La participación de las personas LGBTIQ+ es determinante en la construcción de los planes de desarrollo, así como los mecanismos que activen los gobiernos para tramitar sus necesidades en propuestas con metas, indicadores, resultados y presupuesto que en los próximos años garantice la equidad y justicia social.
Una de las acciones más significativas en la democracia es promover espacios para pasar de las acciones representativas a las participativas. Esa motivación convocó en 1990 la séptima papeleta (promovida por los jóvenes y académicos) que dio a luz nuestra actual constitución política, todo un ejercicio escriturístico de la participación ciudadana. Precisamente el movimiento LGBTIQ+ que por esos mismos años, gracias a la consolidación del artículo 4: prohibir la discriminación y activar acciones afirmativas, y el artículo 7: garantizar el libre desarrollo de la personalidad, las personas sexo-género diversas promovieron en el Congreso (de forma fallida) y en la Corte Constitucional, acciones de incidencia y litigio que dieron como resultado no solo avances significativos en materia de igualdad legal que hoy celebramos, sino que abrió y consolidó múltiples espacios de participación en mesas, comités, asambleas y consultas, tendientes a dar voz a sus demandas de forma directa y promover acciones que garanticen sus derechos.
Como todo ejercicio democrático en Colombia hasta ahora, quedó muy bien en términos teóricos, pero costó y cuesta mucho en términos prácticos: los últimos años de la década del 90 y la primera década de este siglo, acciones colectivas, de incidencia y movilización, llevaron a los liderazgos LGBTIQ+ a exigir estar en esos espacios y darse un lugar como sujetos participantes en los escenarios de discusión del país. Fueron las mesas de participación de las víctimas y los consejos de política social, los primeros escenarios que no solo dieron cupos a las personas sexo-género diversas del país, sino que además interpelaron las formas y maneras como se concibe la participación, identifican las demandas y se proponen soluciones. Fruto de ello, en términos nacionales y regionales, no solo empiezan a reconocerse los liderazgos de personas gais, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, queer o no binarias, entre otras; sino que llegaron a la agenda pública solicitudes como la sexualidad como derecho, la autonomía de los cuerpos, el reconocimiento de nuevas formas de activismo y defensa de derechos, que con el pasar de los años están contenidas en políticas públicas, acciones afirmativas y políticas sociales.
Por estos antecedentes, el ambiente que se vive hoy en los gobiernos seccionales, en la construcción de planes de desarrollo, de forma participativa como indica la norma, es una oportunidad para consolidar el liderazgo y las propuestas transformadoras en los territorios. Al principio, parecía un privilegio y fueron muchas las acciones que los activistas tuvieron que desplegar para poder ser llamados a dichas mesas. En la construcción del último plan nacional, el año pasado, por primera vez, se contó en los territorios con mesas LGBTIQ+ que dio como resultado que por primera vez estemos en el articulado del plan de desarrollo (en los anteriores solo en las bases) y desde allí con indicadores, resultados y metas claves. En el plano local, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali fueron viendo cada cuatrienio la llegada a los espacios territoriales y temáticos de discusión a personas LGBTIQ+ y con ellas propuestas que se materializaron en políticas públicas, mecanismos de acompañamiento, acceso a derechos, fortalecimiento de procesos colectivos y abrieron espacios tanto en los Consejos territoriales, como en los procesos de veeduría ciudadana y control político en las corporaciones.
El proceso de consulta tiene cuatro partes y en cada una de ellas hay una posibilidad de acción: a) en la construcción de la propuesta que debe llevar al Programa de Gobierno elegido a ser un plan de desarrollo para todos, como una hoja de ruta en cabeza de las Secretarías y dependencias de las alcaldías y gobernaciones; allí el ser consultados, usando todos los medios y estar en los diálogos territoriales y poblacionales que se activan para tal fin, en donde la presencia y las propuestas de las personas LGBTIQ+ son necesarias – no solo en la mesa para las personas sexo-género diversas- pues emergen desde esas realidades y contexto que habitan; b) en la conformación y los espacios de interlocución de los Consejos territoriales de planeación, que por su grado de ser representativos de la sociedad, deben velar porque a su interior estén representados todos los grupos y que deben velar por las garantías de no discriminación y de reconocimiento a la diversidad en cada una de las propuestas y que estén en orden a garantizar derechos y garantías poblacionales; c) en las sesiones ordinarias de los Consejos y Asambleas quienes aprueban el proyecto y le otorgan presupuesto, donde se debe poder participar en los debates públicos y ser parte de las diferentes mesas de trabajo, viabilizando las propuestas y sugerencias de la ciudadanía y d) en los sistemas de seguimiento y monitoreo del control de poderes en el Estado, para que, una vez aprobado el Plan, se cuenten con indicadores claros y concretos de cumplimiento y satisfacción que permitan velar por su implementación materializada en agendas de trabajo, distribución presupuestal y responsables que de forma efectiva asuman y activen lo allí aprobado.
Al final y en un ejercicio que toma 4 meses tendremos en todos los entes territoriales, planes de desarrollo, que como carta de navegación, regirán las acciones político-administrativas de este cuatrienio, en cabeza de los gobiernos elegidos, pero en orden al bienestar de todos los habitantes combinando tres factores: 1. Sustentar todo en los derechos humanos y en la búsqueda de bienestar de la ciudadanía, 2. Mantener las acciones, políticas y decisiones que ya venían en ejecución y 3. Garantizar un ejercicio transparente y público que le permita a la ciudadanía poder identificar en acciones cotidianas los avances; de
esta manera, y desde los escenarios locales, como movimiento comprometido con la transformación social y la urgencia de que la vida de las personas LGBTIQ+ pueda ser vivida, el preparar propuestas de manera colectiva y concertada previa a estos diálogos, nos permitirá llegar a esos espacios de discusión, con experiencia, ideas consolidadas y sobre todo la posibilidad que podremos en nuestras localidades mejorar la calidad de vida de las personas sexo-género diversas y ello significa:
Exigir la activación de espacios de trabajo por parte de los gobiernos y que estos garanticen la discusión con todas las garantías para las personas LGBTIQ+ en horarios, lenguajes, actitud de escucha respetuosa a las personas, responsabilidad de acoger las propuestas, brindar mecanismos de articulación con otras áreas y orientar en todo momento el proceso de la planeación. Asumir la preparación como sociedad civil para identificar previamente propuestas posibles y realizables, llegar a los escenarios tanto territoriales como temáticos, pues son realidades que deben estar en todos los espacios, hacer seguimiento a lo que quede condensado tanto en la propuesta al Consejo territorial de planeación, como en el documento final que se entregue a los consejos y asambleas. Buscar la representación en los Consejos territoriales de planeación (que se elige por ocho años y son referentes representativos), para cumplir su cometido de velar para que en su interior estén representados los grupos poblacionales, establecer canales de comunicación para que conozcan las propuestas de las comunidades y las puedan comparar con el proyecto entregado por el gobierno seccional y ante inconsistencias, activar diálogos ciudadanos para corroborar la pertinencia y utilidad de cada una de las propuestas. Vigilar la revisión de las corporaciones – Concejos y Asambleas- en el estudio juicioso de las propuestas, decantando que recojan las iniciativas ciudadanas y que estén conectadas con los programas de gobierno de quienes fueron elegidos, promover cabildos y conversaciones con la ciudadanía de forma pública y con garantías para la interpelación.
De todo este proceso la sociedad civil debe crear estrategias comunicacionales entre sus grupos poblacionales y la opinión pública en general, no solo para validar las solicitudes y respaldar las exigencias, sino también como mecanismos de cultivar una opinión pública favorable que con mecanismos pedagógicos acompañe en acciones de solidaridad las demandas de cada uno de los sectores, y así se blinden las garantías de que las ideas fueron bien recogidas y materializadas en cada uno de los ejes del plan y en un ejercicio de ciudadanía activa permanente, construyan sus propios mecanismos de verificación a la implementación en materia de metas y resultados concretos y la vigilancia para que se dispongan los recursos necesarios para dicha implementación. Acción que es permanente y madura el ejercicio veedor que tiene la ciudadanía con sus gobiernos y la tarea de responsabilidad con el bien común que tienen los gobiernos con sus comunidades.
La planeación para el desarrollo no es teorizar vivir bien, es materializar las acciones que se necesitan para vivir una vida bien vivida y en este plano de lo local, a diferencia de la planeación nacional que en el plan vigente tuvo como pilares acciones más de política rectora como la activación de la política pública y la activación de la protección a la vida de las personas LGBTIQ+ en lo territorial, las apuestas están en orden a los asuntos concretos que materialicen realización en la vida cotidiana; como acceso a derechos, oferta de servicios eficientes, prácticas de reconocimiento en los espacios públicos, seguridad en el sistema escolar, acceso diferencial en los servicios de salud, acompañamiento y apoyo en las acciones culturales y la presencia de personas LGBTIQ+ en todos los espacios ciudadanos que garanticen la participación sin detrimentos, exclusión o pormenorización motivada por estigmas o discriminación sustentada en la diversidad sexual o de género. De esa manera, planear el desarrollo debe promover que la vida de barrio o la vereda, la permanencia en el parque, el acceso a servicios, el goce de derechos, sea una realidad para todas las personas en todos los momentos de su vida.
Estas semanas, la planeación para el desarrollo con equidad es nuestro principal desafío, pero no el punto final. A la ciudadanía nos compete seguir movilizándonos por el bienestar, pero esta es la oportunidad de entender que este ejercicio participativo contribuye a que de una vez por todas el Estado cumpla su tarea de velar por nuestros derechos y para ello, promover espacios de veeduría, solicitar informes periódicos, evaluar el impacto de las acciones y ver la corresponsabilidad de cada una de las funciones del Estado en materia de reconocimiento de la diversidad sexual y de género, será motivación en la agenda del activismo y la incidencia política para poder indicar hechos cumplidos en programas concretos que efectivamente el desarrollo es con las personas LGBTIQ+ y que los territorios son garantes de derechos.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo