23 de diciembre de 2020. Dentro de un contexto de amenazas y homicidios contra líderes, lideresas, defensoras y defensores de Derechos Humanos; sumado a la presencia de grupos armados en el municipio de El Carmen de Bolívar, el territorio se ha convertido en un espacio inseguro para la comunidad, especialmente para las personas LGBT. De hecho, este año el colectivo LGBT del mismo municipio fue reconocido como Sujeto de Reparación Colectiva por la Unidad para las Víctimas, en razón de todas las violencias sufridas por la orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género de estas personas.
Así las cosas, la presencia de fuerza pública en el territorio tampoco es una garantía para la protección de los derechos humanos de las carmeras y carmeros LGBT, ya que en lo corrido del año hubo varios casos de violencia policial y tratos discriminatorios por parte de la policía de El Carmen de Bolívar contra personas LGBTI. El caso más reciente ocurrió el día domingo 20 de diciembre en horas de la noche, cuando seis policías acompañados de su superior inmediato, agredieron física y verbalmente a Olga Vásquez, lideresa lesbiana visible en el territorio por su incansable lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI que se encuentran en El Carmen de Bolívar.
Las agresiones verbales a Olga fueron desde la irrupción en su propiedad privada hasta soportar frases que menospreciaban su labor como lideresa. Entre los insultos, se escuchaban: “llama a los de tu gremio LGBT [llámalos] para que la ayuden” “¿no y que eres líder? “a mi la comunidad LGBT no me importa; haga lo que quiera [a Olga]”; al mismo tiempo, los policías cuestionaban su orientación sexual y la de su pareja en un tono burlesco.
Por su parte, las agresiones físicas que recibió Olga por los uniformados iniciaron cuando fue esposada, cargada y empujada bruscamente a la parte trasera de la camioneta, cayendo y soportando todo su peso en sus rodillas, causándole graves lesiones y moretones en su cuerpo; los cuales empeoraron cuando los uniformados decidieron esposarla de un extremo a otro en el platón de la camioneta institucional y realizar movimientos bruscos del vehículo en zig-zag durante su trayecto a la Estación de Policía de El Carmen de Bolívar, agravando aún más sus lesiones.
El procedimiento policivo ocurrió por una presunta vulneración al toque de queda y la ley seca ordenadas por el presidente y por el Alcalde Municipal de El Carmen de Bolívar, lo cual ha sido utilizado durante el 2020 como coartada para justificar ataques y violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, específicamente con poblaciones vulnerables como lo son las personas LGBTI en estos contextos.
Como podemos observar en las distintas partes del operativo, la percepción de la fuerza pública frente a la labor de lideresa lesbiana en el territorio y su expresión de género fueron determinantes al momento de exteriorizar los prejuicios que existen en algunas instituciones públicas a través de sus miembros, materializando violencias físicas y psicológicas en contra de personas con OSIGEG diversas, a pesar de que esta conducta esté tipificada como delito según el artículo 134A de la Ley 1482 de 2011, y es agravado cuando estas conductas se realizan por servidores públicos.
Desde Caribe Afirmativo nos solidarizamos con las violencias física y verbal sufridas por Olga Vásquez, y hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que tome acciones contundentes en el territorio y garantice la protección de los derechos humanos de las personas que históricamente han sido violentadas y revictimizadas con distintas acciones u omisiones por parte de la institucionalidad pública presente en el territorio.
De esta manera, resulta urgente una debida investigación penal y disciplinaria de los casos de violencia policial denunciados, así como la construcción de estrategias y garantías para la no repetición por parte del ente territorial, la policía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y demás entidades públicas cuya finalidad no solo es verificar que se cumplan las directrices presidenciales o locales, sino también garantizar y respetar los derechos humanos de las personas por encima de cualquier prejuicio o violencia institucional existente en El Carmen de Bolívar.
De igual forma manifestamos nuestra preocupación por la continua normalización de este tipo de violencias, los cuales tienen unos móviles discriminatorios arraigados en los uniformados que, al ostentar un cargo de poder, buscan eliminar, corregir o dañar a las personas con OSIGEG diversas; del mismo modo, es preocupante también las posibles retaliaciones que puedan recibir las y los denunciantes de este tipo de agresiones físicas y psicológicas por parte de la policía de El Carmen de Bolívar.
Finalmente, exhortamos a la Fuerza Pública a reflexionar sobre derechos humanos pensados para las personas con las que se relacionaron, se relacionan y se relacionarán. Entendiendo sus realidades, respetándoles y aplicando un enfoque diferencial en cada uno de los procedimientos que prestan como institución y servidores públicos.