22 de octubre de 2020. Con un diálogo con representantes de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores como Jefes de Delegación, Secretario General y Secretario General Adjunto se realizó del 19 al 21 de octubre, de manera virtual, la celebración del quincuagésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, bajo el lema “Enfrentando los desafíos de COVID-19 en el Hemisferio: un enfoque colaborativo para abordar vulnerabilidades y construir resiliencia en tiempos de crisis, con base en los cuatro pilares de la OEA”.
Durante su desarrollo las máximas autoridades de la OEA intercambiaron puntos de vista sobre la pandemia por COVID-19, derechos humanos, democracia, y seguridad, entre otros temas, con representantes de organizaciones civiles del continente, del sector privado y otros actores sociales.
Cayetana Salao, vocera de la Coalición de Organizaciones LGBTI que reúne a 60 organizaciones de los 35 Estados de América, declaró en diálogo con el Secretario General, Luis Almagro que la #OEASomosTodes. Por lo cual, advirtió sobre la situación de la población LGBTI en este tiempo de pandemia: “hemos padecido de forma muy grave los efectos de la actual pandemia por COVID-19. Procesos de reconocimientos de derechos y de cambios estructurales en nuestras condiciones de vida se han visto interrumpidos por un tiempo que no podemos prever”.
Además aseguró que “los efectos económicos de la pandemia han sido devastadores para las población LGTBI. Muchas y muchos ejercen el trabajo sexual y la falta de reconocimiento de su actividad les dejó fuera de las asistencias estatales, y sus ingresos fueron muy afectados”.
Referente al acceso a servicios de salud las mujeres y hombres trans, las personas LGBTI con VIH, han sido grandemente afectadas “hubo un impacto muy negativo en cirugías de afirmación de género y tratamientos de fertilización asistida, así como dificultades en el acceso a tratamientos hormonales, a medicación para el VIH y a abortos seguros”. En este aspecto, “las personas migrantes y refugiadas LGBTI, también quedaron excluidas de la asistencia estatal durante la pandemia en prácticamente todos nuestros países y esa exclusión es una manifestación del racismo estructural que opera en nuestra región”, destacó Salao.
Concluyó ante la Asamblea General que “tenemos aprendizajes valiosos para ofrecer frente a la crisis de covid-19 porque ya atravesamos una pandemia devastadora, para la que todavía no hay cura ni vacuna. Aprendimos mucho del VIH/SIDA, y todavía seguimos enfrentando el aumento de la criminalización del VIH en varios países. Sabemos la importancia de la confidencialidad de la información de salud, sabemos de la violencia ejercida por quienes temen contagiarse, del estigma y del pánico moral, de la incertidumbre y la alteración de proyectos de vida, todas situaciones que han sido reeditadas por la pandemia de covid-19, que plantea desafíos donde solamente la participación plena de la sociedad civil permitirá una respuesta que tenga en el centro el respeto a los derechos y garantías y la sostenibilidad de la vida para todas las personas”.
En el encuentro, aun cuando se manifestó la situación que enfrenta la población LGBTI en este tiempo de Pandemia, fue preocupante la intervención de Colombia sobre temas de derechos LGBT y libertad religiosa de niños.
Con relación al primer punto, el país, junto con otros países, solicitó eliminar esa ‘interseccionalidad’. En este aspecto, Caribe Afirmativo destaca que las personas LGBTI, además de tener que luchar actualmente con las condiciones físicas que agudizan la condición de vulnerabilidad con las que el resto de la población enfrenta, deben afrontar la estigmatización social por pertenecer a un grupo poblacional cuyos estereotipos han construido prejuicios que, a su vez, han proliferado como imaginarios negativos colectivos que siguen reforzando la exclusión social de estas personas y han contribuido a que las personas LGBTI deben vivir con menor acceso a la salud y a un trabajo informal, factores que, en medio de esta crisis, agudizan su situación de vulnerabilidad. Asimismo, es importante entender que incluso dentro de las personas LGBTI el grado de vulnerabilidad varía de persona a persona. A esto se le conoce como “interseccionalidad”.
Es transcendental sensibilizar a los gobiernos locales, organizaciones sociales y sociedad civil en general sobre la manera en cómo el COVID-19, entre otras problemáticas, afectan de manera mucho más contundente a estos grupos poblacionales y que la búsqueda de la mitigación de esta enfermedad debe tener un enfoque diferencial interseccional que permita impactar sobre las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
No es prudente ni asertivo en los avances obtenidos en derechos humanos acciones que son regresivas frente a los derechos de las personas LGBTI.
En cuanto al tema de libertad religiosa y moral, algunos medios nacionales registraron que la polémica giró en torno a que el país, apoyando una propuesta de Bolivia, pidió incluir el derecho de los padres a definir la enseñanza religiosa o moral de sus hijos de forma absoluta. En este sentido, cabe señalar que la libertad religiosa y de cultos desde el mismo inicio de las Naciones Unidas se le reconoció como un derecho fundamental.
La Asamblea General tiene como atribuciones principales, además de las otras que señala la Carta de la OEA, decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos; dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y entidades de la Organización entre sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones del sistema interamericano; fortalecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados; aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los Estados Miembros, entre otras.
Durante este período se nombraron a los miembros de los organismos descentralizados y autónomos de la OEA como: el Comité Jurídico Interamericano, el Centro de Justicia de las Américas, el Tribunal Administrativo y la Junta de Auditores Externos.