23 de noviembre de 2020. En septiembre de este año, el movimiento Causa Justa presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 del Código Penal que penaliza el aborto. Dicha demanda parte de la decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, donde reconoció el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de las mujeres que se encuentren en las tres causales ahora contenidas en la norma, y se enfoca en las barreras de acceso que enfrentan las mujeres que se encuentran dentro de esas causales y la negación de sus derechos fundamentales.
Con el objetivo de coadyuvar a la demanda, Caribe Afirmativo presentó el 12 de noviembre de 2020 una intervención ciudadana para señalar que el artículo 122 del Código Penal también viola los derechos fundamentales de las personas gestantes sexo-género diversas. Aunque los debates en relación con la IVE se han enfocado en mujeres, niñas y adolescentes, es esencial aplicar una perspectiva desde la diversidad sexual y de género.
La gestación es una capacidad no solo de mujeres cisgénero heterosexuales, sino también de las mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, hombres trans, personas intersex, personas no binarias, entre otras personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Por lo que, atendiendo a los avances y el reconocimiento de los derechos humanos sin discriminación, los derechos a la IVE y la salud reproductiva deben ser garantizados y respetados a todas las personas gestantes. Se trata de la protección de los derechos sexuales y reproductivos de toda persona que debe fundarse en los derechos a la dignidad, la autonomía, la intimidad y, especialmente, la igualdad y no discriminación.
Por lo tanto, el artículo 122 del Código Penal también vulnera los derechos de las personas gestantes LGBTI. La penalización del aborto es una barrera estructural para el acceso a los derechos a la IVE, a la salud y a la igualdad. Por ejemplo, el estigma que existe en relación con la IVE se profundiza en los casos de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, en razón de prejuicios relacionados con la diversidad sexual y de género. Estos prejuicios se convierten en control y escrutinio sobre el cuerpo, la sexualidad y la autodeterminación reproductiva. Específicamente, las personas LGBTI son despojadas socialmente de cualquier aptitud para la reproducción y/o la maternidad, por lo que son revictimizadas o violentadas en el acceso a la IVE por alguna de las tres causales; y al mismo tiempo, aunque la persona gestante con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa requiera acceder a la IVE dentro de las tres causales, se suele pretender desincentivar el aborto por parte de la institucionalidad, ya que se entiende la maternidad o la reproducción como una forma de “cura” o “corrección” a la sexualidad o el género diverso de quien gesta.
En este sentido, la penalización del aborto profundiza situaciones de discriminación respecto a las personas gestantes con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Además, al tratarse de una barrera en el acceso a la IVE impuesta por el mismo Estado, muchas veces las personas que intentan acceder a la IVE enfrentan situaciones de violencia institucional basada en prejuicios relacionados con la diversidad sexual y de género. Todo esto genera que se sigan profundizando desigualdades y exclusión contra las personas LGBTI.
Es importante recordar que Causa Justa es un movimiento integrado por más de 45 organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres y feministas, más de 60 activistas, representantes de la academia, prestadoras de servicios de salud y centros de investigación, cuyo objetivo es que las personas gestantes puedan acceder a su derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Caribe Afirmativo reitera su apoyo Causa Justa, teniendo en cuenta que han ampliado estos debates para incluir una perspectiva interseccional, feminista y de diversidad sexual y de género. Con este gran esfuerzo de movilización social, liderado por el movimiento de mujeres y feminista, de derechos humanos y de la academia, la Corte Constitucional debe realizar un análisis de la constitucionalidad de la norma que responda al reconocimiento de los derechos fundamentales a la dignidad, la autonomía, la salud reproductiva, la IVE, la igualdad y la no discriminación de todas las personas gestantes.