Foto: El Espectador
En estos territorios con alta presencia de actores armados es la población civil quien vive los estragos de la violencia, particularmente quienes han sido excluidos y marginados históricamente, como lo son las personas LGBTIQ+.
19 de septiembre de 2023. Históricamente, el sur de Córdoba ha sido fuertemente impactado en el contexto del conflicto armado, lo que ha implicado la presencia de grupos al margen de la ley, disputas por el territorio y rutas de narcotráfico. En este escenario, la sociedad civil ha estado sometida durante décadas a unas dinámicas sociales marcadas por diferentes tipos de violencias, como amenazas, hostigamiento, desplazamiento forzado, persecución, entre otras. Pese a que en el país se han estado llevando a cabo acciones encaminadas a la construcción de una paz estable y duradera, esta subregión continúa percibiendo actos violentos con ocasión del conflicto armado, pero también por parte de actores que fungen como miembros de la Fuerza Pública.
Con esto se hace referencia a lo que el país conoció el 12 de septiembre del presente año, cuando habitantes de la vereda Bocas el Manso en el municipio de Tierralta, al sur del departamento de Córdoba, denunciaron que miembros del Ejército Nacional abusaron sexualmente de una mujer Embera y, además, amenazaron y hostigaron a sus habitantes, empuñando armas de fuego de largo y corto alcance. Luego de estos actos violentas en contra de la población, habrían huido en dirección al punto en el que, de acuerdo con la comunidad, desde hace cinco días, estaba el Ejército haciendo presencia.
Esta grave situación de violencia y vulneración de derechos humanos que hoy se vive en el sur de Córdoba no es ajena a los grandes problemas de seguridad que se han venido presentando en esa subregión desde inicios del 2023. En marzo de este año, comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios por cuenta de las múltiples amenazas provenientes de varios actores armados, sumandole el represamiento de personas que se dio esa zona debido a cuatro bloqueos que se presentaron en las vías de los municipios de La Apartada, Montelíbano, Puerto Libertador, y en el sector La Ye, vía a San José de Uré.
Ahora bien, está percepción de inseguridad en el municipio enciende alarmas respecto a las garantías derechos y entornos seguros para mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas LGBTIQ+ que, en estos contextos de violencias, terminan siendo grupos impactados de manera diferenciada. En el caso de las personas LGBTIQ+, con ocasión del conflicto armado, han sido receptoras de violencias fundamentadas en su orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa. En muchos casos, también han sido silenciadas cuando intentan levantar la voz para defender sus derechos o denunciar crímenes en su contra.
Alertas previas. En el año 2022, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 015/2022 donde evidenció riesgos en el área rural de los municipios de La Apartada, Ayapel, Buenavista, Pueblo Nuevo y Planeta Rica, en la subregión del San Jorge Cordobés. En esta zona también hacen parte los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, y limita igualmente con las subregiones de la Mojana y Bajo Cauca y municipios de Sucre, Antioquia y Bolívar.
En estos territorios se halló que los abundantes recursos del subsuelo representan un gran potencial para el desarrollo minero energético de la subregión y para la generación de rentas ilícitas a través de exacciones forzadas. Del mismo modo, se determinó que permiten la articulación y complementariedad en la explotación informal del oro, la transformación y tránsito del clorhidrato de cocaína y la sucesiva acumulación de tierras para el blanqueo de activos producto de las rentas del narcotráfico y la corrupción.
Sumado a lo anterior, se presenta persistencia de actores armados ilegales por donde han transitado las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL), grupos de justicia privada vinculados al cartel de Medellín, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, (ACCU), las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC), los Paisas, los Rastrojos y las Águilas Negras, que mutaron para dar paso a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esta sucesión de actores armados ilegales constituyen la expresión de un proceso histórico de disputa por el acceso y control sobre la tierra y del territorio, que ha terminado por configurar un orden social autoritario y violento en el que actores armados ilegales limitan las libertades fundamentales, administran justicia, privatizan la seguridad e imponen una tributación forzada, dejando a la población en condición de vulnerabilidad y socialmente estigmatizada.
Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado urgente a las autoridades a tomar acciones efectivas en el sur de Córdoba, en aras de garantizar condiciones de vida digna y segura a la población civil. Del mismo modo, ratificamos nuestra preocupación por la situación de vulnerabilidad que viven las personas LGBTIQ+ en este territorio, que ha sido documentada en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. En estos territorios con alta presencia de actores armados y disputas por intereses ilícitos es la población civil quien vive los estragos de la violencia, particularmente quienes han sido excluidos y marginados históricamente, como lo son las personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de genero diversas.