Los procesos de paz en Colombia, con la participación de la sociedad civil en los años 90 en las plataformas de la sociedad civil como Planeta Paz y, recientemente, con la implementación del enfoque de género conseguido en el acuerdo con las FARC, ha dado cuenta de los efectos desproporcionados del conflicto armado hacia las personas LGBTIQ+ por la exacerbación de la violencia hacia ellos en el marco de las guerras.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hasta la fecha cuenta con unas cinco mil personas, funge como el último grupo guerrillero en Colombia con estructura clara y definida que aún se alza en armas, con un órgano de dirección llamado Comando Central (COCE). En el año 2015, en medio del fervor que producía en su momento el avance de la Mesa de Diálogos con las FARC, el gobierno de Santos tomó la decisión de iniciar un diálogo con este grupo, con un diálogo exploratorio en Quito, que permitiera, entendiendo sus particularidades, aprovechar el ambiente para poner fin al conflicto armado y avanzar también con esta guerrilla. Aunque es proporcionalmente mucho menor que las FARC en integrantes y acciones, son expresiones insurgentes en territorios estratégicos que perviven hoy, como Chocó, Catatumbo, Sur de Córdoba y Arauca, cobrando la vida de decenas de civiles, limitando derechos ciudadanos a muchas comunidades y articulando sus acciones con prácticas delictivas, entre las que se cuentan como más significativas el secuestro, la extorsión y el ataque sistemático a la infraestructura petrolera. Son una amenaza para el bienestar del pueblo colombiano. Son de triste recordación las masacres cometidas por este grupo, como la ocurrida en Venezuela en 1995, llamada la de Carabobo, donde fueron asesinados infantes de marina en el estado Apure; el secuestro de 190 personas en una iglesia en Cali, Valle, en 1999; y el secuestro y forzoso aterrizaje de un avión de Avianca en el sur de Bolívar, con el posterior secuestro de sus pasajeros ese mismo año.
La aparición de este grupo insurgente en la década de los años 60 en un territorio donde se invocaba el valor político de la autonomía (San Vicente de Chucurí, Santander) y cerca de la frontera con Venezuela, le llevó desde el origen a tener una fuerte influencia binacional. Esta aparición estuvo marcada por tres acciones históricas altamente significativas: la acogida que en América Latina tenía la revolución cubana, como un modelo de tener política propia en la región que pusiera freno a la opresión que usufructuaba la riqueza natural; el auge de la teología de la liberación y el fomento del sentimiento religioso en un ejercicio emancipado de libertades nacidas en las expectativas de fe de las comunidades; y la decepción del abandono estatal a sus compromisos con el bienestar y la justicia social, escudados en su interés de fortalecer lo privado y el individualismo. Estas tres razones consagran los tres atributos más significativos y únicos de este grupo guerrillero: una ferviente creencia en la posibilidad de instaurar en la región el modelo marxista, el abrazo a la religión como ejercicio liberador y la consolidación de la vida comunitaria como la base del bienestar. Todo esto en un contexto, a diferencia de las FARC, con mayor influencia y acompañamiento de intelectuales que desde universidades, grupos urbanos y organizaciones sociales pensaban y teorizaban en el estancamiento del país, con una expresión de autonomía regional que respondiera a la diversidad territorial y anticentralista que, a pesar de la presión, ha sobrevivido en el país.
La figura del padre Camilo Torres y la presencia de muchos sacerdotes, religiosas y cristianos que se unieron a este grupo, ante la negativa de la Iglesia Católica de enarbolar las banderas de la Teología de la Liberación, rápidamente hicieron del espectro ideológico, doctrinal y dogmático un valor de gran trascendencia en este grupo guerrillero. Esto hizo que discusiones como el género, la diversidad y la interseccionalidad tuvieran un espacio aún más reducido para su discusión y análisis que en otros frentes insurgentes, contrainsurgentes y militares, que ya de por sí son limitados, porque sus concepciones de proyectos políticos se unían y confundían rápidamente con aspectos morales. No es gratuito que en este grupo aún hoy se invoque el libro de los Hechos de los Apóstoles y la vida de los primeros cristianos como modelo de vida que debe imitar un Estado-nación.
Esta concepción de su lucha armada ha vetado y silenciado en sus filas discusiones de género o demandas de personas LGBTIQ+. Además, ha hecho que las pocas veces que este grupo alzado en armas ha reconocido las infracciones al derecho internacional humanitario lo pormenorice cuando se trata de la vida de las mujeres o las personas sexo-género diversas. Casos de su presunta responsabilidad, como asesinatos ocurridos en Catatumbo y Arauca cuyas víctimas son personas sexo-género diversas, desplazamiento y amenazas a liderazgos de hombres gays en el sur de Bolívar, feminicidios y violencia sexual contra mujeres lesbianas en Arauca, y reclutamiento de hombres gays en el Chocó, son, entre otros, casos que se han conocido de afectación directa por parte de este grupo guerrillero hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y no binarias, que no solo se han resistido a reconocer sino que incluso han validado a partir de su visión moral de la realidad. Incluso personas entre sus filas que se han reconocido como personas sexo-género diversas o que por su expresión de género se presume eso de ellas, han sido enjuiciadas y expulsadas por faltas consideradas gravísimas.
