Preocupa cómo en el gobierno distrital persiste la visión de una ciudad netamente centralizada en el desarrollo del centro histórico, como principal fuente de comercio y culturización.
29 de febrero de 2023. En Cartagena el alcalde Dumek Turbay ha dado de qué hablar con lo que ha sido su respuesta frente a la problemática de seguridad, colocando vallas, cerrando vías y realizando una millonaria inversión de 30 mil millones de pesos para combatir los altos índices de criminalidad que ha venido presentando la ciudad, específicamente en el Centro Histórico, al considerarlo como un escenario propicio para la trata de personas. La nueva administración afirma que con esta inversión se adquirirán nuevas cámaras que permitirán la video vigilancia, más de 250 motocicletas para reforzar a los cuadrantes existentes, como también formar grupos de élite especializados, uno por cada localidad, una realidad que será aplicada para el mes de marzo del presente año.
Las anteriores medidas, son producto de la implementación del Decreto No 03 de 2024 el que busca: “restablecer el orden público en el Centro Histórico de Cartagena de Indias y su sector turístico contra del turismo sexual y la trata de personas en especial para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y medidas en contra de la comercialización y tráfico de estupefacientes”. Normativa que ha sido ampliamente criticada por la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil al considerar que no solo no brinda una solución de fondo a la problemática, sino que promueve la exclusión y estigmatización a poblaciones que históricamente han sido marginalizadas y rechazadas por un sistema social, económico y político que no les brinda las garantías mínimas para vivir en condiciones de dignidad y libres de violencias.
A partir de lo anterior, preocupa cómo en el gobierno distrital persiste la visión de una ciudad netamente centralizada en el desarrollo del centro histórico, como principal fuente de comercio y culturalización, situando la necesidad de priorizar y focalizar la seguridad de manera desmedida en esa zona. Mientras sectores populares y periféricos de Cartagena continúan en el olvido institucional, lo que sin duda constituye un contexto de inseguridad y desigualdad permanente.
En ese mismo sentido, vale la pena analizar sobre la forma en que esta narrativa punitivista y militarizada de la ciudad rompe el tejido social, en esa búsqueda de seguridad que discrimina y no tiene en cuenta las voces de la ciudadanía que vive esas realidades, cómo actúan los agentes del Estado frente a éstas políticas.
Un ejemplo de ésta visión militarizada de Cartagena es el anuncio de la conformación de grupos de élite especializados, que si bien, apelan a un lugar para abordar la seguridad de la ciudadanía, se desconocen los alcances, funciones y elementos que componen dicha estrategia; generando incertidumbre frente a su puesta en marcha. Lo anterior, haciendo un llamado a la memoria de lo que ha sido la historia colombiana y en el departamento de Bolívar, pues estos “grupos elites” se pueden relacionar con estructuras paramilitares que han mantenido un objetivo histórico de perseguir, estigmatizar y criminalizar el trabajo sexual, las disidencias sexuales y el trabajo de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos.
Así las cosas, es necesaria la veeduría de éstos procesos y la participación amplia de todos los sectores sociales de Cartagena, sin que se pretenda apresuradamente dar solución a una problemática para mejorar la imagen turística de la ciudad y así consolidar estrategias aterrizadas y con un enfoque de derechos humanos.