21 de abril de 2020. El pasado 17 de abril de 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet hizo un llamado a todos los Estados para implementar acciones rápidas que contribuyan con la defensa de los DDHH de las personas LGBTI en esta crisis, debido a que tienen más probabilidades de estar desempleadas y vivir en la pobreza que la población general.
“Las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades, y entre las más expuestas a la COVID-19. En los países donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o las personas trans son atacadas, ni siquiera pueden buscar tratamiento por temor a ser arrestadas o a la violencia”, indica Bachelet.
En este sentido, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU divulgó una nueva nota de orientación para los Estados y otras partes interesadas sobre COVID-19 y los derechos humanos de las personas LGBTI, donde destaca los siguientes aspectos:
- La población LGBTI no puede acceder a los servicios de atención médica por temor a ser arrestados o violentados. Y esto se ha sido ampliamente documentado, ya que en muchos países se ha presentado discriminación en el cuidado de la salud por motivos sexuales; lo cual, puede elevar el riesgo para las personas LGBTI de contraer el COVID-19.
- Despriorización de los servicios de salud requeridos: dados los sistemas de salud sobrecargados, el tratamiento de las personas LGBTI puede ser interrumpido o sin prioridad, incluido el tratamiento y las pruebas del VIH, el tratamiento hormonal y los tratamientos de afirmación de género para personas trans. Las decisiones sobre la reducción de los servicios deben tener una base médica y estar basadas en datos, y no deben reflejar sesgo contra las personas LGBTI.
- Estigmatización, discriminación, discurso de odio y ataques contra la comunidad LGBTI: En algunos países ha aumento la retórica homofóbica y transfóbica, tanto de la sociedad como de autoridades que usan las directrices de prevención de COVID-19 para atacar a organizaciones LGBTI. Asimismo se asegura que en al menos un país, el Estado de Emergencia ha propuesto decretos que evitarían que las personas trans cambien legalmente su género en documentos de identidad. Por otra parte, algunos países han establecido restricciones a los movimientos basados en el sexo, con mujeres y hombres; en algunos, se les permite salir de sus hogares en días alternos, lo que ha puesto a las personas no binarias y trans en riesgo de aumentar discriminación, ya que pueden ser detenidos e interrogados.
- Violencia doméstica y abuso: debido a restricciones de quedarse en casa, muchos jóvenes LGBTI están confinados en entornos hostiles con miembros de la familia que no apoyan o conviven. Esto puede aumentar su exposición a la violencia, así como su ansiedad y depresión.
- Acceso al trabajo y medios de vida: las personas LGBTI tienen más probabilidades de estar desempleadas y vivir en la pobreza que las personas en general. En este aspecto, podemos destacar que algunas mujeres trans han sido desalojadas de sus viviendas o piezas por no poder pagar el arriendo, ya que no pueden dedicarse a trabajos informales o sexuales, los cuales, les permitían ganar dinero. Además muchos y muchas carecen de acceso a la salud o acceso a licencia por enfermedad remunerada y desempleo.
¿Cuáles son algunas de las acciones clave que los Estados y otras partes interesadas pueden tomar?
Los estados deben reconocer que las personas LGBTI se encuentran entre las personas particularmente vulnerables en esta crisis y tomar medidas específicas para asegúrese de que sean tomados en consideración y que sus voces sean escuchadas al abordar la pandemia:
1) Se deben hacer esfuerzos específicos para asegurar que las personas LGBTI no sean objeto de discriminación o temor a represalias para buscar asistencia sanitaria. Los servicios de salud que son particularmente relevantes para las personas LGBTI no deben ser priorizados en una base discriminatoria.
2) Las medidas para abordar los impactos socioeconómicos de la pandemia deben considerar las vulnerabilidades particulares de las personas LGBTI, incluidas las personas mayores y las personas sin hogar, y se aseguran de que las personas LGBTI estén completamente cubiertas.
3) Los líderes políticos y otras figuras influyentes deben hablar en contra de la estigmatización y el discurso de odio dirigido a Las personas LGBTI en el contexto de la pandemia.
4) Refugios, servicios de apoyo y otras medidas para abordar la violencia de género durante la pandemia de COVID-19 debería tomar medidas para incluir a la población LGBTI.
5) Los estados no deben usar los estados de emergencia u otras medidas de emergencia para revertir los derechos y garantías existentes que se aplican a las personas LGBTI.
6) Las medidas que restringen el movimiento deberían proporcionar protección a las personas trans y no conformes con el género. Ley los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberían recibir instrucciones y capacitación para no discriminar a esta población.
Finalmente, Caribe Afirmativo celebra el compromiso de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que en los últimos años:
- Ha exhortado, desde su oficina en Ginebra, a los Estados para la adecuada protección los derechos de las personas LGBTI. Además, de realizar acciones humanitarias donde ha verificado el estado de los derechos de las personas más vulnerables, particularmente, personas trans, migrantes venezolanos LGBTI y personas LGBTI en contextos de construcción de paz.
- Ha acompañado la misión del Experto Independiente sobre Diversidad Sexual, Identidades y Expresiones de Género, quien tiene como labor hacer evaluaciones periódicas sobre el estado de los derechos de las personas LGBTI.
- Ha acompañado al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en las dos resoluciones que éste ha emitido en los años 2011 y 2014, sobre la protección de los Estados a los derechos de las personas LGBTI en el mundo.
Por último, Caribe Afirmativo expresa su gratitud por el acompañamiento que ha tenido por parte del Representante de la Alta Comisionada en Colombia en los diferentes pronunciamientos e informes de DDHH que hace esta oficina, para así exhortar permanente al Estado en la adecuada protección de los derechos humanos de este grupo poblacional.