Que la renovación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia, que fue el primer acto legislativo que reconoció a las personas de diversidad sexual y de género como afectadas por el conflicto armado, sea la oportunidad de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías efectivas de no repetición.
Mientras que en el mundo entero las leyes que garantizan el matrimonio igualitario o que prohíben la discriminación son los primeros ejercicios legislativos para reconocer los derechos de las personas LGBTIQ+, en Colombia, hay una particularidad: la primera ley aprobada por el Congreso de la República y que nombra a las personas desde la diversidad sexual, identidades o expresiones de género, fue la Ley 1448 aprobada en 2011. Esta ley se encargó de poner en la agenda legislativa la preocupación por la vida de las personas de diversidad sexual con tres máximas: son víctimas del conflicto armado, hay un orden moral establecido por los actores del conflicto que las hace más vulnerables y las acciones de confrontación en algunos territorios hacen más difícil su vida. En resumidas cuentas, la primera vez que este país pensó en sus derechos y el ejercicio de su ciudadanía lo hizo reconociéndolas como víctimas del conflicto armado. Hoy, la institucionalidad encargada de verificar dicha ley da cuenta de más de 9.555.446 víctimas del conflicto armado, de las cuales 5662 son lesbianas, gais, bisexuales, trans o intersex, según su base de datos a agosto de 2023.
La puesta en marcha de esta ley creó dos ejercicios institucionales muy significativos en el país. Por un lado, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado (UARIV), que en su momento creó un grupo de Género —que hoy ya no existe—, y en este grupo de género se desarrollaron acciones pedagógicas desde la dirección para garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado. En sus procesos de sistematización de hechos victimizantes y personas víctimas del conflicto armado, se constituye, hasta el día de hoy, como la primera entidad del Estado en reportar datos de personas de diversidad sexual en relación con su afectación directa por el conflicto armado y en la enunciación y análisis de los hechos que les son más reiterativos. También, en los últimos años, en su estrategia de reparación colectiva, entendiendo que hay expresiones de la violencia que afectan a grupos y procesos asociativos, ha reconocido la afectación de las confrontaciones armadas a cuatro procesos colectivos LGBTIQ+: la Mesa Diversa de la Comuna 8 de Medellín, El Colectivo Crisálida de San Rafael en Antioquia, La Mesa LGBTIQ+ de El Carmen de Bolívar y Sur de Tolima Diverso, del municipio de Chaparral, en ese departamento.
Por otro lado, esta misma ley también creó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que, con procesos de investigación participativa, ha emitido tres informes que dan cuenta del desarrollo de hipótesis que tratan de explicar los efectos desproporcionados de la violencia hacia las personas LGBTIQ+: ‘Aniquilar la Diferencia, conflicto armado y personas LGBT en Colombia’; ‘El reinado del Río Tuluní, afectación del conflicto armado en el Tolima’; y ‘Ser Marica en el conflicto armado’, sobre la afectación a las personas LGBTIQ+ en el Magdalena Medio. Además de ello, acompaña a los colectivos y procesos organizativos en los territorios para la construcción de la memoria, la organización y consolidación de archivos, y la articulación con procesos artísticos y museográficos en los territorios, así como su participación en la construcción del guión museográfico de lo que será el Museo Nacional de Memoria Histórica.
Toda esta disposición institucional, creada en la última década, no ha sido una expresión espontánea del Estado; es resultado de la incidencia de la sociedad civil, que desde la creación del articulado con la participación de Caribe Afirmativo, logró poner sobre el proyecto de ley la experiencia histórica que el movimiento social ha tenido en relación a prácticas de resistencia, documentación, movilización social y construcción de paz, que ya venía agenciando como eje articulador de su agenda en el país desde finales de los 90 en lo que significó su agenda ciudadana “Planeta Paz”, promoviendo además un ejercicio que también es muy genuino en Colombia y es la participación activa de procesos desde los territorios con las propias dinámicas territoriales. Sin embargo, el movimiento social también ha visto en estos doce años de implementación la inconsistencia de la respuesta estatal en su implementación: a. La desaparición del grupo asesor de género en la dirección de la UARIV; b. La débil y poco efectiva política de reparación de las víctimas; c. El lento y revictimizante proceso al que se somete a los sujetos de reparación colectiva; d. El negacionismo del conflicto armado por parte de un director del CNMH; y e. La ausencia en ambas entidades de acciones transformativas que puedan dar respuestas estructurales a las motivaciones que hicieron que el conflicto armado colombiano hiciera más difícil los proyectos de vida de las personas LGBTIQ+.
