La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas presentó el análisis semestral de la situación de derechos humanos en Colombia.
18 de agosto del 2023. Hoy se llevó a cabo la presentación del análisis de la situación de derechos humanos de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esta se hizo reconocimiento del enfoque de derechos humanos del gobierno actual, destacando la adopción de la política de seguridad humana —que pone la protección de las comunidades y del medio ambiente en el centro de su acción—, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, las acciones direccionadas a la construcción de paz y protección de derechos humanos, entre otras. Sin embargo, se resaltaron las preocupaciones y desafíos que la Oficina percibe en el territorio y que recomienda atender con urgencia. “Preocupa, en particular, la continua expansión territorial de grupos armados y las estrategias violentas de control social que utilizan contra la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido”, expresó Juliette De Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al inicio de su intervención.
Sobre lo mencionado, la Oficina detalló que, en cuanto a violencia de género y sexual, durante la primera mitad de 2023, ha recibido 42 denuncias de violencia sexual y basada en género en el contexto del conflicto armado, de las cuales se han verificado 27 casos. Estos incidentes ocurrieron en los departamentos de Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. La Oficina enfatizó en que preocupan especialmente las situaciones de trata con fines de explotación sexual de niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley, así como las violaciones de mujeres y niñas. Del mismo modo, ratificó que estas formas de violencia acentúan las desigualdades y resaltan la necesidad de tomar medidas específicas para proteger y garantizar la participación efectiva de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en los procesos de paz.
En cuanto a las masacres ocurridas en el territorio nacional, la Oficina del Alto Comisionado expuso que en el primer semestre del 2023 han ocurrido 52 masacres, percibiendo un aumento del 11% en estos crímenes, en comparación con el mismo semestre del año pasado. En las masacres verificadas, se mantiene la tendencia de que una proporción significativa ha sido presuntamente perpetrada por grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Los departamentos más afectados incluyen Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Sobre la expansión de grupos armados en el territorio nacional, el organismo manifestó preocupación, pues es un panorama que viene en ascenso durante los últimos tres años. “La presencia extendida de estos actores no estatales en varios departamentos, como Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare, es motivo de preocupación. Esta expansión territorial viene acompañada de medidas de control social violentas, que incluyen acciones como asesinatos, amenazas, reclutamiento de menores, identificación de la población y restricciones a la libertad de movimiento, horarios y flujo de información en las comunidades, entre otras”, ratificó.
En esta misma línea, uno de los temas más alarmantes para la Oficina del Alto Comisionado es el reclutamiento de menores por parte de grupos armados al margen de la ley, una preocupación compartida por las comunidades. Por lo tanto, considera fundamental que, en los diálogos y negociaciones con estos grupos, se incluya desde el inicio el cese del reclutamiento infantil y la salvaguardia de los derechos de la infancia.
“En los primeros seis meses del año, hemos recibido 57 denuncias sobre reclutamiento, uso o involucramiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. De estas denuncias, hemos verificado 48 casos hasta la fecha, mientras que 9 casos están en proceso de verificación. En 25 de los 48 casos confirmados en el primer semestre de 2023, las víctimas eran niños y niñas indígenas (17 niños y 6 niñas), y 2 de ellos eran afrodescendientes (1 niño y 1 niña). La inseguridad alimentaria, la falta de condiciones de vida adecuadas y la vulnerabilidad a las violencias basadas en género aumentan el riesgo de la niñez frente a estas prácticas”, expuso el organismo.
Contexto pre-electoral
De acuerdo con el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los últimos meses, grupos armados al margen de la ley han implementado estrategias agresivas para desmantelar organizaciones de la sociedad civil, tomar sus espacios o suplantarlos en varios territorios. Además, han documentado situaciones en las que estos grupos coercen a la población y sus organizaciones para actuar en contra de su voluntad y en favor de sus intereses.
“En múltiples departamentos, hemos registrado cómo los representantes de Juntas de Acción Comunal son convocados regularmente a reuniones para rendir cuentas a los actores armados no estatales. Esto coloca a las comunidades y miembros de estas Juntas en la difícil posición de responder a diversos grupos armados y decidir entre órdenes contradictorias, todo ello bajo amenazas a sus vidas e integridad personal”, expuso la representante en la presentación del informe.
Del mismo modo, ratificó que el control y la violencia impuestos por estos grupos limitan la capacidad de las comunidades para informar sobre su situación, demandar respuestas a las autoridades, poner sus agendas y necesidades en público y expresar sus requerimientos.
Además, enfatizó en que la acumulación de restricciones y normativas impuestas de manera violenta por estos grupos ha llevado a un deterioro de la libertad de expresión de defensores de derechos humanos, líderes y líderesas, así como de las comunidades en los territorios. Esto, a su vez, ha creado un riesgo para el ejercicio de derechos civiles y políticos en el contexto futuro de elecciones.
En cuanto a asesinatos de líderes y lideresas políticas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU dijo: “En el primer semestre del 2023, hemos recibido alegaciones de 18 homicidios y una desaparición forzada de líderes y lideresas políticas. De estos 19 casos, dos eran mujeres. Uno era afrodescendiente, dos eran indígenas y siete eran campesinos. Los departamentos con el mayor número de casos son Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle de Cauca y Nariño”. Además de estos actos de violencia letal, el organismo ha recibido informes de restricciones y prohibiciones en varios departamentos para que candidatos puedan ingresar a ciertas áreas del territorio o llevar a cabo campañas.
Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado a las autoridades a acoger y tener en cuenta este informe entregado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, pues hace mención de panoramas de violaciones de derechos humanos que requieren acciones inmediatas con el fin de proteger la vida y los derechos de los y las ciudadanas en el territorio nacional, principalmente en sectores del país que siguen siendo impactados por el conflicto armado y grupos al margen de la ley. Es necesario y urgente un cese al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como garantizar la seguridad de los liderazgos políticos y sociales en el país.
En Colombia es necesario proteger con urgencia los derechos humanos de todos, todas y todes.