicioso hacia las personas LGBTIQ+, sobre todo hacia mujeres trans en distintos escenarios, y especialmente a aquellas que ejercen el trabajo sexual. La Directiva 006 de 2010 comprometía a la policía con la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, pero fue reemplazada por una que habla en general de “poblaciones vulnerables”. Esto llevó al abandono del trabajo interno de formación y prevención para la garantía de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
Históricamente, lejos de garantizar y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, la Policía les ha estigmatizado, vulnerado y puesto en riesgo a través del uso excesivo de la fuerza, las retenciones arbitrarias, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la moralización de su diversidad sexual y de género, y la violencia física, verbal, simbólica y sexual. Sólo en el 2022, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo encontró 104 denuncias de violencia policial a personas LGBTIQ+, con mayor concentración en Bogotá D.C. (38 casos), en Antioquia (19 casos) y en el Valle del Cauca (10 casos).
Las declaraciones resultan además estigmatizantes y patologizantes, pues sin que la entrevistadora mencione una relación entre personas LGBTIQ+ y VIH, Sanabria hace esta asociación al afirmar que “no hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”. Así, promueve estigmas ante el VIH como resultante de una vida sexual activa y a la diversidad sexual como una conducta desordenada, en minoría de garantías frente a la heterosexualidad.
En otro momento de la entrevista Sanabria afirma que “hay que tener cuidado porque infortunadamente el VIH lleva a la muerte”, lo cual profundiza los prejuicios hacia las personas que viven y conviven con VIH, desconociendo tanto los procesos de vida digna que piden y deben llevar, como el hecho de que el Estado debe garantizarles acceso a los tratamientos necesarios para que su estatus de VIH positivo sea indetectable, permitiéndoles tener una vida larga y tranquila. Sus declaraciones sobre las personas que viven y conviven con VIH en la institución desconocen los tratados internacionales sobre cómo se debe tratar a esta ciudadanía. Sanabria también se pronuncia en contra del uso de preservativos, la opción promovida por las políticas públicas del país para el autocuidado y cuidado colectivo.
El general narra además cómo ha utilizado efectivamente símbolos y procedimientos religiosos, como exorcismos, en su actuar como director de la Policía. Esto va en contravía de la Sentencia C-766/10 de la Corte Constitucional, que afirma que de acuerdo al Artículo 19 de la Constitución Política de Colombia en el país se garantiza la libertad de culto y por lo tanto en el desarrollo de las funciones del Estado “no cabe la promoción, patrocinio o incentivo religioso, que implicaría un favorecimiento contrario al papel que debe jugar la actividad pública respecto de las confesiones religiosas.” Por lo tanto, el actuar del general atenta contra el derecho a la libertad de culto en la institución y pone su fe religiosa sobre la Constitución y los derechos humanos.
Ante estas declaraciones, desde Caribe Afirmativo reiteramos nuestra preocupación porque una institución que está llamada a ser la primera garante de los derechos humanos de las personas que viven en el país esté dirigida por una persona que evidencia graves prejuicios ante los medios, pero especialmente hacia la misma institución que dirige, la cual acaba reproduciendo dichos prejuicios. La reacción del presidente Gustavo Petro ante esta situación es además absolutamente desatinada, pues afirma que no existe un conflicto con las creencias de Sanabria mientras estas no afecten el desarrollo constitucional de su función pública, desconociendo así que sus declaraciones efectivamente dan cuenta de la influencia de sus creencias religiosas en el actuar de la institución.
Como organización de la sociedad civil, cuestionamos que el Gobierno aún no haya avanzado significativamente en el desmonte del ESMAD ni en la reforma policial, como fue una de sus mayores promesas de campaña. La Policía sigue siendo una entidad machista, homofóbica, transfóbica, patriarcal y clasista que no ha tenido mayores modificaciones orientadas a la protección y garantía de los derechos humanos en el llamado gobierno del cambio.