En el marco de la conmemoración del día internacional de los derechos humanos, destacamos el derecho humano a la paz como un requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos.
10 de diciembre. A 10 de diciembre de 2022, 74 años después de haber sido aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, destacamos que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano superior, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y de la ciudadanía.
En el caso colombiano, el Acuerdo Final que se firmó hace 6 años, se ha ceñido al espíritu y alcances de las normas de la Constitución Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, de lo mandado por el Estatuto de Roma, de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos.
Con la implementación del Acuerdo Final, se contribuye a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales; los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación; el derecho de los niños, niñas y adolescentes; el derecho de libertad de culto y de su libre ejercicio; el derecho fundamental a la seguridad jurídica individual y/o colectiva y a la seguridad física; y el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar definitivamente.
Particularmente, la paz en Colombia se ha distinguido a nivel internacional por su especial atención a poblaciones que sufrieron de manera desproporcionada los efectos del conflicto armado. Dentro de estos grupos poblacionales se encuentran las mujeres, los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los campesinos y campesinas; las personas en condición de discapacidad; las personas adultas mayores y las personas LGBTIQ+.
Sin embargo, frente a los hechos de violencia que se han registrado en los últimos años, violatorios a los DDHH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por hechos de violencia en Colombia relacionados con el accionar de grupos armados no estatales. Frente a ello, hizo un llamado en mayo de 2022 al Estado a incrementar sus esfuerzos destinados a transformar las causas en las que se sustentan las actividades de los grupos armados, en particular, implementar de manera práctica y efectiva las acciones previstas en el punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz. En este entendido, la CIDH ha sido reiterativa en que es necesario que el Estado implemente de manera integral el Acuerdo Final con el propósito de fortalecer el proceso de pacificación del país y combatir las causas estructurales de la violencia.
En los últimos años, el recrudecimiento de la violencia en los territorios, las disputas territoriales entre actores armados y las faltas de garantías de los gobiernos en turno para garantizar la implementación y cumplimiento del acuerdo de paz han causado una situación preocupante en materia de derechos humanos.
Según Indepaz (2022), en los últimos 6 años se han reportado:
- 1.389 asesinatos de líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos, de los cuales 22 son líderes, lideresas y defensoras de derechos de personas LGBTIQ+
- 342 asesinatos de firmantes del acuerdo
- 353 masacres
En este sentido, en el gobierno actual de Gustavo Petro se radicó el proyecto de la Paz Total, mediante el cual se pretende convertir la paz en una política de estado, y por consiguiente, en un asunto prioritario, transversal e integral para el mismo.
Desde Caribe Afirmativo reiteramos la necesidad de iniciar acciones encaminadas a la protección del derecho humano a la paz, como un requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos. A su vez, es indispensable la implementación del Acuerdo Final en su totalidad para así poder evitar el incremento de las cifras de violaciones de derechos humanos de firmantes del acuerdo así como de la ciudadanía en general que habita en zonas donde el conflicto ha sido protagonista. Por último, es importante continuar visibilizando y reconociendo los impactos diferenciados que sufrieron las víctimas, y de persistir en el compromiso de deconstruir los imaginarios negativos que aún priman en la sociedad sobre las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Solo así se podrá avanzar en la consecución de una paz total que garantice el derecho el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia.