24 de enero de 2025. El pasado lunes 20 de enero de 2025, luego de su acto de posesión, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmo 9 órdenes ejecutivas en aspectos como migración, medioambiente, economía, salud y “libertad de expresión” entre los que incluyó la orden “Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurando la verdad biológica en el gobierno federal”. En ella establece parámetros y definiciones que todas las agencias federales deberán implementar para poner fin a los programas de diversidad sexual ordenados por el gobierno anterior, bandera de su campaña presidencial para consolidar el retroceso de derechos de personas con experiencia de vida trans y no binarias.
Esta orden declara que, en años recientes, “ideólogos” que niegan la realidad biológica del sexo han usado medios legales y coercitivos para permitir que hombres autodenominados como mujeres puedan acceder a espacios íntimos y actividades diseñados para mujeres, como refugios de violencia sexual y doméstica, baños públicos y vestidores, y la participación en categorías deportivas femeninas. Para evitarlo, propone basar las políticas federales en el reconocimiento de solos dos sexos, hombres como biológicamente masculinos y mujeres como biológicamente femeninas, postura que asegura Trump “protegerá” los derechos de las mujeres, su dignidad y seguridad. Asimismo, alude al término de “ideología de género” para referirse al concepto de identidades de género, y menciona que es una “corriente de pensamiento” que busca instaurar la idea que existen múltiples formas de reconocerse. Esta posición busca negar las experiencias subjetivas de las personas con respecto a su género y vulnera el principio de universalidad de los derechos humanos, al restringirlo a hombres biológicamente masculinos y mujeres biológicamente femeninas, negando no solo a las personas trans y no binarias, sino además a las personas intersex, que “biológicamente” no están dentro de la noción binaria de cuerpos masculinos o femeninos (que incluye patrones cromosómicos, gonadales o genitales)
Entre otras acciones, la orden ejecutiva dictamina que:
- Las agencias y los empleados federales deben hacer uso adecuado de las definiciones establecidas sobre sexo al interpretar y aplicar estatutos, regulaciones y guías, en negocios, documentos y comunicaciones. Esto restringirá el derecho al trabajo de personas trans, no binarias e intersex en agencias del gobierno, así como su derecho a la participación política y el voto.
- Se deben implementar cambios en los documentos de identificación emitidos por el gobierno, como pasaportes, visas y tarjetas de residencia permanente para que reflejen el sexo biológico del portador. Esto es negativo, ya que en momentos en que sea necesaria su atención o identificación, las personas trans y no binarias podrían ser víctimas de discriminación, sobre todo cuando su apariencia física no corresponda al sexo biológico de sus documentos, por parte de instituciones, la fuerza pública y la sociedad. Esto afecta directamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De igual manera, no existe claridad sobre el derecho a la movilidad de personas trans, no binarias e intersexuales que no sean ciudadanas de Estados Unidos y cuenten con documentación acorde a su identidad de género. Esto incluye a quienes deseen visitar el país, viajar por motivos laborales o migrar. Esta incertidumbre genera preocupación y confusión entre aquellas personas que necesitan o desean viajar a Estados Unidos sin tener garantías claras sobre su reconocimiento y tratamiento legal.
- No se deben usar fondos federales para promover la “ideología de género”. Esto limita las acciones autónomas de los gobiernos y agencias estatales que promulgan la protección de los derechos de la personas LGBTIQ+. Con respecto al presupuesto para acciones afirmativas, en otra orden ejecutiva, se solicita poner fin a los programas gubernamentales de diversidad, equidad e inclusión (DEI), en los cuales se encontraban políticas antidiscriminatorias para la población de la diversidad sexual y de género, y de contratación que beneficiaba a la diversidad de género, entre otras acciones.
- La financiación de las terapias de reafirmación de género en las cárceles está prohibida, y la orden ejecutiva evita mencionar directamente estos tratamientos, refiriéndose a ellos de manera estigmatizante como “procedimientos médicos”, “tratamientos” o “medicamentos”. Este lenguaje contribuye a patologizar los procesos de transición de género. Además, para implementar esta política, se establece que los “espacios íntimos” dentro de las cárceles se asignen según el sexo asignado al nacer y no según la identidad de género. Cabe destacar que, incluso antes de esta orden ejecutiva, las personas trans ya eran encarceladas con base en su sexo asignado al nacer y no por su identidad de género en Estados Unidos. A partir de este hecho discriminante se presentan consecuencias graves: según estudios, las personas transgénero encarceladas tienen 13 veces más probabilidades de sufrir agresiones sexuales que las personas cisgénero en prisión (Lambda Legal).
- Se garantizará la libertad de expresar la naturaleza binaria del sexo y el derecho a contar con espacios exclusivos para un solo sexo en los lugares de trabajo y en las entidades financiadas con recursos públicos, según las orientaciones que emitirá el Fiscal General. Sin embargo, esta imposición del uso de un lenguaje que excluye a la población de la diversidad de género contribuye a reforzar discursos de odio, ya que utiliza el concepto de libertad de expresión de manera intencionada para justificar la exclusión a través del lenguaje. Por otro lado, Trump emitió otra orden ejecutiva relacionada con la libertad de expresión, con el propósito de acabar con la llamada “censura federal”. Esta normativa busca combatir cualquier tipo de limitación a la libertad de expresión de los ciudadanos. No obstante, esto podría facilitar la propagación de discursos de odio, tanto por parte de funcionarios públicos como de cualquier ciudadano, incluyendo su difusión a través de redes sociales.
La orden ejecutiva distorsiona el concepto de violencia de género y refuerza las narrativas conservadoras promovidas por la administración de Trump y el Partido Republicano, caracterizadas por transfobia y homofobia. Esta acción fomenta la percepción errónea de que la violencia contra las mujeres es perpetrada principalmente por personas trans y no binarias. Además, la orden se contradice con otras órdenes ejecutivas, al reforzar políticas que perjudican directamente a las mujeres, por ejemplo en temas migratorios, dificultando que aquellas mujeres indocumentadas denuncien casos de violencia de género por el temor a ser deportadas. Los procesos migratorios, ya de por sí riesgosos para mujeres y niñas, no reciben la atención necesaria por parte de esta administración, que ignora las consecuencias de estas vulnerabilidades. En lugar de abordar las verdaderas causas de la violencia, las órdenes de Trump perjudican a las mujeres trans y, de manera colateral, a las personas no binarias e intersex, perpetuando así un sistema que incrementa las desigualdades y la violencia estructural.
Esta orden también contradice tratados, convenciones y grupos de apoyo de los que Estados Unidos es miembro, o a ha firmado, que reconocen la identidad de género como una dimensión del sexo, y que las personas son víctimas de violencia por razón de sus orientaciones sexuales y expresiones de género diversas (Grupo LGBTIQ+ de la Organización de Estados Americanos – OEA, o la Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros). Del mismo modo, la orden contradice la sentencia constitucional Bostock vs. Clayton County (2020), de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que indica que la discriminación por razón del sexo incluye (i) discriminación por razón de la orientación sexual, y (ii) discriminación por razón de la identidad de género, otro instrumento legal que reconoce la identidad de género como una dimensión del sexo y que la orden busca eliminar.
Desde Caribe Afirmativo condenamos fuertemente estas nuevas directrices que niegan e invisibilizan la existencia de personas con experiencias de vida trans, no binarias e intersex, y representan un grave retroceso en derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Las declaraciones del presidente Trump van en contra de tratados internacionales y de sentencias propias de los Estados Unidos, y preocupa que esto aumente los discursos de odio, las acciones violentas y el bloqueo al acceso de atención médica, al trabajo y otros derechos fundamentales. Debemos esperar ahora qué agencias y entidades promulgarán estas acciones, pues algunas órdenes pueden quedar en el simbolismo. Contamos con una ventana de oportunidad que algunos tribunales declaren partes de la orden como inválidas o inejecutables, sin embargo, el resto del documento podrá seguir siendo aplicable, debido a la cláusula de separabilidad.
Fuentes:
Lambda Legal. (n.d.). Know your rights: Transgender incarcerated people. Recuperado el 24 de enero de 2025, de https://legacy.lambdalegal.org/know-your-rights/article/trans-incarcerated-people