Además del preocupante incremento en un 49% de actos de violencia policial contra personas LGBTIQ+ en el país, se incrementaron las denuncias de maltratos, retiros injustificados y persecución a personas sexo-genero diversas dentro de la institución.
El mes de octubre del año 2009, marcó un hito en la historia del movimiento LGBTIQ+ en Colombia. La Policía Nacional en cabeza del general Oscar Naranjo, anunció la creación de una directiva transitoria (010 de 2009) que en febrero del año siguiente se convirtió en la directiva permanente (09/2010). Este hecho ocurrió luego de conocerse un informe de Naciones Unidas realizado en el periodo 2006-2008 que indaga sobre homofobia y transfobia en el país, resultando entre los principales responsables los miembros de la Fuerza Pública (Ejército Nacional y Policía). Estas mismas instituciones tienen dentro de sus objetivos proteger los derechos de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersex, promover acciones formativas dentro de la institución para sensibilizar y dar herramientas de actuación con base a derechos humanos a sus integrantes. En la estructura interna se promovió la figura de “Policía Enlace” responsable de las relaciones entre esta institución, la comunidad y las organizaciones sociales, con el propósito de garantizar condiciones de vida digna.
Esta decisión estuvo acompañada de dos momentos nacionales: por un lado, con el apoyo de la comunidad internacional, llegaron a Colombia varias experiencias de instituciones policiales de otros países, las cuales compartieron con la institución colombiana practicas y estrategias que han permitido que, en la función de protección que tiene la Policía, existan las garantías para las personas sexo-género diversas. Discusión que además contó con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. En días cercanos a esta fecha, los medios de comunicación hicieron pública la historia de Sandra Mora, una mujer policía de los Llanos Orientales, la cual fue despedida de la institución por su orientación sexual. Este caso fue la prueba de fuego a la voluntad política del director de la Policía Nacional que, no sólo restituyo a Mora en su ejercicio. Además, le dio el liderazgo en la institución frente a estos programas, lo que promueve una institución comprometida con los derechos de las personas LGBTIQ+ y que funciona como un modelo para la región.
Por medio de procesos de formación en las escuelas y en los comandos de la policía, delegando a una persona de la institución capacitada en derechos humanos para las acciones de enlace, promoviendo campañas comunicativas y con su vinculación en Mesas Institucionales de trabajo, la Policía dio comienzo a la aplicación de su compromiso. Por otro lado, la presidencia de Sandra Mora, que luego fue ascendida a Coronel y ocupó cargos estratégicos a nivel nacional y regional, permitió a otras personas abiertamente LGBTIQ+ a ingresar a la institución. Otras personas que ya estaban dentro, también le fueron apostando a su visibilidad, como el caso de la primera mujer trans en la Policía Metropolitana de Bogotá y el director de derechos humanos de La Guajira, que es abiertamente gay. Además, la presencia de la policía en escenarios de garantía de derechos en espacios como las marchas del orgullo, ayudó en el inicio de la transformación de narrativas, al menos en términos públicos.
Con el correr del tiempo, esta acción política fracasó. De un lado porque en la dirección siguiente, del general Palomino, apareció un caso de abuso sexual sistemático de la institución contra hombres con practicas sexuales homosexuales, llamado por los medios de comunicación de forma despectiva “la comunidad del anillo”, que lejos de llevarla a poner en practica su compromiso y activar las sanciones de rigor, giró que la institución volviera a las practicas sistemáticas de prohibición, persecución y desprecio a la diversidad sexual y de géner. Además, bajo al falsa promesa que restauraría la directiva de protección a las personas LGBTIQ+, la suspendió y luego lo que hizo fue incorporar las acciones específicas a un grupo de trabajo con poblaciones vulnerables, cuyo alcance y resultados son inexistentes. En paralelo, no solo no se conseguía disminuir la violencia policial, sino que estaba en aumento. Solamente para el año 2023, Caribe Afirmativo reportó un 49% de incremento de prácticas violentas que involucran esta institución pasaron de 101 casos en 2022 a 157 en 2023, como detenciones arbitrarias, abuso de la autoridad y violencia física, incluso con casos de violencia sexual y, un par de años atrás, presuntas responsabilidades en la ocurrencia de asesinatos contra personas LGBTIQ+.
Pese a que es una realidad conocida, ni la Procuraduría haciendo uso de su poder preferente, ni el ejecutivo —que es la primera autoridad policial— han logrado poner fin a estas violencias, incluso cuando comenzó el gobierno de Petro, el nombramiento del general. Sarabia como director, fue un mensaje desafortunado. Siendo comandante en Cartagena, persiguió de forma sistemática a las personas trans trabajadoras sexuales y, asistido por sus convicciones religiosas, dejó presente que no reconocía los derechos de las personas LGBTIQ+, situación que activo siendo director nacional de la institución y que le valió meses después su destitución, luego de declaraciones públicas que estigmatizaban a las personas sexo-género diversas, exponía a la discriminación a las personas viviendo con VIH y ponían en riesgo la vida y la integridad de los policías LGBTIQ+. Al día de hoy, la institución, ni el Ministerio de la Defensa, en un gobierno que tiene un compromiso concreto con la diversidad sexual y de género, no han recuperado el compromiso de 15 años atrás, sino que incluso de cuanta que cada vez es mas prejuiciosa con la vida de las personas sexo-género diversas y que con su actuar arbitrario y violento pone en peligro sobre todo a las personas trans en el espacio público.
Pero al interior las cosas tampoco están bien. Se evidencia persecución a sus miembros que son abiertamente LGBTIQ+: 1. La primera mujer trans de la institución fue involucrada en un hurto menor (se dice que toma una crema de manos de un almacén), de forma rápida y con una efectividad que no es propio de la policía, en un par de horas se le abrió un proceso disciplinario, no le permitieron su defensa, le vulneraron el derecho a la presunción y la destituyeron con una agilidad y contundencia como si hubiese cometido un delito de lesa humanidad; 2. A policías en los Llanos Orientales, Barranquilla y Medellín que se han reconocido abiertamente como LGBTIQ+ en la institución les vienen acosando, les relegan de sus cargos, les hostigan con prácticas sistemáticas de burlas, les ponen mas cargas de trabajo y les limitan el contacto con la ciudadanía, situaciones que han llevado a los uniformados a salirse de la institución a presentar sus casos en redes sociales e incluso a auto-agredirse en conductas que ponen en riesgo su vida; 3. Recientemente en un espacio institucional una civil le propuso matrimonio a una mujer policía en Vaupés, situación que contó con el apoyo de su comandante y por dicho apoyo, recibió represalias de la dirección general con amenazas de cambio de puesto.
Pero quizás lo mas sorprendente es que Sandra Mora, la abanderada de toda esta historia de visibilidad en la organización, que ha tenido una carrera impecable que la ha llevado en los últimos años a ser directora del Fondo Rotatorio y comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, una de las que reúne mayores desafíos en el país, fue destituida victima de una persecución por su orientación sexual, abriéndole rápidamente varios procesos disciplinarios por presuntos actos de abuso e intimidación que tienen relación con ser una mujer abiertamente lesbiana, aportando pruebas falsas y presionando testimonios engañosos dentro de sus subalternas en la policía para que digan que ella las ponía en riesgo.
Sandra, que en Cúcuta por primera vez devolvió la confianza a la ciudadanía en la institución, que promovió una figura de policía cercana a la gente como lo cuentan las decenas de videos que en redes sociales que la muestran en los barrios de la ciudad liderando acciones cívicas, fue condecorada por el Concejo y los medios de comunicación como la mejor policía que ha tenido la ciudad, acompañó a grupos poblacionales más vulnerables de la capital del Norte de Santander y los municipios vecinos, a los que visitaba con frecuencia y quienes sentían que por primera vez tenían una “policía amiga”. Sandra, que con autoriadad logró la captura de varios criminales peligrosos, resultados en materia de prevenir los delitos y garantizar la convivencia pacífica y el desmantelamiento de grupos criminales y de trafico de drogas, en días pasados, fue retirada a presión de su cargo y se le exigió volver a Bogotá donde seguramente la espera un deshonroso e ingrato llamado a calificar servicios, justo cuando se disponía a su curso de asenso, para ser la primera general abiertamente lesbiana de Colombia.
Las actitudes dentro y fuera de la Policía Nacional de Colombia dan cuenta que en la actualidad es una institución que desprecia la vida de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex, no binarias que buscan la ciudadanía plena. Hoy las personas LGBTIQ+ tienen miedo de la policía, pues suelen decir expresiones como “ellos no nos cuidan, nos ponen en riesgo”. Algunos policías que están hoy en la institución y son sexo-género diversos, han bajado su perfil, algunos han decidido irse a pesar de amar su institución y otros temen ser retirados, Sandra está sola en su casa, con su esposa, viéndose forzada a despedirse impotente de una institución que ama, a la que le dio su vida y de la que quería sentirse orgullosa. La Policía Nacional perdió una oportunidad con Sandra de ofrecerle al país y al mundo la primera general abiertamente lesbiana de Colombia y, sobre todo, de demostrar con hechos que lo suyo es el reconocimiento de los derechos humanos y el respeto a la diversidad. Pero no. La policía quiere insistir que prefiere estar en el lado erróneo de la historia y usar su liderazgo y poder para perseguir y sancionar a la diversidad sexual y de género con su bolillo de destruir la libertad y sus botas de pisotear la dignidad humana, donde son iguales de responsables el ministerio con su inacción y la Procuraduría que, por cazar peleas políticas cotidianas, se le olvidó su tarea de vigilar para que el Estado sea garante de derechos.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo