Justo cuando el Ministerio de la Igualdad entra en un proceso de incertidumbre, el gobierno recoge un clamor de meses de las organizaciones sociales para poner en claro sus funciones. El Ministerio del Interior, a través de un decreto, le entrega las tareas más estructurales a este ministerio en vía de extinción.
El Ministerio del Interior hizo público el decreto 0714 de 2024, con el cual modifica sus funciones relacionadas con las agendas LGBTIQ+: le entrega las tareas de política pública al Ministerio de la Igualdad y asume para sí las de seguridad y garantías de derechos humanos. Menos de 24 horas después de una reunión con el Ministro Velásco, donde las organizaciones sociales presentamos una serie de necesidades dejando rutas y tareas concretas al Ministerio del Interior, se firma un decreto por el mismo jefe de la cartera que, al delegar todas las funciones de política pública y de relacionamiento territorial al Ministerio de la Igualdad y quedarse solo con las tareas de protección de derechos, dejó sin base la mayoría de las propuestas presentadas en la reunión de trabajo.
El asunto es que este tipo de claridad era la que esperábamos tener al inicio del Ministerio de la Igualdad, cuando comenzaron los eventos, reuniones y espacios de concertación convocados también por el Ministerio del Interior. En ocasiones se agotaba la misma agenda, en los mismos lugares y recabando la misma información; esto contribuyó a gastos excesivos del Estado sin resultados rápidos y concretos. Luego de meses de críticas por lo que parecía ser, por un lado, duplicación de funciones y, por otro, falta de claridad en las tareas, nos llega un decreto que, aunque tarde, parece que permitirá al gobierno actual materializar sus compromisos con las agendas de diversidad sexual y de género, dejando establecidas funciones y responsables. El problema es que dicho decreto, como todo lo que este gobierno y el anterior hicieron, no contó con la participación ciudadana para darle elementos de juicio para tomar sus decisiones. Además, su aparición, días después de que la Corte dejara sin base el Ministerio de la Igualdad, a quien le delega la mayoría de las funciones, no es muy motivadora para que lidere esta agenda en plena debacle. ¿Tendrá la capacidad de ejecutar cuando precisamente es la cartera de menor ejecución? ¿Podrá dar norte político cuando, luego de más de seis meses de haber sido designado, no se posesiona el viceministro? ¿Tiene capacidad de promover acciones transformativas, cuando una vida tan breve la condena a pequeños actos mediáticos para no salir de circulación?
El decreto tiene justificaciones certeras. Deja constancia de que la razón de ser del Ministerio de la Igualdad es la eliminación de las desigualdades y avanzar en el principio de no discriminación a través de la incorporación de los enfoques de género. En su considerando, el decreto plantea una claridad organizativa fundamental para entender las tareas del ejecutivo: recuerda que el Ministerio de la Igualdad, para desarrollar su objeto según el artículo 5 de la ley 2281 de 2023, con énfasis en territorios excluidos y marginados, debe proteger los derechos con enfoque de género, entre ellos las personas LGBTIQ+. Por ello, adopta la estructura que de entrada deja establecido un viceministerio para las diversidades. En lo que compete al Ministerio del Interior, articula a su viceministerio del diálogo social, la igualdad y los derechos humanos, las tareas de la defensa y promoción de los derechos humanos y la participación ciudadana. Esto deja en manos del Ministerio de Igualdad la implementación de la política pública y la asistencia a los territorios.
Esta definición, que establece claridades de funciones y diferenciación de tareas, decreta dejar en el Ministerio del Interior las funciones de políticas públicas en derechos humanos, promover el diálogo político y prevenir las violaciones a los derechos humanos. Desaparecen de un plumazo todas las acciones que dicha cartera, desde el último gobierno de Álvaro Uribe, lideraba desde su dirección de minorías para las personas LGBTIQ+. Solo mantiene en la dirección de derechos humanos la función número 8: diseñar programas de asistencia técnica y de apoyo en materia de autoprotección, fortalecimiento organizativo y participación para personas defensoras de derechos humanos, lideresas sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales para la población LGBTIQ+. En el artículo 9, la promoción de acciones con enfoque diferencial con las demás entidades del Estado orientadas a la protección, el fortalecimiento organizativo y la participación de personas LGBTIQ+ defensoras de derechos humanos y, en la función 10, prestar asesoría a los entes territoriales en materia de autoprotección y fortalecimiento organizativo para personas LGBTIQ+ defensoras de derechos humanos.
