17 de noviembre de 2023. Los resultados de las elecciones territoriales plantearon un reposicionamiento de partidos tradicionales y clanes políticos que han controlado la burocracia en muchos municipios y departamentos. La cereza al pastel de la democracia fue la elección de personajes que se caracterizaron por sus posturas homofóbicas, transfóbicas y xenófobas, la muestra de un botón es Jaime Beltrán, el pastor elegido como el próximo alcalde Bucaramanga con una votación 91.372 votos por la coalición Defendamos Bucaramanga, quien se erige como el defensor de los valores, familia, vida, respeto y autoridad.
Un elemento relevante es el pasado antiderechos que ha ratificado en varias de sus posturas con relación a personas LGBTIQ+ y migrantes. El pastor, es un lobo vestido de ovejas. La primera bandera roja (red flag) ha sido su auto-reconocimiento como el “Nayib Bukele” convirtiendo a la capital de Santander en El Salvador. ¿Será un criminalizador de las prácticas sexuales y de las personas LGBTIQ+? La segunda red flag se ha puesto a la vista todo el tiempo, pues ha sido un personaje que ha empleado en su marketing político la agenda LGBTIQ+ como el enemigo interno. En el pasado ha empleado el falso discurso de la ideología de género como bandera de campaña en sus aspiraciones anteriores; de hecho, fue uno de los promotores de las marchas contra las cartillas del Ministerio de Educación en 2016.
Su campaña como defensor de la niñez, empleó perversamente las redes sociales para enviar mensajes alarmistas como: “ponerle literatura de ideología de género a los niños es algo que no podemos aceptar. No salgan con que es homofobia, los padres de familia tienen derecho a decidir lo que leen sus hijos y lo que no” es lo que dijo por medio de un video vía en twitter. Un mensaje claro empleado para adquirir a los adeptos ultraconservadores y fanáticos religiosos empleado en los debates públicos. Es claro que la figura del adoctrinamiento para oponerse abiertamente a los derechos de personas LGBTIQ+, una muestra clara de su actuar prejuicioso.
Es fundamental comenzar desde un punto específico: Jaime Andrés ha ganado reconocimiento por sus debates políticos sobre el control de la inseguridad. Durante su campaña, expresó claramente la necesidad de la colaboración entre la fuerza pública y el sector privado, la militarización de áreas críticas en la ciudad, estrategias para expropiar propiedades utilizadas para actividades delictivas y la lucha contra organizaciones dedicadas al microtráfico. Aunque estas propuestas podrían ser consideradas positivas en teoría, su implementación podría desencadenar acciones con consecuencias perjudiciales y peligrosas.
La militarización de las áreas críticas de la ciudad puede llevar a violaciones de los derechos civiles y libertades individuales. Las fuerzas militares a menudo tienen autoridad para usar la fuerza de manera más amplia que las fuerzas de seguridad civiles, lo que podría resultar en abusos de poder y violaciones de los derechos humanos. Asimismo, la militarización a menudo se centra en abordar los síntomas de la inseguridad, pero puede descuidar las causas subyacentes del crimen y la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad social; y la introducción de fuerzas militares puede aumentar la percepción de amenaza y provocar respuestas violentas por parte de la población, lo que podría resultar en un aumento de la violencia en lugar de una disminución.
La introducción de estrategias para combatir el microtráfico puede plantear riesgos específicos para mujeres trans y trabajadoras sexuales. Lo primero, es la percepción erróneamente como asociadas al crimen organizado, lo que intensifica la discriminación y el estigma que ya enfrentan. La presencia de fuerzas de seguridad, especialmente en contextos de militarización, puede dar lugar a violencia institucional dirigida hacia mujeres trans y trabajadoras sexuales. Estas personas pueden ser blanco de arrestos injustificados, detenciones arbitrarias, y enfrentar un trato discriminatorio por parte de las autoridades. Las operaciones policiales y estrategias de seguridad pueden llevar a desplazamientos forzados de comunidades de trabajadoras sexuales, exponiéndolas a entornos desconocidos y potencialmente más peligrosos. Esto aumenta su vulnerabilidad a la violencia y la explotación.
Si bien es cierto, el programa de gobierno incluye varias acciones para personas LGBTIQ+. Esta no es garantía, todavía queda un largo camino para la construcción del Plan de Desarrollo Territorial, lo cual está influenciado por los concejales aliados del Alcalde y las negociaciones con grupos religiosos. Ahora bien, existe una política pública aprobada en el 2022, lo que se requiere es que se implemente, por ende, se asignen recursos y se construya un plan de acción. El riesgo recae en que puede ocurrir a los obstáculos relacionados con el compromiso institucional en la implementación, así como, el aumento de las prácticas de violencias institucional por discriminación fundada en la orientación sexual o identidad de género.
En el contexto actual, Caribe Afirmativo destaca la importancia de persistir en la implementación de la política pública y diversas iniciativas mediante una vigilancia constante durante la próxima administración. El objetivo es transformar a Bucaramanga en un espacio seguro, donde las personas LGBTIQ+ gocen efectivamente de sus derechos, superando la discriminación, exclusión y la continua vulneración de derechos que este grupo ha enfrentado en la ciudad.
Es esencial que la población LGBTIQ+ de Bucaramanga sea reconocida como un actor fundamental para la participación y el pleno ejercicio de derechos tanto en la administración actual como en la futura. Se insta a que el gobierno local no solo reconozca, sino que también incluya activamente a este grupo en la planificación urbana y en los procesos de toma de decisiones. Esto implica dejar atrás las históricas violaciones de derechos que han marcado la experiencia de la población LGBTIQ+.
En medio de estos llamados a la acción por parte de Caribe Afirmativo, es crucial reflexionar sobre la necesidad de construir sociedades inclusivas y respetuosas de la diversidad. La transformación de Bucaramanga en un espacio seguro y propicio para la comunidad LGBTIQ+ no solo requiere políticas públicas efectivas, sino también un cambio cultural y social que desafía los prejuicios arraigados. La participación activa de la población LGBTIQ+ en los procesos de toma de decisiones no solo fortalece la democracia, sino que también enriquece la vida ciudadana al reconocer y valorar la pluralidad de identidades y experiencias. Este llamado a la acción representa una oportunidad para construir un futuro más equitativo y justo para todos los habitantes de Bucaramanga.