Nos propusieron “esperar lo increíble” y, 12 años después de ser elegida Qatar sede del mundial de fútbol –y a 40 días de abrirse el telón–, sigue siendo de alto riesgo para las personas LGBTIQ+ participar de estas justas deportivas.
Se acerca el mundial de Qatar, máxima expresión deportiva del mundo –junto con las olimpiadas– y los mensajes prejuiciosos del gobierno del país anfitrión están dando constancia que aún no conseguimos compromisos concretos al interior de las prácticas deportivas para hacer de estos espacios, donde se practica el deporte, lugares seguros para las personas LGBTIQ+. Además, se está dejando claro que, para la FIFA, discriminar, excluir y amenazar de muerte a un grupo poblacional al cual pertenecen muchos deportistas que han “salido del closet” y levantado su voz para pedir respeto a sus derechos en el ejercicio competitivo, cuando están de por medio negocios, apoyos económicos y presiones globales, no tienen problema con dejar que las amenazas de exclusión sean parte de la oferta de la copa mundial.
Para millones de aficionados que se aprestan a seguir el mundial de futbol y los privilegiados que podrán viajar al medio oriente a acompañar a sus equipos favoritos, así Colombia no este clasificada, es bueno que tengan estos datos a la hora de su programación: para Qatar las expresiones de diversidad sexual están prohibidas y, si se dan expresiones de afecto en el espacio público entre parejas del mismo sexo, estas pueden ser sancionadas por hasta cinco años de cárcel.
Estas medidas de orden político, que son generadoras de violencia estatal hacia las personas LGBTIQ+, han sido el asidero de una practica social que, incluso, orienta la vida política y hace que las personas que –en el desarrollo de su dignidad humana– cuando presentan diversidad sexual o de género (real o percibida), activen códigos religiosos de sanción moral y expulsión social. Estos, aunados a la normal estatal, hacen un verdadero infierno la vida de las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans, intersex y no binarias en este país asiático que, en muchas ocasiones, ha apelado a la pena de muerte para ellas, invocando sus raíces musulmanas.
A pesar que la FIFA se hizo de “oídos sordos” cuando defensoras de derechos humanos y el movimiento LGBTIQ+ –en momentos en que el ente directivo del fútbol valoraba la candidatura de este país– expusimos que no es posible concentrar la máxima expresión del deporte colectivo mundial en un país donde el Estado desconoce y viola derechos humanos, en los últimos meses algunas federaciones de fútbol afiliadas le han pedido al país anfitrión garantizar derechos y libertades a deportistas y aficionadas que participarán. Esta petición ha sido igual de tímida en su acogida.
Al principio, las autoridades de Qatar enviaron mensajes como: “es mejor que las personas LGBTIQ+ no vengan al mundial”. En los últimos días, ha matizado ese mensaje con expresiones como: “quienes estén en el país y sean personas LGBTIQ+, les vamos a garantizar seguridad, pero les pedimos abstenerse de manifestaciones públicas que pueden desatar reacciones que tendrán que ser contenidas por las autoridades”. A ello, se suma que colectivas locales de este grupo poblacional han denunciado que, en las semanas previas al mundial, se han limitado las ya escasas acciones que promueven espacios seguros y se ha generado zozobra con los pocos activistas que, desafiando las prohibiciones, tratan de construir una agenda de diversidad sexual y de género en su país.
Una situación parecida vivimos en el mundial de fútbol de Rusia en 2018 donde, a pesar de los llamados de atención de la ciudadanía y algunas ligas de fútbol, la FIFA guardó silencio a una campaña previa, durante y posterior a la competencia, que generó mucha violencia contra las personas diversas y que, además, dio cuenta de agresiones sistemáticas, tanto a foráneos, como para propios. Estas prácticas fueron avaladas por la policía y las autoridades del país y nadie asumió responsabilidad de ello.
