La guerra directa que los grupos anti-derechos enquistados en la política colombiana han activado en las últimas semanas contra las personas trans y no binarias, para oponerse a la urgencia de proteger sus derechos mediante discursos de odio y con información falsa, los hace responsables directos del incremento de la violencia transfóbica que estamos viendo en Colombia.
Hace seis años (2018), la Organización Mundial de la Salud tomó una decisión que, para muchas personas, fue una sorpresa, pues pensaban que dicha aclaración ya estaba dada por hecho: “retirar la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, a pesar de que siguen hablando de disforia de género”. Esta decisión tardía fue el resultado de la movilización social de las personas trans, que están cansadas de que la sociedad las vea como enfermas y no les garantice el ejercicio pleno de su ciudadanía. Lastimosamente, esta decisión no se extendió a poner fin a los prejuicios sociales naturalizados que siguen viendo a las personas trans con desprecio. Esa expresión de desprecio ha sido caldo de cultivo para una violencia sistemática, tanto física como verbal y simbólica, que convierte el simple hecho de vivir en una proeza para las personas trans en nuestro país: homicidios y feminicidios en aumento, amenazas a su liderazgo social en todo el país, precariedad y habitabilidad en la calle, pobreza, des-escolarización, cooptación, instrumentalización y vulnerabilidad ante los grupos armados, olvido y falta de protección por parte del Estado e indiferencia social de las colombianas y los colombianos ante su precariedad. Esta es la realidad de las personas trans en Colombia.
El fin de semana pasado, se conoció un comunicado de prensa de la Mesa de Casos Urgentes (MCU) sobre la agudización de la violencia contra personas trans y no binarias en el Valle del Cauca, especialmente hacia quienes ejercen prácticas sexuales pagas. En lo que va de 2024, esta violencia ha cobrado la vida de seis personas trans en la región. Ese mismo fin de semana, se supo del asesinato de un hombre trans en Pereira, y las redes sociales aumentaron las expresiones de burla y ridiculización hacia las personas con expresiones de género diversas. Caribe Afirmativo ha registrado 21 homicidios y feminicidios de personas trans en lo que va del año en Colombia (cifra que lamentablemente tiende a triplicarse al cruzarse con los datos de la Fiscalía). La expectativa de vida de las personas trans sigue siendo menor que la del resto de colombianos (35 años) en un país donde ya es muy difícil vivir, y la des-escolarización, el desempleo, la dificultad de acceder a derechos y el rechazo social son la cotidianidad de las personas que apuestan por construir un proyecto de vida como personas trans en el país.
La expresión de desprecio hacia esta comunidad ha dado lugar en los últimos días a acciones que llaman a una respuesta urgente: proteger la vida de las personas trans, pues están en peligro. La inacción del Estado y la indiferencia de la sociedad civil, que se traduce en complicidad, han convertido a estas personas en “nuevos enemigos” a quienes parece que hay que aniquilar. Veamos algunos hechos concretos que dan cuenta de ello:
- Ataque en medios de comunicación: Hace unos meses, el presidente de la República asistió a la posesión del presidente de Panamá; los medios, violando su privacidad, lo grabaron en un presunto encuentro con quien al parecer era una mujer trans. Los ataques no se hicieron esperar, y todos estaban relacionados con una sanción moral o burla social por la presunta identidad de género de su acompañante. Los reflectores dejaron constancia de que la transfobia expresada era un reflejo de una sociedad que reprochaba a su presidente por acompañarse de una persona trans, como si fuera un acto indigno.
- Proyecto de ley para derechos trans: En julio, una iniciativa ciudadana radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que buscaba, como acto de derechos, el acceso integral a derechos de las personas trans en el país. De inmediato, grupos anti-derechos y fundamentalistas, dentro y fuera del Congreso, activaron una campaña de desinformación aún más intensa que la empleada contra el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”. También presentaron dos proyectos de ley en la misma corporación que, lejos de garantizar derechos, buscan aniquilar los proyectos de vida y prohibir la vida digna de las personas trans en Colombia.
- Regulación del derecho a la salud por la Superintendencia de Salud: Semanas atrás, la Superintendencia de Salud, cumpliendo con una sentencia de la Corte Constitucional, reglamentó la garantía del derecho a la salud de las personas trans y no binarias. Aunque la Corte ya había establecido el derecho al libre desarrollo de la personalidad en 2008, llamando a una atención integral para personas trans, durante estos 16 años las EPS han puesto numerosos obstáculos a tratamientos hormonales y cirugías, que incluso están incluidas en el plan de beneficios de salud. La Superintendencia, en cumplimiento de sus competencias, exigió a las EPS su cumplimiento, pero por tratarse de un superintendente abiertamente gay, de inmediato lo acusaron de ideologizar su cargo y de poner en riesgo a la niñez y su familia.
- Proyecto en el Concejo de Bogotá: El Concejo promovió un proyecto de acuerdo, liderado por jóvenes estudiantes de colegios públicos y privados, que buscaba prevenir el matoneo escolar por orientación sexual, identidad o expresión de género, debido al incremento de casos de tentativas de suicidio, cuadros depresivos y deserción escolar entre infantes y adolescentes LGBTIQ+. Lejos de promover un acuerdo necesario para preservar la vida de estudiantes sexo-género diversos en los establecimientos educativos, concejales y concejalas, con argumentos anti-derechos y debates motivados por el odio, llevaron a cabo un debate violento que aumentó el rechazo, especialmente hacia las personas trans, y esperan un segundo debate, ojalá en favor de los derechos.
- Proyecto de decreto del Ministerio de Justicia: Recientemente, la Ministra de Justicia, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, publicó un proyecto de decreto para garantizar el cambio del componente sexo-género en el registro civil. Aunque otro decreto del mismo ministerio ya lo había incorporado en 2018, su falta de claridad y los obstáculos presentados para las personas trans a la hora de solicitarlo justificaron este nuevo decreto, ya que se exigía documentación adicional que resultaba altamente discriminatoria y se estaba convirtiendo en barrera para acceder a este derecho. El decreto incluye tres aspectos fundamentales: primero, cuando el solicitante es menor de edad, ya no se requerirán documentos de sus padres que desconozcan su tarjeta de identidad, dándole a esta relevancia; segundo, incluye a las personas no binarias en el procedimiento, conforme a la sentencia T-033 de 2022; y tercero, exige copia gratuita de dichos documentos una vez se realice el cambio, para garantizar un acceso equitativo a derechos. De inmediato, los promotores del odio, sin leer el decreto, lo tacharon de ser una campaña mediática para facilitar el cambio de sexo-género en menores de edad, a pesar de que este no es un tema en discusión.
Estos son solo cinco ejemplos, pero en la cotidianidad del país, en cada municipio y en entornos rurales y urbanos, céntricos y periféricos, se presentan acciones que rechazan la vida digna de las personas trans. Los medios de comunicación han hecho de sus vidas una burla; políticos ansiosos por obtener votos han recurrido a mentiras para convertir a estas personas en enemigos que hay que eliminar, y el Estado, en particular los gobiernos territoriales, ignora sus demandas de vida digna. Esto ha sido alimentado por una indiferencia social que ha convertido la complicidad en el principal escenario para la proliferación de acciones transfóbicas que están marcando el país en los últimos meses. Prueba de ello son las recientes marchas, precarias pero violentas, que tuvieron lugar el pasado domingo 20 de octubre en varias ciudades del país. Dichas manifestaciones compartían cuatro características similares:
- Fueron promovidas por grupos políticos que han hecho del odio su principal herramienta y del desprecio hacia las personas trans su plataforma electoral.
- Fueron sustentadas en mentiras que giraban en torno a la idea de que las personas trans ponen en riesgo a las familias y a los menores.
- Contaron con el respaldo de periodistas e influenciadores que, sin contrastar la información, amplificaron noticias falsas con fines mediáticos.
- Se expresaron con violencia, agrediendo verbal y físicamente a las personas trans que se encontraban a su paso.
Esta situación representa violencia sistemática promovida por el Estado, que está poniendo en riesgo a personas que son sujetos de especial protección y debe parar. En primer lugar, debemos desenmascarar esta práctica cada vez más común en la política de inventar realidades inexistentes para entorpecer proyectos de vida: las personas trans no van tras las infancias ni buscan destruir familias; solo exigen poder vivir con dignidad. En segundo lugar, el Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar protección; no se trata de ideología ni de populismo, sino de ser consecuentes con el Estado de Derecho que enunciamos y las obligaciones de honrar sus responsabilidades. En tercer lugar, los derechos de las personas trans no están en debate; han sido reconocidos por la Corte y por tratados internacionales que Colombia se ha comprometido a respetar. Finalmente, las personas trans no son los monstruos que algunos quieren crear en su imaginación. Son miembros de nuestras familias, construyen familias, son estudiantes, trabajan, son líderes sociales, pagan impuestos y quieren vivir con dignidad; negarles ese derecho es verdaderamente inhumano.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo