12 de abril 2020. Según datos obtenidos en la investigación Enterezas, realizada por Caribe afirmativo en el año 2019, las personas trans y particularmente las mujeres trans son las más violentadas por parte de la Policía Nacional, más del 70% de los casos reportados están dirigidos a ellas. A pesar de las múltiples capacitaciones y formación al personal de la Policía, vemos una aplicación selectiva de la ley y procedimientos irregulares en la implementación del Código de Policía en espacios públicos hacia mujeres trans, quienes son sometidas a una serie de acciones violentas que casi nunca se denuncian por el miedo a las retaliaciones. Estas acciones limitan el derecho al trabajo y a la libre movilidad, aprovechándose de que muchas de ellas no presentan armonía entre su nombre identitario y su nombre jurídico o, simplemente, el o la agente de policía les asigna el género contrario, de acuerdo a la identidad percibida que los uniformados tienen sobre las personas trans.
Se reconoce en esta investigación un número de 37 hechos de violencia policial, los cuales han sido invisibilizados por miedo a denunciar, a la retaliación, la criminalización, la revictimización y la deslegitimación de la denuncia; y situaciones que contribuyen a que sus casos queden en la impunidad.
A pesar de que la situación de las personas trans en el país sea esta, el pasado 8 de abril fue implementada la medida del pico y género en la ciudad Bogotá (lea la nota completa aquí) y a partir de las 12m del día de mañana, la medida empezará a regir en la ciudad de Cartagena con la entrega en vigor del decreto 0538 de 2020, el cual consiste en reducir la circulación de las personas en el espacio público de acuerdo a su género (hombre y mujer, en las palabras del Decreto) y aunque aclara que las personas transgénero circularán de acuerdo a su identidad de género, el problema que persiste, como ya se mencionó anteriormente, es el desconocimiento y los prejuicios del cuerpo policial ante los casos que involucran identidades de género diversas.
Así las cosas, Caribe Afirmativo comunica a la opinión pública que:
- Si bien es necesario organizar a la población para salir, y así, mitigar la propagación del COVID-19, con el último digito de la cédula es suficiente, ya que medidas como el “pico y género” atentan contra la integridad física y emocional de las personas trans.
- Aplicar restricciones de este tipo para la libre circulación de las personas en el espacio público, podría acentuar las desigualdades y las inequidades de género, ya que existe todavía existe un gran desconocimiento en cuanto a este respecto.
- Quien debe implementar la medida es la policía, la cual, en los últimos años, ha demostrado ser una institución transfóbica que ha generado, de manera sistemática, violencia hacia las personas trans.
- Esté propuesta “esencialista” como ya se ha demostrado en Panamá, Perú y Bogotá, es un caldo de cultivo para que aumenten las expresiones de discriminación (chistes de mal gusto que ponen en riesgo la dignidad) hacia personas trans, además de que esta desconoce las identidades de género no binarias.
Ya con el decreto en vigencia, si bien se espera que este sea replanteado por el gobierno local, es importante que la Alcaldía Distrital dé a la Policía Metropolitana un protocolo sobre cómo tratar a las personas con identidades y expresiones y de género diversas en el marco de la medida, lo cual deberá ser vigilado por la personería en interés de que no se comenta ningún tipo de abuso. En Bogotá, por ejemplo, fue divulgada la Circular No.012 de 2020 en donde se dan unos lineamientos a las autoridades de policía del distrito capital sobre cómo deben actuar frente a las personas trans. Esto, con el fin de que la Policía no termine decidiendo, desde su perspectiva binaria, (solo hombres y mujeres cisgénero) quién sí debe estar por fuera y quien no, además de prevenir actos de violencia contra estas personas.
Como comentario final, se resalta que, desde Caribe Afirmativo, se ha venido trabajando por deconstruir esta visión binaria del género, por lo cual medidas de este tipo representan un retroceso en materia de derechos para las personas que no se reconocen dentro de esta concepción, poniendo en peligro su integridad física y emocional. En Perú, por ejemplo, la medida del pico y género fue retirada por el Gobierno Nacional después de algunos días de haberse iniciado, puesto que no se tuvieron los resultados esperados, lo que ocasionó que esta estrategia fuese catalogada como un error.