Como una oportunidad de mejora, se acoge la sentencia de la Corte Constitucional, que al finalizar el periodo de implementación que se estipuló por diez años (2011 – 2021), revisó el estado de satisfacción de las víctimas en referencia a procesos de reparación y garantías de no repetición y logró establecer que hay bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que no han permitido su implementación concreta, al igual que la eficacia de los enfoques diferenciales y el bienestar en perspectiva territorial, reconociendo que no se ha garantizado una respuesta efectiva a las víctimas, recibe la solicitud ciudadana de reformar la ley y ampliar su periodo de ejecución. En los últimos meses, liderados por la UARIV en los territorios y por ejes temáticos, se recogieron propuestas y aportes de la ciudadanía, especialmente de víctimas del conflicto armado y de organizaciones que les representan, y se formuló un proyecto de ley, recogiendo la orden emanada de la sentencia y se radicó junto con la Mesa Nacional de Víctimas, el Ministerio de Justicia y la Unidad al Congreso de la República y se espera su pronto debate y aprobación.
Hay un ejercicio rector que promueve esta actualización y es su diálogo con las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad, que en 47 de sus 97 recomendaciones, llama al Estado a activar acciones específicas para garantizar su reparación y las garantías de no repetición. Además, hoy surgen preguntas claves para avanzar en la reparación integral de las víctimas: cómo articular dicho accionar con el Sistema de Justicia Transicional; el papel de lo logrado en los nuevos espacios de paz que promueve el país y la sostenibilidad y garantías de seguridad de los procesos de participación ciudadana. A partir de ese derrotero, este proyecto de ley que se dispone a ser debatido se promueve en 9 ejes: a) promover soluciones estructurales; b) articularse con la implementación del acuerdo de paz; c) promover y mejorar las fuentes de financiación; d) fortalecer los procesos de reparación colectiva; e) fortalecer los enfoques diferenciales; f) crear una hoja de ruta y un calendario inmediato de la restitución de tierras; g) fortalecer los procesos de sistematización y análisis de la información; h) promover como acción estratégica el esclarecimiento de la verdad que fortalezca los procesos de memoria; e i) ampliar el universo de las personas que han sido víctimas del conflicto armado, reconociendo el exilio forzado como resultado del conflicto y la afectación que este tuvo en la vida de los bandos en confrontación.
En lo que se refiere a la restitución de derechos de las personas LGBTIQ+ y sus garantías ciudadanas, es importante reconocer que el proceso de consulta no solo indagó con las organizaciones sociales, sino que en los territorios identificó asuntos pendientes en lo que se refiere a mejorar sus condiciones de vida digna. En espacios como el gran diálogo promovido por la UARIV en el Atlántico, cuyo eje espacial de discusión fue la situación de los derechos de las víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado y que contó con la participación de muchas de ellas que hacen parte de las Mesas territoriales, se estipularon cinco emergencias que se esperan sean acogidas en la nueva ley: a) la protección de la vida de forma integral al florecimiento que en los territorios están teniendo las personas LGBTIQ+ que se han visto empoderadas en las Mesas de Participación; b) el ajuste con urgencia y con garantías de avance de los Planes de reparación de los cuatro sujetos de reparación colectiva, su seguridad y restablecimiento pleno de derechos; c) la urgencia de que la institucionalidad para las víctimas pase de la enunciación de los sujetos de diversidad sexual en sus discursos a tener grupos de trabajo con poder de decisión y recursos que permitan que avancen con asertividad en el reconocimiento y la reparación a las víctimas desde los enfoques poblacionales; d) que se construya un plan de trabajo en materia de atención a las agendas de diversidad sexual y de género que armonice las acciones con un plan de acción que garantice el cumplimiento de las recomendaciones de la CEV; y e) que se consolide y llene de contenido con un plan de acción para la implementación el concepto de reparación transformativa, con indicadores, metas y resultados medibles.
Así como hace 13 años, Caribe Afirmativo fue la organización que en el diálogo de sociedad civil buscó ser garante de este avance de incluir por primera vez a las personas LGBTIQ+ en el cuerpo legislativo del país y hacerlo enunciándolas como víctimas del conflicto armado para superar el déficit de derechos al que la guerra las había sometido, hoy estaremos vigilantes no solo a que estas demandas ciudadanas sean acogidas en la nueva ley, sino que se cuenten con las garantías necesarias para que de una vez por todas, y aprovechando este escenario de paz total, logremos que en este país las personas de diversidad sexual pasen de ser víctimas a ciudadanía con plenos derechos para desarrollar su proyecto de vida.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo