A partir de hoy, 30 de enero, comenzará a regir en todo el país el nuevo Código de Policía, que se estableció de acuerdo a la Ley 1801 de 2016. Este cambio se produjo debido a que la antigua norma (que estuvo vigente durante 46 años) “era obsoleta frente a los cambios de la sociedad colombiana”.
El nuevo código fue aprobado en julio del año pasado en el Congreso y desde aquel entonces no han parado las críticas. La ciudadanía deberá tener claro los puntos de esta norma para que sus derechos sean respetados y no violentados. Si bien, es absurdo pensar que el país debía de continuar con un código de policía anterior a la constitución de 1991, también es absurdo que este le brinde poderes especiales a la policía; algunos de los cuales podrían ir en contra vía con la misma constitución y poner en jaque algunas ganancias en materia de progresividad y derechos.
En un país donde los escándalos de corrupción y los abusos de poder han hecho que los colombianos desconfíen de la policía, el nuevo código ha caído como un balde de agua fría a un amplio sector de la población, porque lejos de preparar a la Policía para el posconflicto y la construcción de paz, se presentan mas policivos y restrictivos de libertados individuales; con acciones tales como: ingresar a una casa sin una orden judicial o poner fin a una protesta al juicio de un uniformado es una muy mala idea, más aun si se tiene en cuenta que después del 2 de octubre las protestas sociales espontáneas fueron clave para mostrar el apoyo ciudadano al proceso de paz.
Este código, además, responde a necesidades actuales como el robo de celulares, las fiestas que alteren la tranquilidad del vecindario, comportamiento en el transporte público, agresiones, medio ambiente, redes sociales, tenencia de mascotas, uso del espacio público, utilización de cámaras (fotográficas y video) en espacio público, uso de imágenes propias o ajenas, trabajo sexual, o la discriminación hacia personas LGBTI; derechos que se consagran a partir de la constitución del 91.
Es de notar que por primera vez en la historia del país un código de convivencia de la policía nacional hace especial énfasis en la protección de los derechos de la población de lesbianas, gais, bisexuales y trans en el país.
A través de tres multas se buscará la protección de la población LGBTI; multas de 786.000 pesos a quienes agredan física o verbalmente a personas LGBTI, veten su acceso a lugares públicos por su orientación sexual o veten su acceso a un centro de educación. Entendiéndose así que se busca garantizar sus derechos a la vida, uso y disfrute del espacio público y a la educación.
La gran falencia del código en el tema de diversidad sexual es que no hace referencia a que pasa en los casos en donde la policía es quien ejerce la violencia contra la población LGBTI. En 2015 se registraron en el país 91 casos de violencia policial contra personas LGBTI, y en los últimos cuatro años se han reportado 321 casos, según el informe de derechos humanos ‘Cuerpos excluidos, rostros de impunidad’, que fue realizado por Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y Santamaría Fundación.
Esta investigación también afirma que “los departamentos que presentaron el mayor número de hechos de violencia policial en 2015 fueron Bogotá con 14 personas afectadas, y Valle del Cauca con 10. En estos mismos departamentos, junto con Antioquia, es donde se ha presentado el mayor número de hechos de violencia policial entre 2012 y 2015, seguidos por Atlántico y la Guajira”.
A su vez, se encuentra la mayoría de víctimas de violencia policial son las personas trans (más del 50% de casos registrados), seguidos de hombres gays y mujeres lesbianas, tal como se observa en la siguiente gráfica.
Se espera que este nuevo código sirva también a la policía para mejorar su trato con la población LGBTI, que se ha visto tan afectada por la homofobia imperante en prácticamente todas las regiones del país, así como la discriminación en todas las esferas de la sociedad.
El método utilizado en el código de policía se enfoca más que todo en poner multas (castigo) a las prácticas que alteren el orden social, buscando el condicionamiento de las personas (al mejor estilo de Pavlov) para que estas obren de acuerdo a lo que se considera “bueno”. Algunas de las –muchas- multas que incluye el nuevo código de policía son las siguientes:
Pese a que muchas de estas medidas son necesarias, el nuevo código de policía parece hecho para seres celestiales y no para la Policía Nacional, para que este código sea eficiente, se requerirán que estos fueran prácticamente incorruptibles y con una capacidad de determinar entre el bien y el mal que ni los dioses griegos hubieran tenido.
Surge entonces la pregunta ¿este código se está encargando de defender y proteger los derechos de los y las colombianas LGBTI, o simplemente busca limitar dichos derechos? ¿La Policía solo multará a quienes discrimen a las personas LGBTI y no cambiará su procedimiento homofóbico y transfóbico?
Ya no se podrá salir de la casa sin cédula, hay que pensar más de 10 veces si escribir un trino o no ya que si alguien se llega a sentir aludido podrá buscar a la policía, no se podrán fomentar manifestaciones en el espacio público, lo cual está consagrado en el artículo 37 de la constitución donde se afirma que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” y se iniciará (o continuará) una especie de persecución contra los vendedores ambulantes.
Como es común en este tipo de documentos, el nuevo código tiene detractores y defensores, lo ideal hubiese sido que este código se enfocara más en la ética de la institución y no en el festival de multas o facultades especiales que se le da a la policía; por esto, es necesario que la ciudadanía conozca el código para de esta forma, pueda conocer sus derechos para poder exigirlos o, para no ser atropellado por algunos miembros de esta institución.
Ya con el código en vigencia, la ciudadanía no tiene menos que hacerle seguimiento a su buen uso y denunciar siempre que considere que la policía este abusando de su poder, solo el control social nos puede salvar de las malas decisiones de las elites políticas.
Sin caer en el sinsentido de que este código nos lleve a una realidad orwelliana (o al menos eso se espera), si pareciera que nos conduce cada vez más al modelo del panóptico retratado en reiteradas ocasiones por Faucault, en donde se obliga a obrar bien, no por voluntad, sino por el temor de ser castigado.
Cabe destacar que la aceptación de la diversidad y el respeto a los derechos de la población LGBTI posiblemente era una deuda histórica en los manuales de convivencia de la policía, existiendo algunos (como el del Atlántico) que vetan las muestras de cariño entre personas LGBTI en lugares público, algo netamente a contravía de la Constitución de 1991.
Esperemos que este nuevo código no quede en el mero hecho de castigar, y pueda invitar más bien a la reflexión de los actos, propios y ajenos para prepararnos a vivir en una Colombia en paz.