Algo similar –incluso un poco más preocupante– nos espera las próximas semanas en Qatar; hace un par de días, cuando salieron las disposiciones para asistir a los estadios, entre las normas, se advirtió que estaba prohibido (para los equipos y aficionados) llevar banderas o distintivos LGBTIQ+ porque, en palabras del comandante de policía responsable de la operación de seguridad, “son generadoras de violencia”. Esto, adelantándose con una respuesta a la iniciativa que han surgido en que equipos como España y Alemania, quienes han manifestado su interés de tener en sus uniformes elementos simbólicos de la diversidad sexual y de género. La inacción cómplice de la FIFA en estos dos episodios –y en muchos otros que pasan cotidianamente en la práctica deportiva– les hace responsables directos de los hechos de violencia contra las personas que seguimos viendo en la práctica de este deporte. Federaciones, personas aficionadas, empresas y países patrocinadores deben exigir actuación inmediata por ello, pues están haciendo de la práctica del fútbol un ejercicio de promoción de violencia.
En el 2010, el señor Joseph Blatter, dirigente deportivo suizo y expresidente de la FIFA –semanas después de conocerse la elección de Qatar y denunciarse el riesgo que esto implicaba para deportistas y personas LGBTIQ+ aficionadas al fútbol– dijo: “los gais y lesbianas que visiten por esos días Qatar, deberán abstenerse de tener prácticas sexuales”. Ante esta expresión tan irresponsable y el repudio de la opinión pública, ni una disculpa en ese momento, ni un plan garantista en estos doce años mejoraron las cosas. Hoy, con vergüenza, se disponen a inaugurar unas justas deportivas que concentran la atención del mundo entero en un territorio que prohíbe el amor entre personas del mismo sexo, persigue las iniciativas de igualdad, encarcela los liderazgos del movimiento y amenaza con la muerte a quienes hacer pública su orientación sexual o de género.
Organizaciones de derechos humanos del mundo entero han llamado la atención, expresando que en este país, junto con otros del Golfo Pérsico, Africa y el Caribe, por políticas del Estado que estigmatizan y criminalizan las personas con diversidad sexual, identidad y expresión de género diversa, sigue siendo un riesgo ser una persona gay, lesbiana, bisexual, trans, intersex o no binaria. Se hace énfasis en que, para el resto del mundo, no puede pasar desapercibido ni negociarse esta violación a sus derechos humanos. Son decenas las personas que están hoy encarceladas, que han sido sometidas a tratos crueles inhumanos y degradantes, que fueron expulsadas o han tenido que huir del territorio para salvaguardar su vida. Misiones diplomáticas y organizaciones humanitarias, desde 2010, han propuesto acciones de acompañamiento y una ruta de trabajo al país asiático para que sea esta una oportunidad y vayan transformando sus prácticas excluyentes. Hasta el día de hoy, no se ha obtenido ningún resultado, sino todo lo contrario; informes de derechos humanos dan cuenta que, con la cercanía de las justas deportivas, se han incrementado las limitaciones a las personas LGBTIQ+, sumado a las represiones a las mujeres y a las personas migrantes que ven agudizar su precariedad de vida en el empeño por mejorar la imagen aparente del país.
En los últimos días, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Diversidad sexual, Identidades y Expresiones de Género, Víctor Madrigal, llamó el mundial de fútbol el Qatar una “causa perdida para avanzar en los derechos de las personas LGBTIQ+”. Indicó que, si bien se asumió hace 12 años un compromiso de prevenir actos de discriminación de cara al ejercicio deportivo, a cinco semanas de iniciar, no se ven resultados ni voluntad de protección. Por eso, llamó la atención de que llegó la hora para que la FIFA, en consonancia con los principios de derechos humanos, anteponga la dignidad de todas las personas sobre sus intereses políticos y presupuestales, y exija a los países que se postulan para ser su sede cumplir con compromisos verificables en luchar contra la violencia y la discriminación y dar muestras de respeto a los derechos humanos.
En respuesta a esta solicitud, ellos ha indicado que, a pesar de las políticas del país anfitrión, ellos tienen un programa de capacitación para que el personal al servicio del mundial no ponga en riesgo la vida de las personas de ningún grupo poblacional, acción que no es suficiente y que resulta inofensiva ante una práctica sistemática de violencia promovida por el Estado. Por ello, la decisión debería ser más preventiva y estructural: hacer del fútbol un ejercicio de respeto y reconocimiento de los derechos de quienes lo practican y disfrutan y que se honre así la valentía de decenas de futbolistas y personas de otras disciplinas que, en los últimos años, han salido del closet como un reclamo a vaciar este ejercicio deportivo de un negocio que tiene prácticas deshumanizantes.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo