A 10 años de la implementación de la política pública LGBTIQ+ de Medellín, Caribe Afirmativo reflexiona sobre sus avances y retos, instando a las instituciones a hacer el ejercicio de actualización de forma participativa y abierta, atendiendo a las nuevas realidades de personas LGBTIQ+ en la ciudad.
14 de febrero de 2023. Una política pública es una batería de soluciones que le apunta a atender una problemática socialmente reconocida. Funciona como un medio que permite dar respuesta a asuntos de interés público, generalmente anclados a determinadas poblaciones, territorios y dinámicas específicas, con el fin de cerrar brechas de acceso, resolver inequidades, deudas históricas, facilitar condiciones de vida digna y reconocer el goce efectivo de derechos humanos como un horizonte de oportunidades, de manera que las poblaciones que constituyen el centro de la política puedan experimentar una transformación de las condiciones de vida.
En ese sentido, las políticas públicas requieren que el Estado tome una postura frente a una problemática en específico, lo que implica reconocerla y decidir qué hacer. Para eso se sirve de filosofías e ideologías, pero también requiere de estudios preliminares, construcción de marcos de referencia, exposiciones de motivos y líneas de base. También debe servirse de caracterizaciones poblacionales, informes de derechos humanos y de una relación estratégica con la sociedad civil organizada, ciudadanía objetivo y procesos de base comunitaria, para que estos puedan comprometerse con el proceso de construcción y mediación en estas políticas, que terminan siendo un trabajo que realiza la malla de actores que participan, donde el papel protagónico no es precisamente el Estado.
Ahora bien, este entramado de información resulta bastante oportuno para que se identifiquen iniciativas, decisiones y acciones a implementar en el marco de las políticas públicas, de manera que estas permitan la transformación de las realidades ciudadanas.
Por ejemplo, para el mes de abril del año 2011 en Medellín, a través del acuerdo 08, la ciudad adoptó la política pública que tuvo como fin “el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género y para la protección, restablecimiento, atención y garantía de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) del Municipio de Medellín”, que tuvo una vigencia de diez años, hasta el año 2021 que se convocó a su actualización.
Este documento está dividido en catorce (14) artículos donde se especifican los principios rectores de la política pública, como la equidad y la corresponsabilidad, haciendo un llamado a la participación y veeduría ciudadana; la integralidad y la autonomía, la coordinación y el reconocimiento de la diversidad, entre otras. Estos principios orientan el deber ser de la implementación de la política. Así mismo, incluye los enfoques, evidenciando que prioriza los derechos humanos, la transformación cultural, poblacional y territorial.
Dichos enfoques son necesarios porque reconocen que las dinámicas de la ciudad y sus personas no son estandarizadas, sino que tienen variables, por lo que las decisiones y las acciones deben tomarse con base en esto. Artículo seguido están los objetivos y los componentes de la política pública, donde se prioriza el trabajo en determinadas áreas, que pasan a ser los indicadores de la misma. En ella también se incluye la estrategia de comunicación, el proceso de planeación de la política, la financiación y la estructura organizativa de la política, entre otras.
Estas acciones, descritas en el documento, dan cuenta de cómo la administración distrital se compromete a adelantar una serie de acciones en beneficio de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales. A su vez permitió que las personas objetivo de la política pudieran ser reconocidas como sujetas de derechos, así como estableció acciones afirmativas y estructurales, en beneficio de estas.
(Si quieres saber más, el acuerdo 08 de 2011 puede consultarse aquí: shorturl.at/derZ3)
Si bien en principio la política pública LGBTI estuvo tercerizada, situación que dio lugar a distintas dificultades en el primer tramo de la implementación, ha sido una política pública exponencial, que ha ido instalándose en los territorios, en la conciencia de los procesos de base comunitaria, activistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanías, siendo un instrumento legítimo para la exigencia de derechos, al que se le debe hacer seguimiento, evaluación y monitoreo.
Así mismo, la política pública ha permitido la formación a funcionariado público en diversidades sexuales y de género, con enfoque de derechos; la realización de actividades que visibilizan a estas personas en el espacio público, otras de carácter culturales y artísticas, así como la creación de estímulos para el fomento del arte y la cultura. Estas y muchas más acciones le han apuntado a la transformación de imaginarios negativos, fóbicos de las diversidades sexuales y de género.
Es por eso que la actualización de la política pública supone una evaluación de estos diez años de implementación, de carácter estructural y coyuntural, que analice el impacto del acuerdo en la ciudad. Así mismo, esta actualización debe visibilizar problemáticas, necesidades y condiciones de las personas LGBTIQ+ en Medellín, dándole lugar a las nuevas categorías identitarias, que suponen desafíos en materia de derechos, y estableciendo acciones en beneficio de poblaciones e identidades que para su momento no fueron visibles o no tuvieron voz, discriminadas por grupo etario, raza, etnia, género, territorio, partiendo de la diversificación de participantes del actual ejercicio.
Es por eso que Caribe Afirmativo se ha sumado de manera activa en esta actualización, así como estimular la participación de quienes están en nuestros procesos comunitarios. Por ejemplo, esta actualización de la política pública debe tener un enfoque que pueda atender de manera efectiva la movilidad humana, así como fortalecer las agendas trans, no binarias en la ciudad y de mujeres lesbianas y bisexuales. Por eso nos hemos sumado a este ejercicio, incluso comprendiendo que la responsabilidad no se ubica única y específicamente en esta política pública, sino que vale la pena reflexionar e incidir en otras, como la de Paz, No Violencia, Reconciliación y No Estigmatización de Medellín; la Política Integral Migratoria (PIM) y otras que le apuesten a mejorar las condiciones de vida de las personas, para que tengan enfoque de género y diversidades sexuales.