Foto: El Espectador
El 4 de julio de 2023 el Estado colombiano, en cabeza del Ministerio de Defensa, realizó el acto de disculpas públicas por la asesinato y desaparición forzada de Alix Fabián Vargas Hernández.
06 de julio de 2023. Alix Fabián Vargas Hernández era un joven de 25 años de edad que se sostenía laboralmente como como ayudante de despacho de buses y realizando el aseo de un asadero y piqueteadero. Hijo de Ilba y Jorge, su familia lo recuerda como una persona trabajadora y honesta. Para sus sobrinos, era también su segundo padre y su profesor favorito de fútbol. Fabián trabajaba en la terminal de transportes de Tunja, lugar donde lo vieron sus familiares y amigos por última vez el primero de agosto de 2008.
Entre el 7 y 8 de agosto del mismo año, Fabián fue captado en su lugar de trabajo, asesinado e ilegítimamente presentado por miembros del ejército como baja en un combate ocurrido entre la ciudad de Tunja (Boyacá) y el corregimiento de Susa, en el municipio de Onzaga (Santander), señalado de ser integrante del ELN. Los uniformados que lo asesinaron cambiaron sus documentos de identidad por los de otra persona y ubicaron junto a su cuerpo armas, granadas y folletos del ELN, presentando su asesinato el 10 de agosto de 2008 como la “muerte en combate de un terrorista en el marco de una operación militar”. Además dilataron el proceso investigativo, obstaculizaron la identificación del cuerpo y retardaron el avance de las investigaciones judiciales, por lo cual su familia emprendió una búsqueda exhaustiva en Tunja y Santander gracias a la cual lograron el 23 de noviembre de 2008 recibir su cuerpo.
En agosto de 2018, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad del Estado por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Alix Fabián Vargas Hernández. Este crimen fue cometido por Militares del Ejército Colombiano, entonces cuadros militares del pelotón número 3 de la Compañía Alazán, adscrita al Grupo de Caballería Mecanizado No. 1 General ‘‘José Miguel Silva Plazas’’ y pertenecientes a la Brigada primera de la quinta división del Ejército Nacional. En la sentencia el alto tribunal ordenó como medida de reparación integral la realización de un acto conmemorativo público de disculpas a sus familiares. Jorge, su papá, falleció sin saber la verdad de los hechos ni recibir estas disculpas.
No fue hasta 2023, quince años después y tras la expedición de una orden judicial, que la familia del joven recibió el reconocimiento de responsabilidad y disculpas del Estado colombiano. Este acto simbólico contó con la participación del ministro de defensa Iván Velásquez Gómez y el comandante del ejército nacional General Luis Mauricio Ospina. En sus intervenciones ofrecieron disculpas a los familiares y reiteraron que la muerte de Alix Fabián no había ocurrido en el marco de una confrontación armada con grupos armados al margen de la ley; por el contrario, fue resultado de un abuso de poder de las armas entregadas para la defensa. Además, resaltaron la importancia de los actos de reconocimiento en aras de garantizar la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Entre el 2002 y el 2008, de acuerdo a cifras preliminares de la Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas –en adelante SRVR-[1], en Colombia 6.402 personas fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate cuando en realidad eran civiles. Este fenómeno conocido como “falsos positivos”, deviene del crimen tipificado como ejecuciones extrajudiciales, priorizado e investigado por la JEP en el marco del Caso 03 denominado ‘‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’’. En Auto 33 del 12 de febrero de 2021, la SRVR develó que una característica de estas ejecuciones atribuidas a batallones, fue la “la utilización de informantes y reclutadores para la identificación de víctimas o incluso su engaño para trasladarlas a los lugares en los que eran simulados los combates[2]”, por lo que se trató de una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos, desplegada por agentes del estado
El Magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramellí Arteaga, durante su participación en el evento, señaló que ‘‘se trataba de un joven trabajador con sueños y esperanzas que es llevado a una terminal de transporte hacia un lugar lejano para presentarlo ilegítimamente como un baja en combate. Aquí, al igual que en Dabeiba, las identidades de las víctimas fueron alteradas y suprimidas por completo, con la finalidad de ocultar los crímenes. De igual manera, a las familias se les ocultaron los cuerpos cuando finalmente tuvieron algún tipo de noticia, y a partir de allí tuvieron que enfrentar el drama de la mentira y la estigmatización. Eso es lo que hemos denominado el patrón de macrocriminalidad de asesinatos y desapariciones forzadas de personas en condiciones de vulnerabilidad económica, social o física[…] desde la JEP acompañamos la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de todas las víctimas de estos crímenes atroces’’.
Desde Caribe Afirmativo manifestamos nuestra solidaridad con la familia de Alix Fabián Vargas Hernández y todas las personas que han sufrido la pérdida de personas cercanas debido a este macroso patrón de criminalidad. Consideramos que dar cumplimiento en lo ordenado en el Fallo del Consejo de Estado permite que estos espacios restaurativos sean de carácter significativo y reparador para las víctimas y sus familiares, toda vez que permiten mantener viva la esperanza y contribuyen a la reivindicación de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y las medidas de no repetición para la construcción de una paz estable y duradera.
[1] La sala de Reconocimiento de Verdad, encontró esta cifra, después de contrastar las versiones que han entregado los comparecientes sometidos ante la JEP con los expedientes de la Fiscalía, los informes de la Procuraduría, las cifras del Sistema Penal Acusatorio, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).
[2] Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Auto No. 033 de 2021, por medio del cual, se hace de público conocimiento la priorización interna del Caso 03 denominado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”