Pronuncimiento ante la Mesa de Negociación del Gobierno Colombiano y las FARC EP en el proceso de Paz, la Habana, Febrero 11 de 2015.
Caribe Afirmativo una organización de la sociedad civil que promueve el reconocimiento de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex de Colombia, en asocio con otras y otros activistas LGBTI del País que acompañan este pronunciamiento, queremos hacer un reconocimiento a ésta Mesa de diálogos que ha tenido a bien romper con una práctica sistemática de invisibilidad de la diversidad sexual y de género en el país, al reconocernos y convocarnos como actores que construimos y aportamos al proceso de paz y del postconflicto. Expresamos nuestro aprecio a los esfuerzos realizados por el Estado Colombiano de incluir agendas LGBTI, atendiendo la nutrida jurisprudencia en la materia, al igual a las FARC-EP, por su reciente pronunciamiento en el que reconoce a las víctimas de la diversidad sexual y de género que ha dejado el conflicto y a las dos partes por nuestra inclusión en los acuerdos preliminares de participación política. También valoramos el significado de estar aquí del lado del movimiento de mujeres, nuestras aliadas históricas en las agendas de exigibilidad de derechos, de quienes hemos aprendido y compartido en múltiples escenarios.
Queremos iniciar por señalar la falta de una acción estructural, integral, sostenida, por parte del Estado colombiano, que ha restringido el ejercicio de la ciudadanía plena de las personas LGBTI. Nos enfrentamos ante un vacío legal que ha restringido nuestros campo de acción social y que implica diferentes formas de violencia y victimización, tales como: homicidios, desplazamientos forzados, panfletos con amenazas y agresiones físicas. Hemos identificado preliminarmente que son actores ilegales, en ocasiones grupos de postdesmovilización, quienes ejercen algunas de estas violencias. Y en otros casos son actores del Estado, quienes actúan al margen de la ley, o la usan a su antojo para negarnos nuestros derechos. Lo que tienen en común estos agresores, es el desprecio por la diversidad sexual, el uso de prejuicios y estereotipos negativos, la idea de que transgredir los roles de lo masculino y lo femenino son motivos suficientes para negarle la vida, integridad, libertad al otro u otra.
Nos hemos cansado de que las demandas de las personas LGBTI sean reducidas, ocultas, silenciadas. Luchamos constantemente para “salir del closet”, para poder ser, expresar y vivir nuestra orientación sexual e identidad de género. Y no aceptamos que las violencias ejercidas por actores armados nos obliguen a “volver al closet”. Las armas y las palabras, borran nuestros cuerpos y relativizar nuestras exigencias. Por ello apostamos a este proceso de paz y postconflicto, pues vemos una oportunidad invaluable para que construyamos una nueva concepción de país. Una concepción en la que de forma integral el respeto, protección, promoción y garantía de la diversidad sea una principio inviolable. Un país en el que no se se exacerben las creencias moralistas basadas en creencias del Siglo XIX, y abramos el debate sobre qué implica vivir en un Estado pluralista, fundado en el respeto de las diferencias y la laicidad. Un país en el cual las agendas de diversidad sexual y de género no son de la bandera de ciudadanos y ciudadanas de “segunda clase”, sino que por el contrario, se reconozca, como un aspecto estructural del postconflicto y garantía de paz.
Señores y Señoras de la Mesa de Negociación
El país que nos ha tocado vivir a muchos y muchas de nosotros, es el de la exclusión y la discriminación; de la negación a nuestra diversidad, marcado por la violencia de género hacia las mujeres trans, lenguajes reproductores de lógicas tradicionales de genero patriarcales y excluyentes y acciones del Estado y los gobiernos ajenas a nuestra realidad. Se nos ha ofrecido una respuesta institucional a nuestras demandas, una Política Pública nacional LGBTI, que ha tardado 8 años en concretarse en un borrador, que aún no recoge la totalidad de nuestras necesidades ni articula los esfuerzos de todo el aparato del Estado; y que aún no responde a la grave situación de impunidad de nuestras denuncias por violaciones a nuestros derechos. Esfuerzos que aún no han creado las garantías para que se supere el alto estado de indefensión en que se encuentran las víctimas por orientación sexual o identidad de género, tanto del conflicto armado como de otras formas de violencia.
Consideramos que gran parte del origen actual de estas problemáticas radica en que la Constitución Política no incorporó la orientación sexual, identidad y expresión de género como motivos de discriminación expresamente prohibidos. Este silencio legal ha permitido que funcionarios, funcionarias públicos, representantes democráticamente elegidos y la sociedad en general, promuevan discursos de odio que se basan en estereotipos y prejuicios. Proponemos que los Acuerdos se guíen por Principios de Igualdad ante la Ley No discriminación reconozcan expresamente que las personas LGBTI somos ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones y que el Estado prohíbe toda violencia física, verbal o psicológica contra nosotros y nosotras. Proponemos que los conceptos de moral pública, orden ciudadano y decencia, sean discutidas en foros públicos, diversos, influyentes y garantistas.
Reconocemos los avances jurisprudenciales constitucionales como un llamado al Estado para que amplíe los marcos legales que se orientan al respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI. Estos mínimos constitucionales nos plantean la urgencia de incluir la orientación sexual, identidad y expresión de género como motivos expresamente prohibidos de discriminación.
Sabemos que el reconocimiento legal no basta para transformar prácticas sociales o culturales, pero consideramos que el reconocer explícitamente que existimos y que somos ciudadanos y ciudadanas, al mayor nivel de consideraciones generales de los Acuerdos, permitirá llenar este vacío que ha existido hasta el momento, y que pueda abrir espacios en leyes, disposiciones administrativas y judiciales, respetuosas con las personas LGBTI.
Violencias naturalizadas e invisibilizadas
Las organizaciones sociales y activistas han documentado y denunciado las violencias por identidad de género u orientación sexual asociadas al conflicto armado y sociopolítico en Colombia desde inicios de las década de los noventa. Organizaciones internacionales han llamado la atención del Estado Colombiano al respecto desde mediados de los noventa. Sin embargo, es sólo en años recientes que el Estado colombiano ha empezado a desarrollar acciones para documentar estos hechos y mencionarlos en los temas de conflicto u búsqueda de la paz.
Actores armados no-estatales tampoco han reconocido haber cometido acciones contra estos sectores sociales, a pesar de la evidencia que muestra tanto acciones directas de victimización como el control ejercido por ellos sobre la sexualidad y las relaciones de género en las comunidades y zonas en disputa. La violencia contra mujeres lesbianas y hombres homosexuales al interior de los ejércitos, estatales o no estatales, es con frecuencia silenciada bajo ideas como “faltas a la disciplina” o encubierta bajo otras acusaciones.
Actores estatales como no estatales en conflicto han operado bajo ideas como la “decencia”, la “moralidad”, la “normalidad” para controlar las comunidades, y los cuerpos de los individuos. Con ello han expuesto y facilitado a las personas y organizaciones de sectores LGBT a variadas formas de violencia.
A nivel internacional, en las discusiones sobre los conflictos y los postconflictos se ha reconocido la violencia sexual y de género con mayor frecuencia. Un cuerpo de legislaciones internacionales se ha desarrollado al respecto desde inicios del presente siglo. Sin embargo, las nociones de género y sexualidad que se usan en estos instrumentos son rígidas, dualistas y dicotómicas, dificultando el reconocimiento de las violencias que afectan a otras sexualidades y otros modos de vivir las identidades de género.
Violencias que permanecen y se recomponen en el postconflicto
Las negociaciones de paz han sido escenarios privilegiados para crear un nuevo contrato social basado en el respeto a las diferencias y la eliminación de marcos legales y políticos que promueven la discriminación. Por ejemplo, en la Constitución Sudafricana post-apartheid, la inclusión de una clausula declarando la orientación sexual como parte del derecho a la igualdad, desencadenó una serie de reformas legales que llevaron desde la despenalización de la homosexualidad hasta la garantía plena de derechos para parejas del mismo sexo.
Organizaciones de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgeneristas han participado activamente en múltiples movilizaciones por la paz y en los tránsitos a la democracia en contextos tan diversos como la antigua Yugoslavia, Irlanda o Sudáfrica. Sus prácticas y experiencias para crear convivencia han sido significativas en la profundización de la democracia en tales contextos.
Sin embargo, varios ejemplos internacionales demuestran también que los escenarios postconflicto no son necesariamente más seguros en términos de violencia sexual y de género. En las negociaciones de paz y la reconstrucción de los estados postconflicto, se refuerzan roles tradicionales de género que definen a los hombres como los “salvadores de la patria” y a las mujeres como las “madres” de la nueva nación. Movimientos revolucionarios que se muestran amigables y solidarios con las causas homosexuales no generan cambios reales cuando logran el poder, como sucedió en Nicaragua. El nacionalismo que se fomenta en los procesos de reconstrucción nacional se hace con frecuencia llamando a recuperar valores “tradicionales”, el “honor” o una idea de “identidad nacional” que no sólo margina y borra diferencias sino que atenta contra grupos minoritarios, como ha sucedido en varios países de la antigua Yugoslavia. Las violencias sexuales y de género toman nuevas formas en los postconflictos, como ha sucedido en Sudáfrica.
Por lo anterior, las negociaciones de paz, los tránsitos a la democracia y los escenarios postconflicto generan variados retos no sólo para las personas y organizaciones de los sectores sociales LGBT sino para quienes tienen a cargo pensar un nuevo contrato social. proponemos:
- Revisar en clave de género cómo se están construyendo los acuerdos para blindarlos de cualquier práctica patriarcal y excluyente y garantizar un enfoque de género y diversidad sexual en todo el proceso de negociación; que no definan a los hombres como “salvadores de la patria” y a las mujeres como “madres de la nación”, pues reproducen desigualdades e inequidades de género que mantienen la violencia.
- Reconocer, aprender e incorporar los conocimientos, prácticas y experiencias que las personas y organizaciones de los sectores LGBTI han acumulado en sus luchas por la dignidad y sus iniciativas para lograr sociedades más incluyentes. Tales conocimientos son insumo significativo para una construcción de paz desde los sectores sociales subordinados y marginalizados, y desde una idea de hacer una paz situada en contextos y condiciones sociales y culturales concretas.
- La creación de memorias y documentaciones sobre formas de victimización de las personas y organizaciones de los sectores LGBTI debe ir a la par del reconocimiento de su lugar como actoras de paz, convivencia y de la creación de condiciones para que puedan participar en igualdad de condiciones con otros actores sociales en la creación de un nuevo vínculo social. Para ello es clave que las FARC-EP participen en el esclarecimiento de la verdad sobre violencias por orientación sexual e identidad de género, al interior de sus filas como en las comunidades, así como su compromiso en la no repetición de éstas en el postconflicto.
- La permanencia, transformación y recomposición de violencias asociadas al género y la sexualidad en los contextos postconflicto implica pensar la seguridad desde una noción amplia, no sólo limitada al cese al fuego y el control de las armas sino a la creación de condiciones que permitan a todas las personas vivir una vida libre de violencias, amenazas y miedo; por ello pedimos que la seguridad, desde una perspectiva humana sea construida para la vida cotidiana y para el goce tanto de lo publico como de lo privado, sea un elemento central de los acuerdos.
- La creación de confianza, reconciliación y nuevas formas de relación social que implica un escenario de postconflicto, implica también remover formas de discriminación, exclusión y marginación basadas en el género y la sexualidad. Una política de género y sexualidad clara y con relevancia debe ir a la par de las políticas que buscan remover relaciones de inequidad, desigualdad e injusticia. Ello implica la remoción de barreras legales que siguen generando “ciudadanías de segunda clase”, la eliminación de las violencias que son reproducidas por las instituciones y la promoción de diálogos, espacios de encuentro y trabajo en alianza entre múltiples sectores sociales.
- Desde nuestra experiencia como sector social discriminado, no queremos que el postconflicto genere nuevos closets donde las personas sean nuevamente estigmatizadas, invisibilizadas y sigan viviendo con miedo. Como colombianos y colombianas invitamos a dejar el closet atrás, a poder vivir sin miedo de la diferencia.
- Solicitamos que el proceso de desmovilización garantice un compromiso con el desmonte de imaginarios patriarcales y homofóbicos que reproducen la violencia y que garanticen que el fortalecimiento de estructuras como la de las familias y la sociedad, que harán los reinsertados, pasen por el reconocimiento de las familias diversas y prevenga todo tipo de violencia o negación de derechos hacia las personas LGBTI.
Corporación Caribe Afirmativo