14 de febrero de 2021.
El 2021 ha tenido uno de los comienzos de año más violentos, en comparación con los años posteriores a la firma del Acuerdo de Paz en 2016. A las estadísticas alarmantes y una violencia que se agudiza en la periferia, se suma la proliferación de nuevos actores criminales que establecen un control territorial en aquellas regiones en donde no hay presencia del Estado. Sin embargo, ¿Por qué existe una nueva ola de violencia luego de la firma de los acuerdos? ¿Qué tiene que ver la pandemia con el recrudecimiento de las dinámicas violentas en los territorios? ¿Cuál es la situación de las comunidades ahora? Desde el equipo de Paz y Conflicto Armado de Caribe Afirmativo intentaremos dar respuesta a estas cuestiones.
La semana pasada Human Rights Watch[i] publicó un informe en el que expone la situación de los líderes y lideresas sociales en Colombia. Aunque este informe no tiene un enfoque diferencial, pues no hay una categorización para liderazgos sociales de personas LGBT y tampoco incluye la situación de algunos territorios como el caso del Caribe colombiano, con un precedente histórico de conflicto como en Montes de María y el Sur de Córdoba. Este documento señala que desde el 2016 más de 400 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en territorios con antecedentes de situaciones de conflicto y que actualmente cuentan con presencias de diferentes actores armados. Dichas subregiones se caracterizan por ser zonas que en el pasado fueron controladas por las FARC-EP, y en las que hay muy poca presencia de la institucionalidad y las autoridades; a su vez, son municipios que viven procesos de restitución de tierras y erradicación de cultivos ilícitos.
En ese orden de ideas una primera hipótesis es que ante el desarme de las FARC quedaron ciertos actores armados ilegales que se fortalecieron y grupos que surgieron de antiguos procesos de desmovilización, como el de las AUC entre 2003 y 2006, y que actualmente se disputan el control del territorio en temas de seguridad, administración y recaudación de tributos. Tal es el caso del municipio del Yarumal, Antioquia, que padece una violencia desmedida por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Caparrapos[ii].
Adicionalmente, se debe valorar que el 2020 cerró con fuertes olas de violencia, un aumento dramático de las masacres y con una pandemia que recrudeció la situación de las comunidades que ante los cierres. Los toques de queda y las cuarentenas dejaron a varias zonas del país en una situación de abandono total y hasta el momento la mayoría de los funcionarios públicos trabajan de manera remota, con muy poca comunicación con los líderes y lideresas de aquellas zonas por el miedo a que las llamadas sean interceptadas[iii].
Por otro lado, los actores armados ilegales participaron de los controles durante la cuarentena, por ejemplo, en los departamentos de Córdoba, Magdalena y Bolívar grupos como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia publicaron panfletos anunciando graves sanciones para las personas que no cumplieran con los toques de queda o se pasaran por alto las reglas, y en efecto la población civil que incumplió estas normas se convirtió en objetivo militar. El caso de Montelíbano es un vivo ejemplo de dichas amenazas; ahí las AGC crearon un reten ilegal durante los primeros meses de la pandemia para verificar el cumplimiento de la movilidad, lo cuál dejo varios carros quemados, personas asesinadas y bloqueos en los corregimientos[iv].
Desde Caribe Afirmativo le recordamos al Estado la importancia y la necesidad de asegurar condiciones de vida donde se garanticen los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas y comunidades. En este sentido, el Estado tiene el deber de sentarse a oír a las comunidades y la sociedad civil de todos estos territorios y proponer salidas consensadas con ellas para acabar con esta violencia. El retardo o la omisión en tomar decisiones para acabar con esta crisis humanitaria que es la violencia del conflicto y el asesinato masivo de lideresas y líderes sociales hacen al Estado responsable de estos hechos, y terminan deformando sus fines de salvaguarda y protección de derechos de todas y todos.
[i] Tomado de https://www.hrw.org/es/americas/colombia
[ii] Tomado de https://elpais.com/opinion/2021-02-02/la-decapitacion-en-yarumal.html
[iii] Tomado de https://elpais.com/opinion/2020-12-17/el-ano-del-olvido.html
[iv] Tomado de https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/pandemia-control-territorial-y-grupos-armados-organizados-77536