Si bien dicha aclaración de funciones está sustentada en la búsqueda de la eficacia y de una mayor respuesta del Estado, desconoce los principios de oportunidad que la política pública enarboló para dejar en cabeza de este ministerio su ejecución y darle herramientas para un proceso de fortalecimiento interno. Allí, cuatro cosas llaman la atención:
1. Las agendas poblacionales, antes del Ministerio de la Igualdad, estaban o en este Ministerio o en las Consejerías. Hoy, a pesar del nuevo ministerio y como un ejercicio tranquilo de arranque, siguen las Consejerías y direcciones como las de los asuntos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Aunque no existía antes una estructura tan puntual en asuntos LGBTIQ+, en el Ministerio del Interior se retiró todo lo que había, reduciéndolo solo a Derechos Humanos y cancelando las demás funciones, dejando mayor responsabilidad en el nuevo ministerio.
2. Si bien es un principio fundacional el enfoque de género en las directivas del Interior, al sacar los asuntos LGBTIQ+ de espacios como la dirección de minorías, no deja establecidos en las funciones los mecanismos para seguir considerando el enfoque de género en su misionalidad.
3. Hay agendas que se conservan claves en este ministerio, como la prevención de la trata de personas, donde hay un alto nivel de riesgo para personas sexo-género diversas, o en materia de atención a personas con discapacidad; pero no se considera, ni en forma nominal, la particularidad de personas LGBTIQ+ en estas agendas.
4. En un abanico de poblaciones y temas de interés que atraviesan múltiples realidades propias de las subjetividades, no hay ninguna mención a la interseccionalidad. Por ejemplo, no se propone atención en los procesos étnicos con personas afro o indígenas LGBTIQ+ ni en los procesos internos del Ministerio en lo que corresponde a su funcionamiento y estructura, no se piensa en la presencia y la acción de participación en sus estructuras de personas LGBTIQ+.
En términos generales, el decreto presenta una ausencia estructural en tres acciones clave:
- Su articulación en clave del plan de implementación de la política pública, que es una tarea que el gobierno anterior dejó pendiente y que el actual sigue pensando cómo hacer de dicho plan un proceso participativo.
- La ausencia de puentes entre este y las funciones que se desprenden del Plan de Desarrollo, que por primera vez tiene compromisos concretos con las agendas LGBTIQ+ que se suman en dos grandes acciones: crear y poner en funcionamiento el mecanismo para la prevención y atención integral de violencias, tarea que leyendo este decreto permanece en el Ministerio del Interior, pero que justo el mes pasado el Ministerio de la Igualdad publicó un borrador de cómo crear este sistema, dejando nuevamente por fuera la participación de la ciudadanía.
- La ausencia del vínculo entre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de avanzar con celeridad en garantizar acciones concretas para proteger la vida de las personas sexo-género diversas y lo dilatado y poco oportuno que están siendo las acciones cuando, luego de múltiples procesos territoriales y consultas sociales, el resultado es un decreto de estructura y funciones.
Es saludable que Colombia tenga un Ministerio de la Igualdad; es angustiante que por un error de procedimiento ya tenga fecha de cierre. Es muy difícil, en la coyuntura política, poderlo levantar y, en ese escenario, la ausencia de liderazgo político por un cargo viceministerial que no han querido nombrar y la timidez de inversión que no les permite ejecutar hace que se desdibuje un equipo potente que en la dirección de asuntos LGBTIQ+ tiene toda la experticia para una excelente labor. Acciones administrativas como este decreto, que busca ordenar la casa, se reciben con desconfianza. A casi la mitad del gobierno actual y con su dificultad para concretar asuntos estructurales, empieza a pensarse que no cumplirá con las personas sexo-género diversas y que el cambio no será para superar los prejuicios, la invisibilidad y la ausencia de ciudadanía plena que tienen en el país muchas personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex, queer y no binarias.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo