De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina legal en el 2021 se registraron 293 asesinatos en este departamento del caribe colombiano.
19 de enero de 2022. Masacres, feminicidios, presencia de actores armados ilegales, entre otras tensiones amenazan con la vida y la tranquilidad de las personas que habitan el departamento del Magdalena. Recientemente se han venido registrando hechos de violencia en los municipios que rodean la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se identifica la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, quienes paulatinamente se han tomado zonas rurales donde no hay presencia del Estado.
El 2022 ha sido un inicio de año turbulento, pues sólo en la primera mitad de enero ya ocurrió una masacre en la zona bananera; un triple homicidio en el corregimiento de Julio Zawady; un feminicidio Ciénaga y el asesinato el año pasado de Christina Cantillo Martínez, lideresa social LGBT en Santa Marta. Ante estos hechos las personas sienten que están repitiendo la historia de masacres y crueldades que vivieron en la década de los noventa en razón del conflicto armado.
A su vez el 2021 fue un año que cerró con cifras dolorosas en el Magdalena, pues se calcula que hay alrededor de 293 personas asesinadas que según las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal se registraron 135 asesinatos en Santa Marta, 64 en Ciénaga y 21 en el territorio que se conoce como zona bananera.
De igual manera en reiteradas ocasiones líderes y lideresas, organizaciones de víctimas han sido amenazadas en el transcurso del 2021. El último episodio conocido fue el conocido “Comunicado de muerte a líderes sociales guerrilleros” donde señalan a los líderes que dirigen diversas organizaciones de víctimas como “guerrilleras”. En la misma misiva, aseguran que han sido declarados “objetivo militar y que no están jugando”, causando así temor entre las personas que ejercen liderazgos sociales visibles en está región.
Además de las amenazas contra la vida de los liderazgos sociales, también circulan panfletos que amenazan a grupos poblacionales específicos como consumidores de sustancias alucinógenas, trabajadoras sexuales, personas LGBT, entre otros. Dichos panfletos están firmados por distintos actores armados ilegales, lo cual obedece a la nueva reconfiguración de grupos al margen de la ley, que ponen en riesgo a los líderes y lideresas que están en el marco de las campañas por las Curules Especiales para la Paz, pues en algunos territorios de la zona alta de la Sierra Nevada se ha limitado el acceso a vías, por parte de los actores armados ilegales buscando ejercer un control social y territorial sobre la región.
En materia de homicidios y feminicidios de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, 4 de estos crímenes ocurrieron en el departamento de Magdalena, presentados de la siguiente manera: el homicidio de un hombre gay en Ciénaga en enero de 2021; el feminicidio de una mujer lesbiana en Plato y dos mujeres trans en Fundación y Santa Marta. Esto incluye el asesinato de Christina Cantillo, lideresa feminista, activista LGBT en el departamento del Magdalena, el último hecho violento conocido y con mayor resonancia tras el posicionamiento de armados ilegales en el Distrito de Santa Marta.
A pesar de tener una Alerta Temprana por parte de la Defensoría del Pueblo, se evalúa que las autoridades no se han focalizados en los territorios y no existen iniciativas que permita mitigar riesgos, salvar vidas y evitar los homicidios. De ahí que desde Caribe Afirmativo junto con otras organizaciones de la sociedad civil ante la persistencia del recrudecimiento de estos factores de riesgo para la vida e integridad personal y colectiva de los líderes, lideresas y comunidades de este territorio, exigimos al Estado dar una respuesta frente a estos hechos y garantizar medidas de protección que brinden seguridad y tranquilidad a la población civil.
Lo anterior tiene que ver con el inicio de la temporada electoral en el país y la preocupación por el aumento de la violencia, ya que este año convoca a elecciones presidenciales y de congresistas, y es evidente que los actores armados ilegales tienen interés en tomar un control social y político de los territorios ejerciendo una violencia sistemática y desproporcionada contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas migrantes y población LGBT.
Es por esto que manifestamos a todas las instancias públicas el minucioso seguimiento de las alertas tempranas haciendo un llamado a las instituciones responsables para que hagan uso de las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo en materia de protección de derechos humanos de las personas que habitan estos territorios. También solicitamos a los órganos de control y las organizaciones internacionales garantes de los derechos humanos, a denunciar y brindar medidas de protección para el ejercicio de estos liderazgos y que la participación política de las personas no implique un riesgo para sus vidas.