A pocos días de iniciar la Copa Mundial de la FIFA, se agudiza el panorama hostil para las personas LGBTIQ+, mujeres, trabajadores migrantes, periodistas, entre otros grupos.
16 de noviembre de 2022. El pasado 15 de noviembre, la organización Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos) publicó un artículo apoyado en la reciente publicación de su ‘Guía para reporteros’, la cual recoge sus preocupaciones respecto al ejercicio del periodismo en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2022, que se celebrará en Qatar, entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Esta guía –además de estar dirigida a periodistas– también resalta el escenario complejo de protección de derechos humanos a otros grupos, como personas LGBTIQ+, mujeres, trabajadores migrantes, entre otros.
Represión, violencia y discriminación hacia personas LGBTIQ+
En este artículo, Human Rights Watch mencionó los graves abusos a los que han estado sometidos estos grupos durante décadas en el mencionado Estado, ubicado en el oeste de Asia. En este, la organización mencionó aspectos legislativos y antecedentes sobre violación de derechos y libertades a personas LGBTIQ+, que darían cuenta de un panorama de hostilidad y represión que podría agudizarse durante las justas del mundial. Sobre lo mencionado, se resaltó que el código penal de Qatar, en su artículo 285, castiga las relaciones sexuales consentidas entre hombres mayores de 16 años con hasta 7 años de prisión . Este código también establece penas de entre uno y tres años para cualquier hombre que “instigue” o “incite” a otro hombre a “cometer un acto de sodomía o inmoralidad”. Del mismo modo, impone una pena de hasta 10 años a quien mantenga relaciones sexuales consentidas, lo que podría aplicarse a las relaciones consentidas entre mujeres, hombres o parejas del mismo sexo.
En la misma línea, Human Rights Watch publicó en octubre las conclusiones de una investigación que expone cómo las fuerzas del Departamento de Seguridad Preventiva de Qatar, dependiente del Ministerio del Interior, habían detenido arbitrariamente a seis personas LGBTIQ+ qataríes y las habían sometido a malos tratos, incluidas fuertes golpes y acoso sexual, durante su detención. Luego de esto –como un requisito para ponerlas en libertad– las autoridades de ese Estado ordenaron las mujeres transgénero detenidas asistir a sesiones de terapias de conversión patrocinadas por el gobierno.
De acuerdo con la organización, las personas entrevistadas aseguraron que estos tratos violentos ocurrieron en septiembre del 2022, pese a que el gobierno qatarí estaba siendo objeto de escrutinio previo a la Copa Mundial, debido a su trato inhumano hacia personas LGBTIQ+. No obstante, los diferentes tipos de violencias, la discriminación y discursos de odio hacia la ciudadanía diversa continúan siendo difundidos por las autoridades de Qatar, como el hecho de censurar las demostraciones de afecto entre parejas homosexuales, las expresiones de género diversas y el apoyo al movimiento LGBTIQ+ en el marco de las justas deportivas. Incluso, En noviembre, un embajador de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 describió la homosexualidad como una “desviación mental” en una entrevista televisiva.
Marginalización e invalidación de las violencias hacia mujeres
Human Rights Watch publicó en 2021 un informe sobre leyes, reglamentos y prácticas qataríes que van en contra de los derechos de las mujeres a la libertad de decidir sobre su vida y sus cuerpos. “Las mujeres de Qatar deben obtener el permiso de sus tutores masculinos (miembros masculinos de la familia) para casarse, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, trabajar en muchos empleos públicos, viajar al extranjero hasta ciertas edades y recibir determinados cuidados de salud reproductiva”, cita la organización.
Sobre esto, la organización observadora de derechos humanos detalló que el código penal de Qatar penaliza –con hasta siete años de prisión– todas las formas de sexo fuera del matrimonio. En caso de que las mujeres sean musulmanas, también podrían ser condenadas a latigazos o lapidación. Esto permitió concluir que, en ese país, las mujeres han sido procesadas de forma discriminadora, revictimizante y desproporcionada, pues el embarazo puede asumirse como una supuesta prueba de delito y, al denunciar una violación, podría asumirse esta como una violación. En este último punto, es importante enfatizar en que la policía no suele tener en cuenta a las mujeres que denuncian este tipo de violencia, sino que cree en los hombres que afirman que fue consentido.
Un escenario como el descrito en el informe de Human Rights Watch da cuenta de las múltiples formas de violencias ejercidas hacia mujeres en Qatar. El hecho de realizar un evento deportivo de escala mundial en el mencionado país podría percibirse como un gesto de complicidad, de tolerancia y normalización de estas condiciones de vida que someten a las mujeres a la marginalización, persecución y discriminación.
Un país que persigue y censura a la prensa
Periodistas internacionales que se han dado cita en Qatar para hacer el cubrimiento de la Copa Mundial de la FIFA 2022, incluso desde antes de iniciar la competencia deportiva, han denunciado tratos restrictivos por parte de las autoridades qataríes. Estas medidas restrictivas hacia la prensa pueden estar amparadas en preceptos legislativos de ese país, pues el código penal qatarí tipifica como delito el hecho de criticar al emir, insultar la bandera de Qatar, difamar la religión (incluida la blasfemia), e incitar “al derrocamiento del régimen”.
Por estos y otros actos considerados como delitos en Qatar, periodistas en ese país podrían ser condenados hasta a tres años de prisión y una multa de 500.000 riales qataríes (cerca de $687.000.000 COP). En otros escenarios, periodistas internacionales han sido detenidos de manera arbitraria mientras trabajan en Qatar, obligados a confesar y su trabajo ha sido destruido.
Este panorama da cuentas de un territorio violento y hostil hacia la prensa, limitando sus libertades de expresión y sometiendo al ejercicio del periodismo a la censura o difusión de verdades incompletas, impidiendo que se informe de manera integral sobre las violaciones de derechos humanos en ese país.