Los estigmas y los estereotipos negativos no solo dependen de una situación de emergencia, sino que están inmersos profundamente en la sociedad.
Foto: Raúl Martínez, EFE
31 de marzo de 2023. En el 2020 el mundo se enfrentó ante una emergencia sanitaria global causada por la pandemia del Covid-19. Esto impactó de forma diferenciada e interseccional a poblaciones con especial situación de vulnerabilidad como la población LGBTIQ+ o población migrante o solicitante de refugio. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 1/2020, reconoció los impactos diferenciados que recaían en estas poblaciones en la realización de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y recordó que las medidas de emergencia que tomaran los Estados debían reconocer sus necesidades especiales al tratarse de grupos históricamente excluidos.
Con esta finalidad, estableció algunas medidas para garantizar la inclusión de esta población. Entre ellas, que las personas trans en situación de pobreza y exclusión sean asistidas socialmente para garantizar refugio y vivienda. También que se adopten protocolos de atención en salud que prevengan el prejuicio, la discriminación y la violencia de toda la población LGBTIQ+. Además, implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana.
Si bien se recomendaron estas medidas, la verdad es que los derechos de la población migrante y LGBTIQ+ se vieron gravemente afectados. Como ejemplo, el derecho a la salud de estas personas estuvo perjudicado ya que perdió prioridad en los servicios requeridos, como tratamiento de VIH, tratamiento hormonal o reafirmación de sexo. Asimismo, aumentó también la violencia y el abuso en escenarios familiares hostiles, lo cual afecta gravemente la salud mental. Las personas migrantes quedaron con mayor exposición al contagio, a la estigma y discriminación, a la no libertad de locomoción.
Ahora bien, luego de esta emergencia sanitaria, Caribe afirmativo realizó en el año 2022 una consulta ciudadana para analizar los derechos humanos en Colombia de la población migrante y LGBTIQ+. Esta arrojó resultados respecto a diferentes derechos como la regularización, y es aún gran parte de la población se encuentra sin documentos, lo que les impide acceder formalmente a la salud, la educación y el trabajo.
Respecto a la salud, se encuentran barreras principalmente para quienes viven con enfermedades crónicas o infecciones de transmisión sexual. En relación con el derecho al trabajo, la población encuentra requisitos excesivos de documentación, costos no diferenciados y barreras institucionales para convalidar títulos. Lo que lleva a las personas a mantenerse en oficios informales, en el comercio sexual o rebusque callejero.
Sobre el derecho a la vivienda, la población venezolana y LGBTIQ+ se enfrenta a cobros excesivos, pagos por adelantado y con constante usura. También se han presentado vulnerabilidades especificas en la población trans venezolana, ya que sobreviven gracias al trabajo sexual y esto lleva a riesgos latentes de sus derechos humanos. Presentan mayor exposición ante las redes de prostitución, trata y comercio sexual.
Con lo anterior, es posible concluir que, si bien nos encontramos fuera de la emergencia que exacerbó diferentes violencias, discriminaciones y desigualdades, estas continúan acompañando a la población muy fuertemente, debido a que los estigmas y los estereotipos negativos no solo dependen de una situación de emergencia, sino que están inmersos profundamente en la sociedad. Lo cual exige que la transformación de imaginarios sea responsabilidad de todas y cada una de las personas en el país.