Debe ser pronta y oportuna la ayuda prometida por el gobierno a las personas LGBTI afectadas por el COVID-19

En una crisis humanitaria, la atención del Estado debe garantizarse hacia toda la ciudadanía y, al mismo tiempo, priorizar los grupos poblacionales más vulnerables, los cuales suelen sufrir un impacto agudizado de sus efectos; por tanto, saludamos la decisión de la semana pasada del Ministerio del Interior de entregar entre sus ayudas alimentarias a las personas LGBTI más afectadas y, de la Vicepresidencia de la República, de adecuar alberges con enfoque de género en los territorios, medidas que son consecuentes con la actitud que se debe tomar y que estaban en mora de hacerlo. Sin embargo, nos preocupa la tardanza en su implementación ya que la seguridad alimentaria esta en juego, y el aumento de la violencia intrafamiliar en los hogares en los días de aislamiento ha afectado a algunas mujeres LBT. Por ello, para su ejecución queremos hacer estas 5 recomendaciones:

1. Debe ser importante no solo nominar a las personas LGBTI en términos generales, sino también identificar, entre ellas y ellos, a las que viven más condiciones de vulnerabilidad mujeres trans, personas viviendo con VIH, adultos mayores, habitantes de calle y ciudadanía migrante venezolana.

2. Ofrecer un servicio integral, que no sean solo cajas de alimentos que resuelvan la situación de manera superficial por un par de días, sino en todos los programas que se vienen creando en cada uno de los decretos presidenciales, aplicando una atención diferencial que asegure a los grupos más vulnerables, entre ellos a las personas LGBTI, la seguridad alimentaria, el acceso a salud, rutas de atención en casos de violencia intrafamiliar y lugares seguros donde pasar el aislamiento.

3. Realizar estrategias de articulación con las autoridades locales para identificar las poblaciones más vulnerables y potencializar los resultados. Además, se debe garantizar un proceso transparente, en el cual no tengan cabida las acciones de corrupción, ni de malversación de fondos.

4. Fortalecer y aperturar refugios y hogares de acogida para las personas que están en riesgo de violencia basada en género es oportuno para reducir la violencia hacia las mujeres, que se agudiza además cuando las mujeres son lesbianas, bisexuales o trans, y están en altos niveles de pobreza o ven limitado su acceso a derechos. Pero es necesario que sean albergues que acojan a las mujeres en su diversidad sexual, de género, étnica y etaria, y que garanticen su atención diferencial.

5. Colombia tiene una política pública LGBTI que, entre otros, tiene como objetivo estratégico mejorar la vida de la ciudadanía más pobre y en condiciones de mayor desigualdad, propósito que este gobierno, infortunadamente, ha ignorado y no ha mostrado voluntad política para su consecución. Estamos en medio de la crisis y hay que concentrarnos en la emergencia, pero ojalá, esta sea la oportunidad para que el gobierno tome una decisión estructural y garantice la ciudadanía plena a las personas LGBTI del territorio nacional.

Adicionalmente, será necesario fijar compromisos para hacer seguimiento a las afecciones causadas a la salud mental de las personas en aislamiento, el acceso a mecanismos para informarse sobre salud sexual y reproductiva, la entrega efectiva de medicamentos a las personas que viven con VIH, la creación o adecuación de albergues para que puedan estar también las personas LGBTI con seguridad y en garantía de sus derechos, entre otros aspectos que garanticen una vida digna en medio de la crisis. Finalmente, es necesario es resaltar que todas estas medidas deben implementarse teniendo en cuenta la aplicación de enfoques diferenciales que puedan beneficiar de manera directa a los grupos poblacionales más vulnerados. Esta tarea también debe asumirse y programarse por las autoridades locales, en articulación con el gobierno nacional y poniendo al servicio de la ciudadanía un alto nivel de ejecución que permita llegar de manera oportuna a la ciudadanía LGBTI más afectada.

Teniendo en cuenta lo anterior, Caribe Afirmativo exhorta a los gobiernos municipales, departamentales y nacional a:

1. Ser oportunos, rápidos y eficientes en la respuesta, a través de un mapeo de las necesidades básicas insatisfechas de las personas LGBTI que permita conocer la situación de derechos de esta población en los diferentes entes territoriales. Para lograrlo, será imperativo el trabajo mancomunado y articulado entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, con las organizaciones de la sociedad civil.

2. Ofrecer servicios integrales de alimentación nutritiva, atención psicosocial, atención en salud, garantías para los derechos sexuales y reproductivos, y bienestar en su espacio habitacional.

3. Ser transparentes en los procesos y ofrecer una atención que no revictimice a las personas, por medio de la aplicación de enfoques diferenciales que garanticen el tratamiento diferenciado de las medidas adoptadas por los distintos entes territoriales.

4. Implementar planes permanentes de atención con estrategias de respuesta y seguimiento a casos donde exista vulneración de derechos de las personas LGBTI en medio de grandes crisis y alteraciones sociales.

5. Que haya articulación y coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales, reconociendo las realidades locales y territoriales, y teniendo una fuerte conexión con los grupos de base comunitaria para llegar a las realidades concretas de la ciudadanía.

En este orden de ideas, Caribe Afirmativo se compromete a hacer seguimiento a los compromisos que asuman los diferentes gobiernos en materia de protección de las personas LGBTI más vulnerables ante esta crisis, al tiempo que seguirá brindado acompañamiento a las personas LGBTI en los territorios en los cuales la organización tiene presencia y/o hace incidencia.

Corporación Caribe Afirmativo