El gobierno presentó hace unos días el borrador de un decreto que garantizaría, por lo menos en el papel, los derechos de esta población.
Hasta el 28 de febrero, las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) tienen plazo para estudiar el borrador de un decreto contra la discriminación sexual que adelanta el gobierno por intermedio del Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que se empezó a construir desde 2011 cuando se realizaron varias jornadas con participación ciudadana para tratar el tema.
El documento (Ver aquí), que consta de 28 artículos, obligaría a varias entidades del Estado a trabajar en pro de los derechos de esta población, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo tendría que realizar campañas que promuevan el respeto, y Mindefensa se encargaría de capacitar a la fuerza pública, mientras que los colegios oficiales y estatales cambian sus manuales de convivencia. Esto último es muy importante, sobre todo después de que se conocieran historias como la del estudiante Sergio Urrego, que en agosto de 2014 se suicidó por la discriminación que realizaron en su contra los directivos del colegio donde estudiaba debido a su orientación sexual; o como la de un colegio en el norte de Barranquilla que considera abominable cualquier comportamiento homosexual.
“Este decreto busca transformar imaginarios. Es revolucionario desde el ámbito cultural, pues pretende garantizar los derechos cotidianos de esta comunidad. La gente cree que los derechos de los LGBTI van hasta el matrimonio y la adopción, pero se equivocan, se necesita ganar mucho terreno en las garantías de su día a día, en la lucha contra su discriminación”, contó al diario El Espectador el consejero presidencial de Derechos Humanos, Guillermo Rivera.
El documento que estaría listo después de que las personas LGBTI y los defensores de derechos humanos lo aprueben, también contempla beneficios en el sector salud. “Minsalud y Protección Social expedirán los instrumentos de política pública que sean necesarios para garantizar acceso integral y diferencial a esta población”, dice uno de los apartes del documento que se publicó el pasado 7 de febrero en la página web de la consejería (www.derechoshumanos.gov.co).
Quienes hayan sido recluidos en una cárcel o sean víctimas del conflicto armado también recibirán un tratamiento especial. El documento anuncia que se dictarán charlas a reclusos y funcionarios del Inpec, mientras la Unidad de Víctimas garantiza una atención con enfoque diferencial y brinda apoyo psicosocial. Este decreto, con el cual se adopta “la política pública Nacional para el desarrollo pleno de los derechos de las personas LGBTI”, también pide que se implementen medidas para que las víctimas, conozcan sus derechos y exijan una reparación. En el borrador también se le pide a la Superintendencia de Notariado y Registro estar al tanto de los notarios que no están cumpliendo con la norma que permite la corrección del componente sexo en la cédula de una forma ágil.
CARIBE AFIRMATIVO te invita a estudiar el documento, y a enviar tus comentarios y observaciones al correo electrónico:aportesdecretolgbti@mininterior.gov.co, que se creó para que la comunidad participe en la creación del decreto.