14 de junio de 2022. El próximo 19 de junio las personas residentes del territorio nacional saldrán a las urnas a votar por el próximo presidente de Colombia para el periodo constitucional 2022-2026 en medio de un escenario de incertidumbre frente al empate técnico que han señalado múltiples encuestas entre las candidaturas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Ante esta situación, desde el Observatorio de participación política de personas LGBTI en Colombia estudiamos el posible panorama al que se enfrentará el país si Gustavo Petro llega a la presidencia en miras de aportar al debate y el voto informado y deliberado.
En ese sentido, el programa de gobierno de la formula presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez “Colombia, potencia mundial de la vida”, se estructura en 5 ejes temáticos fundamentales para la atención de las desigualdades estructurales que permean la realidad social, económica y cultural de múltiples familias en toda Colombia, estos son: 1) lucha contra el cambio climático, 2) democratización de la tierra y la producción, 3) Democracia y gobernanza territorial, 4) garantías de derechos humanos y 5) agenda para la implementación y la construcción de paz territorial.
Así las cosas, desde el primer eje temático identificamos la importancia que tiene el agua como bien común dentro del programa de gobierno, pues la formula presidencial plantea que el ordenamiento territorial de la nación debe ser pensado alrededor del uso de este recurso hídrico como el camino fundamental para garantizar el acceso a este a las comunidades que se encuentran segregadas y desprendidas de fuentes de agua por los procesos industriales que ha tenido el país alrededor de la minería, la producción de energía, la ganadería, los monocultivos, etc. Ante esta situación identificamos como una oportunidad esta visión para los departamentos como la Guajira o municipios como María la Baja que se han visto afectados por las industrias extractivitas que dificulten el acceso de las comunidades al agua.
Sin embargo, esta propuesta plantea un reto frente a la estructura actual del uso del suelo en territorios que sean, por ejemplo, distritos de riego controlados por grupos contra estatales o para estatales donde el Estado tiene poca presencia y garantizar la democratización del liquido representa un riesgo de seguridad para las comunidades.
Del mismo modo, se propone que las comunidades afrodescendientes actúen como autoridad ambiental en sus territorios. Por un lado, significa una apuesta por la soberanía de los pueblos y su relación con la tierra que habitan, pero por otro lado también supone exponer proyectos de desarrollo territorial a practicas clientelares que tienen cooptados algunos Consejos Comunitarios por parte de sus lideres que cuentan con estructuras económicas inescrupulosas. Es importante que el Estado siempre pueda garantizar su participación en estos procesos para evitar la inmersión de intereses individuales sobre las necesidades colectivas de las comunidades como, por ejemplo, el fortalecimiento y la implementación de los Planes con Enfoque Territorial-PDET que en gran medida responden a ejercicios de planeación comunitaria y son ejecutados por el Estado como principal garante del desarrollo territorial.
Por otro lado, este plan de gobierno propone una sociedad con basura cero a través de la transición a un modelo circular basado en la producción y el consumo responsable, el cual es importante frente a la generación de las 12 toneladas de basura que el país genera al año. Frente a esta propuesta es imperante que el eventual gobierno adopte, fortalezca y aplique la Ley de Acción Climática aprobada en 2021 frente al uso de plásticos de un solo uso. Del mismo modo, el programa es escueto en el trato de problemáticas como el alto porcentaje de micro plásticos en los mares del país que colocan en riesgo la fauna y flora de estos ecosistemas y las cadenas alimenticias alrededor de estos.
Frente al segundo eje temático que identificamos en el programa de Gustavo Petro y Francia Márquez reconocemos la importancia de avanzar en una reforma rural agraria integral que reconozca las desigualdades históricas que el país tiene frente al uso del suelo y las brechas de género alrededor del mismo; por lo que es importante que desde el gobierno nacional se garantice y se democratice la tierra como un bien público para que las familias puedan fortalecer sus procesos y encadenamientos productivos en miras de generar movilidad social en el marco de las desigualdades arraigadas entre el campo y la ciudad. En ese sentido, abrazamos la oportunidad que pueden tener las mujeres y las personas LGBT en la transformación de la fuerza productiva y el uso del suelo como una deuda histórica frente a la autonomía económica de estos cuerpos que han sido subyugados al poder heteropatriarcal.
Por otro lado, hacemos un llamado a fortalecer la visión de las propuestas frente a la ganadería extensiva y la praderización, pues no sólo debe ser considerada como una problemática ambiental relacionada al 70% de la deforestación en el país, sino también como un problema de consumo en la sociedad colombiana que debe revisarse para encontrar soluciones robustas que disminuyan el impacto ambiental que tiene esta actividad económica; por lo que el programa de gobierno debe fortalecer una apuesta que le apunte a atender el consumo excesivo de productos pecuarios.
Del mismo modo, el candidato reconoce la perdida de biodiversidad que afronta el país como uno de los resultados de la desprotección de ecosistemas estratégicos por la tala indiscriminada de arboles, minería, fracking, etc, por lo que propone cumplir con el Acuerdo de París y ratificar el Acuerdo de Escazú a través de la delimitación de nuevas áreas de reserva y protección ambiental. Sin embargo, sólo se concentra en la Amazonia dejando por fuera ecosistemas marinos y terrestres como, por ejemplo, el pacífico. Además, se queda escueto sobre cómo va a regular los incentivos de conservación y pago por servicios ambientales.
Abarcando el eje número tres: Democracia y gobernanza territorial, reconocemos la importancia de la propuesta de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que integre la autonomía y soberanía de las comunidades ancestrales del territorio y sus saberes, sin embargo, la propuesta queda ambigua en el marco de su implementación y funcionamiento frente a la actual reglamentación del orden territorial en el país. Además, representa retos ambiciosos y poco aterrizados alrededor de la articulación de los diferentes entes territoriales como alcaldías y departamentos que hacen parte de territorios con rezago de años en la actualización de su ordenamiento territorial.
Del mismo modo, frente a la eliminación del servicio militar obligatorio la propuesta debe fortalecerse desde el enfoque de género para que se reconozcan las distintas experiencias de vida de personas con identidades y expresiones de género diversas. También es fundamental que la Unidad Nacional de Protección que se plantea crear tenga una política de prevención con este mismo enfoque de género para identificar los escenarios de intersección de vulnerabilidades entre las orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género con los roles de liderazgo para la generación de estrategias de seguridad que atiendan las violencias especificas y diferencias de los liderazgos LGBT en el país.
A su vez, en el marco del mecanismo de meritocracia para la erradicación de redes de corrupción incrustadas en el Estado es importante reconocer las barreras que enfrentan poblaciones afro, raizales, negras, rom, indígenas y LGBT en el acceso a los concursos para plazas de trabajo en el Estado o en el acceso a cargos como jueces, fiscales, entre otras, debido a que el merito por lo general apremia el privilegio de la educación que en muchos contextos es un escenario de difícil acceso para poblaciones vulnerables, por lo que es importante las cuotas y el enfoque diferencial para reducir las brechas de desigualdad en cargos públicos.
Frente al eje temático 4: garantías de derechos humanos, la formula presidencial abarca temas importantes para la materialización de los servicios del Estado social de derecho en las poblaciones históricamente marginalizadas y segregadas del país, pues toma como eje principal de las políticas la lucha contra la desigualdad estructural que impide el acceso a derechos como la salud, la educación, el trabajo, la cultura, entre otros.
En ese sentido, resaltamos la visión integral y multicausal de esta agenda para atender situaciones como la movilidad humana en el país a través de la promoción de la integración en igualdad de condiciones de las personas migrantes, refugiadas y población de acogida en el territorio nacional. O la atención de la agenda de personas LGBT a través de la implementación de la política pública nacional, acciones para la superación de estigmas y violencias por prejuicio, inclusión sociolaboral y acceso y permanencia en el sistema educativo como una apuesta a la construcción de ciudadanías libres de discriminación por sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.
Por otro lado, es importante reconocer las apuestas significativas que se implementarán en un eventual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez dirigidas a reducir las brechas de género en el país, pues proponen que al menos el 50% de todos los cargos públicos del país deben estar conformado por mujeres. Esta propuesta es fundamental para garantizar su participación en escenarios públicos, pero se queda corta en materia de ejecución frente a la ausencia de directrices o políticas que generen un impacto directo en esta problemática.
A su vez, es imperante la materialización del Sistema Nacional del Cuidado que se propone para favorecer el empoderamiento social y económico de las poblaciones históricamente vulneradas y promover un país libere de violencias y feminicidios. Del mismo modo, el Ministerio de la Igualdad es fundamental para institucionalizar las apuestas desde el Estado para mitigar escenarios de exclusión social y ausencia de garantías para el acceso a derechos humanos y servicios por parte de la población.
Por otra parte, preocupa la posición de Petro frente a las terapias de conversión y temas como el aborto que se congregan en espacios de moral judeocristiana donde se materializan violencias sobre el derecho a decidir de las personas sobre su cuerpo y su identidad debido al apoyo que recibe de sectores evangélicos desde la cabeza de Alfredo Saade el cual es él encargado de reunir votos de estos sectores para la candidatura. Es importante que se marque distancia de las posiciones godas y antiderechos que se suman a las filas del Pacto Histórico.
Por último, frente al eje temático de construcción de paz territorial, en un eventual gobierno de Petro la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las antiguas FARC-EP tendrá mayor preponderancia para así garantizar sostenibilidad y acompañamiento en las apuestas territoriales de construcción de paz en todos los rincones del país. Esta agenda de reconciliación y dejar atrás la guerra es una visión crucial para estos tiempos de recrudecimiento de la violencia en territorios que históricamente la han vivido.
Las apuestas de paz son importantes y hacemos un llamado a que la implementación de los acuerdos nos permita superar la violencia y generar una cultura para el buen vivir donde todas las personas podamos reconocer nuestras diferencias y entender que la pluralidad en nuestra sociedad es un factor importante para el fortalecimiento de nuestra democracia. Por tanto, si llegara a ser electo Gustavo Petro y Francia Márquez, se comprometen a fortalecer esta máxima a través de la reanudación de las negociaciones con el ELN como una apuesta para finiquitar la inseguridad armada contra estatal que se esconde en los territorios del país.
A modo de conclusión, si Gustavo Petro ganara la presidencia no solo tendríamos por primera vez una mujer afro y lideresa ambiental como vicepresidenta, sino también una agenda de derechos humanos encaminada a la transformación integral del territorio y las personas que lo habitan en miras de la consecución de un país en paz, con justicia social y con las oportunidades para la construcción de ciudadanías con identidades libres y seguras en el marco de un ambiente protegido y salvaguardado por políticas de sostenibilidad que le apuntan a amparar la biodiversidad en sus distintos ecosistemas como estrategia de preservación de la vida y el futuro de las próximas generaciones.