23 de mayo de 2021. La politización de la agenda es, quizá, la emergencia más significativa que tiene hoy el movimiento LGBTI en orden local, nacional e internacional, para asegurar la igualdad real y poner límite al discurso de odio instalado en la clase dirigente y en las instituciones sociales que mina el acceso a derechos y limitan libertades. La crisis política tanto a nivel global como territorial de los últimos días está poniendo en riesgo la democracia y debilitando el sistema de derechos como consecuencia del regreso a los autoritarismos, la agudización de la crisis humanitaria, la ausencia de sanidad pública y limitación en el desarrollo sostenible; situaciones que demandan dar un paso al frente y tomar partido por la participación política directa en los escenarios de toma de decisiones para buscar mejores formas de vida.
Tal como decía León Zuleta, es necesaria una emancipación sexual y social para que esta aparición de la agenda de la diversidad en la sociedad moderna tenga sentido. En estos términos, hoy asistimos a una realidad que, como sujetos políticos, no solo demanda la lectura en estas coyunturas del lugar que las personas LGBTI ocupan y la afectación que reciben por las prácticas neoliberales y la privatización de derechos, sino que también es una oportunidad para repensar y transformar ese lugar en la sociedad, donde la naturalización del desprecio obliga hoy a cambiar las dinámicas de asimetría que ponen a muchas personas en situación de vulnerabilidad, haciéndoles más propensas a los embates de la violencia y a la indiferencia social.
El origen del movimiento LGBTI tiene fuentes profundamente políticas: disidencia ante un sistema opresor, movilización social para reclamar visibilidad, incidencia en agendas políticas para exigir derechos, propuestas creativas para desmontar expresiones excluyentes; acciones que motivaron las revueltas de Stonewall, el movimiento de liberación homosexual en América Latina, las acciones de rebeldías lésbicas en el cono sur, la visibilidad bisexual y trans cuestionando al movimiento gay y las recientes acciones performáticas del no binarismo de género desde la apropiación cultural; reclamando todas nuevas formas políticas para realidades garantes a sus proyectos de vida.
Sin embargo la agenda globalizadora en la que se fue abriendo camino la apuesta de diversidad sexual y de género, terminó priorizando acciones más de orden técnico, operativo y mediático, muy cercanas al capitalismo y de alto impacto en redes sociales, pero alejadas de procesos de conciencia colectiva y construcción de agendas políticas que no solo pusieron en riesgo la disidencia, sino que, bajo el margen de lo “políticamente correcto”, redujeron las propuestas a acciones correctivas, políticas inclusivas y actos de generosidad social, que hacen que en la actualidad lo LGBTI nominalmente aparezca en documentos públicos y discursos políticos. Pero ello no es significado de un proceso de transformación social y garantía de su reconocimiento.
Las políticas de bienestar de los Estados democráticos han asumido su articulación a la diversidad sexual y de género como un objeto de intervención y sus demandas se han limitado a asuntos de cuidado y la protección ante el daño cuando se denuncia una violación; todo ello en la contingencia de la democracia representativa donde unas personas privilegiadas y con dotación de maquinaria política asumen el compromiso de tomar decisiones en su nombre, bajo la transacción de sus votos o en su contra por lo que eso les significada en simpatía del electorado, haciendo de la vida política un tráfico de costo beneficio, situación que ha agotado la posibilidad de romper las prácticas naturalizadas de exclusión social, dado que años de formalismo democrático no han desembocado en cambios estructurales y su sumatoria de normas, sentencias y leyes no generan bienestar a la gente.
Esta crisis convoca hoy al movimiento a refundar sus orígenes y promover acciones políticas directas y transformativas, con métodos creativos y apuestas diferenciadoras que, desde las acciones colectivas, los ejercicios de movilización, la toma de decisiones y los procesos electorales, proponga otras narrativas, las de la democracia radical y haga uso de la participación directa para transformar las instituciones que se han convertido en obstáculo para la realización de derechos. Tal como propone Van Deth, las personas LGBTI deben asumir la ciudadanía como una acción protagónica que recobre para si el valor de lo público, la implicación directa en la vida de comunidad y la libertad como valor supremo.
Estas motivaciones permiten no solo entender, sino ver lo consecuente de que las personas LGBTI hoy participen en primera línea de las demandas de las reformas sociales, se movilicen por la urgencia de las transformaciones estructurales, la deconstrucción de relatos dominantes que suelen ser patriarcales, heteroexistas y misóginos; construyendo con las comunidades agendas políticas de demandas de transformaciones profundas y solicitudes relacionadas con el bien común, involucrándose en la protesta social, proponiendo sus nombres a cargos de elección popular y gestionando en cargos de poder acciones que vislumbren otras formas de hacer política, transformando la realidad del colectivo, pasando del gueto a la interacción social, y haciendo al movimiento protagonista de un cambio que hoy es necesario: sacudirnos de la agenda neoliberal para consolidar un Estado de bienestar.
Wilson Castañeda castro
Director
Caribe Afirmativo