Sus células urbanas, si bien se han mostrado más interesadas en abordar discusiones en materia de diversidad sexual y de género, consideran que esto es marginal, pues creen que la afectación que las personas LGBTIQ+ reciben en el conflicto no está relacionada con su orientación, identidad o expresión, sino con la cadena de pobreza, inequidad, subdesarrollo y falta de garantías, y creen que si se avanza en esto no será necesario afirmar sus derechos como grupo poblacional. Reflexión que incluso ha sido invocada a la hora de pedir revisar la posibilidad de pensar debates en materia de género y de derechos de mujeres, tanto en sus filas como en sus acciones bélicas. En materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, su visión del papel de la autonomía y del cuerpo de las mujeres es igual de precaria. Esta situación doctrinal hizo que durante décadas las acciones de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo del movimiento de mujeres y las personas LGBTIQ+, en lo que se refiere a la incidencia en el diálogo y la participación, se concentran en espacios como los acuerdos con las FARC. Claro, al documentar hechos victimizantes como los promovidos por el sistema de justicia transicional, se pusieron sobre la mesa casos cuya responsabilidad al ser indagada correspondía al ELN. Esto se convirtió en insumos para proponer un diálogo con perspectiva de género en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Desde la década de los 90, el gobierno colombiano, al unísono con la puesta en marcha de la constitución de 1991, la cual promueve el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía, y que prohíbe la discriminación, exploró los primeros procesos de diálogo con este grupo guerrillero, que no prosperaron ni con el presidente Gaviria, ni Samper, ni Pastrana, ni Uribe, ni Santos, ni Duque, que no lo intentó; y que ahora, con la instalación propuesta por el gobierno de Petro, y con el avance del primer ciclo, tanto en el cese de hostilidades como en la instalación del espacio de sociedad civil, donde participamos como movimiento, parece que tendrá un horizonte de efectividad.
La presencia en estos procesos de las personas LGBTIQ+ no es novedosa. Hace cinco años, en Quito, se logró participar del proceso exploratorio con seis propuestas fruto del conocimiento que estos años de construcción de paz nos han permitido identificar presuntas acciones del ELN que sería fundamental que puedan ser parte de este proceso de discusión en el diálogo actual:
- El desconocimiento que el grupo guerrillero tiene de los derechos de las personas sexo-género diversas y de que sus demandas son en perspectivas de derechos humanos, lo que los ha llevado tanto a liderar acciones violentas contra personas sexo-género diversas, como a avalar en los territorios que controlan acciones de moralidad pública que los ponen en condición de precariedad.
- El trato desigual y desfavorable que al interior y en sus relaciones tiene con las mujeres, reproduciendo en la guerra prácticas machistas, patriarcales y misóginas que hacen más difícil la vida de las mujeres.
- Su responsabilidad directa en casos de violencia sexual como herramienta correctiva hacia mujeres y personas LGBTIQ+, en ocasiones motivados por la cosificación de los cuerpos femeninos o que se asumen desde la feminidad.
- El uso de amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos para limitar o impedir su liderazgo en los territorios.
- Las normas misóginas, homofóbicas y transfóbicas que imponen en los territorios que controlan, aplicando hacia ellas castigos selectivos, prácticas sexuales sin consentimiento y haciendo de la maternidad un ejercicio de imposición hacia las mujeres o de prohibición por la ausencia de feminidad en las mismas.
- Negando la posibilidad de que promuevan espacios de espiritualidad o de pertenencia religiosa, bajo el mandato de que los procesos espirituales y/o religiosos rechazaban su diversidad sexual o de género.
Este nuevo proceso de diálogo en el que hemos sido convocados se define como una fase exploratoria para metodologías que propicien un gran llamado a la participación. En esta fase se incluye lo siguiente: primero, una fase de diseño de la participación que recogerá los insumos metodológicos; segundo, una fase diagnóstica y de diálogo con la sociedad civil; tercero, La construcción de una agenda sobre democracia y transformación y, cuarto, la sistematización de los resultados. Del mismo modo, se deja claro que el espacio no es para discutir acuerdos, ni los contenidos de la participación. Esta presencia no reemplaza a la sociedad civil, y no se discute el cese al fuego, ni se aborda el problema de las víctimas. Este espacio se concentrará más bien en promover la participación de los sectores sociales, auspiciar el debate sobre la democracia, contribuir a generar dinámicas de transformación, impulsar pactos sociales y económicos y aportar al gran acuerdo nacional. En todos estos niveles, las voces de las personas LGBTIQ+ afectadas por el conflicto armado son fundamentales para poder superar la violencia y vivir en paz.
Se espera que la participación de la sociedad civil en estas comisiones, que tienen tres tareas, siendo estas a. Constituir un modelo de participación; b. Producir un plan de trabajo conforme a este modelo y c. Sistematizar las recomendaciones que pueden ser llevadas a la Mesa de Diálogos, consolidar en este proceso conservar la diversidad en la participación, que haya cercanía con las dinámicas de las regiones y que participen sectores que casi nunca son tenidos en cuenta. En este marco, en particular, convoca que el movimiento social, como lo hizo en los diálogos con las FARC, se pregunte: ¿Cuál será el lugar de las agendas LGBTIQ+?; ¿Cuál comisión es más estratégica y cómo articular con los demás grupos poblacionales?; ¿Cómo promover el diálogo con el movimiento social en los territorios mientras esto avanza? Esperamos que estos meses de asidua participación y diálogo territorial logren para el país la paz completa y para el movimiento social consolidar su vocación de ser constructora de paz.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo